Ximo Puig aplica un hachazo de 365 millones para cumplir con Montero y recibir el FLA

La Generalitat valenciana ha recortado en 364,7 millones de euros las previsiones de gasto para el ejercicio de 2019 previstas en sus propios prespuestos autonómicos. El hachazo millonario en el gobierno de Ximo Puig se produce tras constatar la insuficiencia de ingresos para afrontar los últimos tres meses del año y como paso previo al desbloqueo de 250 millones procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que la autonomía debía recibir con carácter extraordinario para tapar el agujero del déficit del año pasado. Para poder recibir este dinero, el Consell valenciano debía remitir al Ministerio de Hacienda un Plan Económico Financiero que incluyese ajustes. Así lo pactaron el pasado 16 de este mes de septiembre Puig y la ministra María Jesús Montero, que se comprometió a liberar el FLA antes del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, aseguró que los recortes vienen determinados por la necesidad de contener el gasto tras la no aprobación de los Presupuestos del Estado y el bloqueo político, "que han supuesto que recursos consignados en las cuentas estatales destinados a la Comunidad Valenciana no se hayan materializado", dijeron fuentes de su departamento. No obstante, Montero se ha comprometido a desatascar antes de noviembre más de 4.500 millones de euros de anticipos a cuenta correspondientes a 2019, de los cuales unos 450 millones corresponden a la Generalitat. En realidad, gran parte de los recortes que se van a aplicar tienen que ver con una previsión de ingresos fiscales que se ha revelado ilusoria y que fue producto de la elaboración de un presupuesto autonómico muy influido por la perspectiva de un año repleto de citas electorales.

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Los ajustes, según fuentes del Consell de Puig, han sido pactados y cuentan con el respaldo de los tres socios del ejecutivo: el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos. La vicepresidenta Mónica Oltra era la más reacia a aplicar recortes en su departamento, de alto contenido social, pero al final se ha alcanzado un acuerdo. "Las retenciones de crédito, que representan el 1,5% del Presupuesto Consolidado de la Generalitat, han sido fruto del trabajo conjunto de todas las conselleries y no tienen impacto efectivo en los servicios públicos fundamentales, toda vez que se han producido básicamente sobre partidas inejecutables a estas alturas del ejercicio y que, por tanto, no se iban a gastar", señalaron las mismas fuentes.

Según la información facilitada desde el Gobierno autonómico, las inversiones y las trasferencias a empresas serán las principales víctimas del hachazo, que se reparte de la siguiente manera: Capítulo I de personal, 20 millones; Capítulo II de gastos de funcionamiento, 42,4 millones; Capítulo III de intereses, 1 millón; Capítulo IV de transferencias corrientes, 38,9 millones; Capítulo VI de inversiones, 118,6 millones; Capítulo VII de transferencias de capital, 133,4 millones; y Capítulo VIII de activos financieros, 10,4 millones.

La cantidad final de retenciones de crédito se ha visto minorada en alrededor de 80 millones de euros al dotar presupuestariamente todas las actuaciones de emergencia y reparación de infraestructuras por parte de las conselleries vinculadas a los daños causados por el temporal de mediados de septiembre (DANA), indicó el Consell.