Crisis Blablacar: el oscurantismo en las dietas pone a los diputados en la diana

“Los diputados no son funcionarios y no pueden cobrar como funcionarios”. “Están limitando nuestra capacidad de despliegue por el territorio”, dijo Izquierda Unida. “Es teatro. No tienen credibilidad. Es una propuesta populista”, alegó Ciudadanos. “No se puede reformar el reglamento de forma unilateral como en Cataluña”. “Algunos trabajamos mucho y muchas horas. Por qué no tocar los asesores o las oficinas de los partidos en el Parlamento. Denigran a los diputados”, defendió el Partido Popular. “Es un paripé. Un juego sucio e hipócrita”, sostuvo el PSOE.

Todos estos argumentos están recogidos en el Diario de Sesiones. El debate fue tenso. Todos arremetieron contra Teresa Rodríguez, líder de Podemos, que pidió a voz en grito: “Déjenme cobrar menos”. Ocurrió en la anterior legislatura, 2017. Podemos registró una iniciativa en la que pedían cambiar el Reglamento de la Cámara para imponer un nuevo sistema de retribuciones más justo. Pedían que se pagara lo que se justifique con tiques de comida o desplazamiento. Desde entonces Rodríguez ha abanderado esa pelea sin éxito y ahora le ha costado una dimisión en sus filas.

TE PUEDE INTERESAR

Ahora Adelante Andalucía: dimite otro diputado por cobrar dietas y usar BlaBlaCar

Isabel Morillo. Sevilla

El sistema de dietas y complementos salariales del Parlamento andaluz es un cajón opaco que trocea la nómina de los diputados en varias cantidades que en realidad no son variables sino fijas, semanales y mensuales. Lo ha puesto sobre la mesa el último diputado al que la crisis Blablacar se ha llevado por delante tras conocerse que hacía uso de esa plataforma para compartir viaje y a la vez cobraba dietas. Juan Luis Cano Palomino, de Adelante Andalucía, anunció su marcha en un escrito en el que admitía que cobraba unos 480 euros mensuales por kilometraje. Además de una cantidad fija a la semana de 340 euros por “ejercicio de actividad parlamentaria”. Dos conceptos que sumaba al sueldo base de todas sus señorías, 3.197,58 euros.

Cabe todo

No es ningún secreto. Es el régimen económico que está colgado en la web del Parlamento andaluz. Hay un salario base (3.197 euros) y una serie de complementos. Algunos en función del cargo, desde los 1.627 euros de la presidencia a los 186 euros de los secretarios de comisión. Otros, bajo el concepto de “gastos de viaje y desplazamiento”. Aquí cabe todo. Se pagan 0,25 euros el kilómetro, son gastos de locomoción. Un dinero que se abona al mes tomando como referencia la distancia de la provincia del diputado al Parlamento andaluz, en Sevilla, y una aproximación a la asistencia a plenos y comisiones. Se paga automáticamente, sin justificar nada, aunque, por ejemplo, el domicilio del diputado en cuestión no esté en su provincia de origen sino en la capital andaluza. Nadie lo comprueba ni se solicitan justificantes, admiten fuentes de la presidencia de la Cámara. Solo se coteja el pago de billetes de avión o tren, que sí necesita comprobante.

No es el único ‘sobresueldo’. Hay otro al que al inicio de la legislatura cambiaron el nombre para hacerlo aún más cajón de sastre: antes eran dietas por viajes y ahora indemnizaciones para que los diputados puedan ejercer su trabajo “con dignidad”. Este complemento salarial es redundante y también depende, supuestamente, de “la distancia entre su residencia habitual y la sede de la Cámara”. Va desde los 200 euros a los 500 euros. Se cobran a la semana. Haya o no actividad parlamentaria. Acuda o no el diputado a los plenos o comisiones, también en caso de baja, por ejemplo. Es supuestamente para cubrir lo mismo, los desplazamientos, el kilometraje, pero es otro concepto adicional y mejor remunerado.

También cesantías

No es la única diferencia con un cotizante cualquiera a la Seguridad Social. Como los diputados no tienen derecho a paro al cesar su actividad, cobran una cesantía siempre que hayan estado al menos seis meses en su puesto. Ni el diputado de Cs que se fue la semana pasada ni el de Adelante que se va esta se quedan sin nómina. La podrán seguir cobrando un periodo de tiempo. En concreto: “Una mensualidad de sus retribuciones fijas y periódicas por cada año de ejercicio, con un mínimo de tres y un máximo de doce”. Los complementos salariales que engordan la nómina de sus señorías no pagan IRPF ni se declaran como renta del trabajo pero sí que cuentan a la hora de calcular las cesantías. Así lo acordaron en la Mesa del Parlamento en octubre de 2018, para despejar dudas ante la convocatoria de elecciones y la disolución de la Cámara.

Casos en la diana

Los diputados que han dimitido por usar Blablacar y cobrar por llevar pasajeros, 24 euros por trayecto, además de percibir complementos por kilometraje y dietas de desplazamiento han sentado un peligroso precedente. En el Parlamento es común ver a los diputados apuntar los menús del restaurante con cargo al grupo parlamentario. ¿No cobran ya por manutención? ¿Por qué no pagan de su bolsillo? Tampoco pasarían el examen los diputados que comparten vehículo para asistir a los plenos. Es algo muy habitual: se desplazan juntos en un solo vehículo y cobran cada una de sus señorías por kilometraje. También hay diputados que cobran por distancia desde la circunscripción de su escaño pero que prefieren tener un piso alquilado en Sevilla o directamente tienen aquí una vivienda en propiedad. ¿Sería eso peor que cobrar 20 euros por viajero de Blablacar?

El ángulo más oscuro está en las subvenciones de los grupos, de donde pagan decenas de nóminas a asesores que no están fiscalizadas

Si se abriera el foco además, el ángulo más oscuro de las retribuciones del Parlamento ni siquiera está en sus señorías, que tienen colgados en la web sus nóminas. Los grupos parlamentarios reciben jugosas subvenciones para su mantenimiento y no está nada claro dónde va ese dinero y si sirve de financiación adicional a los partidos políticos. La fiscalización de las cuentas anuales de los grupos para 2018 permite ver que el PSOE justifica gastos de personal por 536.243,79 euros, el PP 747.062,12 euros, Podemos 1,27 millones de euros e IU 611.463. Quién cobra, cuántos asesores hay o qué nóminas se pagan no se conoce, por ejemplo.

TE PUEDE INTERESAR

El Parlamento con Vox: diputados con negocios y promesa de devolver fondos

Isabel Morillo. Sevilla

Esta ha sido la legislatura más permisiva con los negocios privados de sus señorías. Es absolutamente incompatible tener actividad privada y cobrar sueldo como diputado, pero sí que se ha permitido que los negocios queden en manos de familiares, hijos, parejas, aunque la actividad de esas empresas esté directamente relacionada con la actividad parlamentaria. Por ejemplo, se autorizó al juez en excedencia Francisco Serrano (Vox) a tener abierto su despacho especialista en ayudar a “hombres maltratados” en casos de divorcio. También el consejero de Educación, Javier Imbroda, estuvo en el ojo del huracán por sus negocios en el Instituto Medac, calificado como “el trasatlántico” de la Formación Profesional en Andalucía, en plena expansión y del que fue socio fundador. A todos, la comisión del Estatuto del Diputado dio luz verde a que sus negocios siguieran abiertos.

Blablacar suspende sus perfiles

La plataforma ha anunciado la suspensión de los perfiles de los dos diputados que ya han anunciado su dimisión, Andrés Samper y José Luis Cano, los parlamentarios andaluces -de Cs por Almería y de Adelante Andalucía por Jaén, respectivamente-. En un comunicado, Blablacar ha subrayado que, tal y como contemplan sus términos y condiciones en el sexto punto, "Blablacar se reserva el derecho a suspender tu cuenta en caso de que utilices un (...) vehículo de empresa con el objetivo de generar un beneficio a través de la plataforma". Por ese motivo, "el día 23 por la noche y hoy mismo [por este lunes] hemos procedido a la suspensión de los perfiles de los dos usuarios que han hecho público su incumplimiento", indican.

"Nuestra prioridad siempre ha sido y continuará siendo la confianza. Esa confianza es la que nos ha permitido alcanzar los cinco millones de usuarios en España y los 1,7 millones de usuarios en Andalucía", continúa Blablacar, para la que "compartir los gastos exige que no exista ánimo de lucro: contamos con herramientas tecnológicas que limitan el gasto máximo a compartir y con un equipo de atención al usuario de más de cien personas que monitoriza constantemente lo que ocurre en la plataforma".