BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN

Montero se da un tiro en el pie con la financiación con un plan 'marca Moncloa'

Hacienda insiste en que aún no ha dado con el cauce legal para transferir esos 4.500 millones a las autonomías mientras Sánchez garantiza el pago en sus mítines de campaña

Foto: La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. (EFE)

Situar la financiación autonómica en el tablero de la campaña electoral es algo que ha sorprendido incluso en las filas del PSOE más allá de Ferraz y Moncloa. Es difícil entender cómo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que vivió durante años la otra cara de la moneda como consejera andaluza y que hizo de la financiación una de sus banderas frente al entonces ministro Cristóbal Montoro, se haya dejado arrastrar al epicentro de un huracán que puede acabar menoscabando su marca política por exceso de electoralismo. Se enfrenta, de momento, a una dura reprobación del Parlamento andaluz promovida por Cs y apoyada por el PP.

Por un lado, discurre el discurso del Ministerio de Hacienda, muy técnico y centrado en dar con el cauce legal que permita liquidar las entregas a cuentas de las comunidades, sin comprometer al Gobierno entrante y sin posibilidad de que los tribunales tumben una decisión política que excede a un Ejecutivo en funciones. Son unos 4.500 millones de euros por la mejora en recaudación tributaria de IRPF, IVA e Impuestos Especiales.

Por otro, se sitúa el discurso de Moncloa, desde donde directamente enmarcan la financiación en la carrera electoral, con Pedro Sánchez reservándose sin pudor los grandes anuncios para sus mítines en territorios socialistas. Es desde Moncloa también desde donde se ponen plazos a una inyección de dinero a las comunidades que, además, no se cumplen. 'El País' publicó, de "fuentes de Moncloa" el pasado 21 de septiembre, que en diez días el dinero iba a estar ya desbloqueado. El plazo se ha cumplido mientras que desde el Ministerio de Hacienda insisten en que aún buscan un marco legal seguro.

No hay cauce legal

"Se está buscando la manera y no está cerrado", insisten desde el Ministerio de María Jesús Montero. La Abogacía del Estado es muy clara sobre que un gobierno en funciones solo puede despachar asuntos ordinarios. Las entregas a cuenta por el volumen de recursos, 4.500 millones de euros, "supondría condicionar al gobierno entrante y no es un asunto ordinario", insisten fuentes de Hacienda. En eso están sus técnicos. En dar con la manera en que esta transferencia deje de ser un asunto ordinario. "La situación tiene que ser extraordinaria por la situación financiera de algunas comunidades autónomas y ese momento aún no ha llegado", admiten desde el Gobierno. Hacienda 'monitoriza' la situación de cada comunidad. Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias ya han anunciado recortes y planes de ajuste.

"No es una pose que no esté resuelta. Si hiciéramos algo mínimamente fuera de lo que no es la legalidad los mismos que nos están pidiendo el dinero nos llevan a los tribunales. La voluntad política está", añaden desde el Ministerio. Si se diera esa situación delicada de emergencia de alguna comunidad que permitiera activar la transferencia para todas las autonomías, no cabría para unas sí y otras no, el Gobierno no podrá actuar de espaldas a Bruselas y deberá comunicarlo.

Antes del 10-N

A pesar de esta descripción del momento actual, desde el Gobierno insisten en que están convencidos de que podrán pagar antes de las elecciones del próximo 10 de noviembre. Si no, no habrá Gobierno hasta final de año o 2020 en el mejor de los casos. "Creemos que se podrá pagar. Con esas cosas no jugamos", señalan desde el Ministerio. En ese contexto sitúan las cartas enviadas por la secretaria de Estado de Hacienda a las comunidades, donde aseguran que solo se informa de la situación actual y no hacer diatribas políticas, aunque el candidato Pedro Sánchez haga anuncios distintos en sus mítines.

En verano, la ministra de Hacienda jugó el Rentoy de la financiación cuando se negociaba la investidura de Pedro Sánchez. Lo hizo calcando el discurso que el PP utilizó en 2016, cuando Montoro frenó las entregas a cuentas y Mariano Rajoy pedía paso con la abstención del PSOE. Entonces, en ese juego político que ahora se repite calcado pero con los papeles invertidos, el PP andaluz de Juan Manuel Moreno se defendía de los ataques del Gobierno andaluz de Susana Díaz asegurando que era "imposible" en el marco legal de un gobierno en funciones entregar esas transferencias a cuenta. Ahora son los socialistas los que abonan ese discurso y los barones del PP los que pulsan las alarmas por la asfixia financiera.

Cambio de papeles

La ministra de Hacienda apeló a un informe de la Abogacía del Estado para asegurar que sin Presupuestos Generales del Estado, solo por decreto ley era posible transferir a las comunidades esos 4.500 millones de euros, destinados a financiar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia. Un Gobierno en funciones no tiene capacidad para aprobarlo.

Cuando la oposición preguntó por ese informe, el Ministerio sostuvo que era una comunicación verbal para finalmente sacar a la luz un documento de la Abogacía del Estado de 27 páginas en el que efectivamente se concluía que la actualización de las entregas "excede el despacho ordinario de asuntos públicos" de modo que "no podría un gobierno en funciones actualizar el importe de las entregas a cuenta a realizar a las comunidades autónomas". Sin embargo, posteriormente desde el Gobierno de Sánchez han utilizado ese mismo informe para asegurar que hay vías para transferir el dinero en caso de extrema urgencia y sin comprometer los números del Ejecutivo entrante.

Esta estrategia política ha erosionado a las comunidades autónomas, que tienen que elaborar sus presupuestos para el próximo año sin certeza de cuáles serán sus ingresos en un clima económico de enfriamiento, con parálisis del crecimiento y un Brexit a las bravas del que se desconoce qué alcance tendrá para la economía española.

Además, en clave política, ha sido un revulsivo para unir a todas las comunidades del PP. Más allá de Galicia y Andalucía, todos los gobiernos autonómicos de PP y Cs se han sumado a este frente común que exige al Ministerio que resuelva un problema clave para sus haciendas. No solo han conseguido que los barones del PP, incluso quienes acababan de tomar posesión, den con un guion rentable para tratar de erosionar al Gobierno de Pedro Sánchez en precampaña electoral, sino que los daños de esta estrategia también se han notado en las comunidades con gobiernos presididos por el PSOE. El bloqueo de la financiación ha tensionado los gobiernos de coalición con Podemos o Compromís, por ejemplo, en Valencia o Aragón. El malestar de los gobiernos socialistas también encendió las alarmas en el Ministerio de Hacienda. Montero aseguró a algunos barones que estaba dispuesta a marcar la diferencia con su antecesor y dar con una vía que sí permitiera esa transferencia económica.

Andalucía

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