Nadie quiere (o puede) ser médico forense en Madrid: solo se cubren 23 de 84 plazas

Nadie quiere ser médico forense en la Comunidad de Madrid. El último concurso de traslados (para que forenses de otras zonas de España llegasen a la región) no obtuvo los resultados esperados: solo 10 solicitantes para 61 plazas. Y muchos de esos 10 se movieron entre partidos judiciales de Madrid. La última oferta de empleo público también ha sido un fiasco. De 23 nuevas plazas solo se cubrieron 13. Una oposición exigente dejó vacantes vacías. Es decir, solo 23 nuevos facultativos cuando había posibilidad de sumar 84. Además, los pocos que hay (150 para una población de 6.576.009 habitantes) se han levantado en pie de guerra porque Madrid es la única comunidad con las competencias transferidas que no ha puesto en marcha un Instituto de Medicina Legal (IML), aunque lo aprobó en mayo de 2006.

Doce años después, el Gobierno regional quiere aprobar ahora una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) como paso previo obligatorio a la constitución formal de un IML que físicamente no existe (tras el fracaso de Campus de la Justicia) y que rechazan de pleno unos 130 forenses. Todos han firmado una carta pidiendo a la Consejería de Justicia que negocie con ellos una RPT que conlleve "una decidida apuesta tanto en medios materiales como humanos". Muchos profesionales reconocen que se han pagado de su propio bolsillo incluso el maletín donde llevan sus instrumentos. "No solo el maletín, yo he tenido que abonar incluso un termómetro y material fungible", explica un forense destinado a los juzgados de plaza de Castilla con casi 30 años de servicio.

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Aunque los médicos forenses constituyen un cuerpo de carácter nacional, su gestión fue transferida a la Comunidad de Madrid en el año 2003. Todos los gobiernos autonómicos que tienen esas competencias han creado y puesto en marcha un Instituto de Medicina Legal, excepto Madrid, a pesar de que lo aprobó en 2006 cuando Esperanza Aguirre diseñó el Campus de la Justicia para agrupar en un solo complejo todas las sedes judiciales de la región. El proyecto fue un fracaso y el IML se quedó en el limbo. Por eso los forenses madrileños siguen adscritos hoy a los juzgados, no al IML.

"El instituto no solo iba a ser un edificio o sede única, es también un modelo organizativo, funcional y retributivo, una forma de organizar el trabajo. Pero en todos estos años la Comunidad de Madrid no ha tenido voluntad de hacerlo", explican varios portavoces de los 130 forenses que han escrito a la Consejería de Justicia solicitando que retire la RPT que ha diseñado como embrión de ese instituto. "No se ha negociado con nosotros y es un documento cosmético, electoralista", señalan.

La propuesta de la consejería es que la plantilla del IML esté formada por 332 personas, entre las que estén 155 forenses (cinco más de los que hay actualmente en servicio), 70 psicólogos y 65 trabajadores sociales. En total, serán 17 trabajadores más de los que hay hoy. El ratio, por tanto, es de un forense por cada 43.840 madrileños. Según datos del Poder Judicial, en Cataluña, por ejemplo, hay 213 médicos forenses para una población de 7.534.813 habitantes (un ratio de un profesional por 35.300 vecinos). El ratio de Madrid, no obstante, es mejor que el de otras comunidades como Andalucía (188 forenses para 8.379.248 habitantes, uno cada 44.570) o Valencia (92 forenses para 4.941.509 residentes, uno cada 53.712).

El actual modelo organizativo hace, según los forenses consultados, que Madrid no sea un destino atractivo para la profesión. El 48% de las plazas son interinas y en el último concurso de traslados, de las 61 plazas que se ofrecieron para cubrir puestos en la región solo se cubrieron 10. "Nadie quiere venir, es una realidad. Sin olvidar otro problema. La plantilla de Madrid capital es de 27 médicos forenses, de los que 17 tienen más de 60 años y su jubilación es inminente". Para paliar este problema, está previsto que en 2019 salga una nueva oferta de empleo público en Madrid con 26 nuevas plazas.

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La Consejería de Justicia quiere que antes de que acabe la legislatura el Instituto de Medicina Legal esté en marcha. Para ello, es imprescindible tramitar la RPT. Un portavoz del Gobierno regional asegura que se ha negociado con los cuatro sindicatos con representación (STAJ, CCOO, CSIF y UGT) y que se tuvieron en cuenta las observaciones presentadas por dos de ellos. "A las mesas sectoriales también han asistido médicos forenses invitados por los sindicatos. También nos hemos reunido con todos los forenses que así lo han solicitado, incluidos el presidente de la Asociación Nacional de Médicos Forenses, cuatro forenses en representación de una parte significativa del colectivo en la región así como reuniones individuales con otros cinco forenses que lo pidieron".

Para Justicia, "el diálogo ha sido amplio, la negociación sigue en marcha y la consejería está dispuesta a revisar aspectos como la plantilla total del IML, siempre que las cargas de trabajo así lo justifiquen". Una negociación en la que también están incluidos los colegios de psicólogos y trabajadores sociales de Madrid y la Asociación Nacional de Forenses.

La nueva RPT supone el nombramiento de un director, un subdirector, un secretario general, cuatro jefes de servicio y 12 jefes de sección. "La nueva relación de puestos de trabajo no sirve para mejorar el sistema. Solo supone nombrar 18 nuevos jefes y poner carteles con los nuevos nombres de los servicios en las dependencias obsoletas que ya tenemos", explican los facultativos. Este jueves, el PSOE lleva a la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para "elaborar una nueva RPT consensuada en la que se identifiquen cada uno de los puestos de trabajo existentes, su adscripción jurisdiccional y territorial dentro de la estructura orgánica, así como la previsión de las partidas presupuestarias y recursos necesarios para tal fin, señala el diputado José Luis García.

Ciudadanos también critica que Madrid no tenga IML, a pesar de que a principios de legislatura todos los grupos pidieron su puesta en marcha, incluido el PP. "La comunidad lo anunció en 2016, en 2017 y en 2018. Pero no ha habido ninguna voluntad política. Madrid presume de estar a la vanguardia en muchos aspectos, pero aquí estamos a la cola. La negociación de esta RPT es una foto para la galería, una opereta, una pantomima, imponer una RPT para poder vender que ha habido negociación, pero no ha habido voluntad de llegar a acuerdos", señala el diputado Francisco Lara, que asegura que lo único que se ha conseguido es unir a la mayoría de los forenses.

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Para la comunidad, el nuevo IML "ejercerá sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos. Habrá jerarquía, nueva metodología del trabajo y más control sobre el mismo, más eficacia y eficiencia, más formación, más coordinación y más especialización. Así, se supera la actual adscripción a juzgados y se favorece que los trabajos los realicen los profesionales especializados según cada caso, lo que permitirá optimizar y repartir de una manera justa y eficiente las cargas de trabajo". El nuevo organismo integrará no solo a los forenses, también a los psicólogos y trabajadores sociales que emiten informes periciales para los procesos judiciales. En cuanto a la organización del personal, la nueva RPT "será más racional en la concesión de vacaciones, permisos, sustituciones y guardias".

Las retribuciones de los forenses oscilan entre los 60.000 y los 80.000 euros brutos anuales, que incluyen los tres tipos de guardias que hacen

Según Justicia, las retribuciones de los médicos forenses oscilan entre los 60.000 y los 80.000 euros brutos anuales (guardias incluidas). Hay tres tipos de guardias: 24 horas, tres días y semanales. El salario del director y subdirector "rondará entre los 70.000 y los 75.000 euros brutos, más guardias. Con la puesta en marcha del IML, ningún profesional verá recortada su retribución. Por el contrario, supondrá un incremento para los puestos de mayor responsabilidad". No opinan igual los forenses consultados.

El sueldo, el complemento de destino y la antigüedad son criterios comunes en toda España, pero la comunidad obliga "a los que han venido aquí desde otros territorios a plantear contenciosos para que les abonen complementos de destino que les corresponden y de los que disponían en sus anteriores plazas". A los forenses ya destinados en Madrid "también nos han obligado a emprender procedimientos contenciosos para que nos reconocieran cantidades que no nos estaban pagando en el complemento general".

Un edificio de 21 M abandonado

Lleva abandonado desde el año 2010. Costó 21,4 millones de euros. Y es el único vestigio que queda del faraónico y fallido proyecto que hace más de una década ideó Esperanza Aguirre para unificar en un solo complejo todas las sedes judiciales de la región. El Instituto de Medicina Legal del Campus de la Justicia, más conocido como el 'donut de Valdebebas', se come cada año 176.000 euros en mantenimiento y seguridad, según adelantó El Confidencial.

El PSOE propuso que la Comunidad de Madrid realizara un estudio de viabilidad para decidir qué hacer con este edificio de ocho plantas, 13.536 metros cuadrados y 35 plazas de aparcamiento. Un inmueble que iba a sustituir al vetusto Anatómico Forense que hay en Ciudad Universitaria y que según los promotores del proyecto pretendía transmitir "una asociación abstracta con el cuerpo humano". La proposición no de ley promovida por el PSOE fue aprobada con los votos de Podemos y la abstención de Ciudadanos. El Ejecutivo madrileño valoró en 4,8 millones la puesta en marcha del edificio.

Justicia sí explica que el nuevo IML dispondrá de más de 2.450 metros cuadrados de instalaciones adicionales en el nuevo núcleo penal de Madrid, en la zona de San Blas. En concreto, en la calle Albasanz, donde se ubicarán las oficinas centrales y donde se trasladarán los profesionales de la actual Clínica Médico Forense. El resto seguirá prestando sus servicios en los mismos lugares, el Instituto Anatómico Forense que hay en la Complutense y en el resto de sedes judiciales. También se ha habilitado un nuevo espacio para los forenses en los juzgados de violencia de la mujer de la calle Albarracin.