Hacienda negocia cómo liberar los fondos a las CCAA para evitar un frente ante el 10-N

El Ministerio de Hacienda que dirige en funciones la socialista María Jesús Montero está ultimando con la Abogacía del Estado la fórmula legal que le permita liberar las entregas a cuenta de fondos a las comunidades autónomas antes de acabar el año. El equipo de la ministra tiene casi cerrada con los servicios jurídicos la 'rendija' que permita transferir más de 4.000 millones de euros en recursos a las arcas de las autonomías con cargo a los ingresos de 2019 antes de que acabe el año. Se trata de dinero que la práctica totalidad de los territorios habían contabilizado para el presente ejercicio y que ahora ha quedado bloqueado tras rechazar el Congreso los Presupuestos Generales del Estado y por el carácter provisional del Gobierno de Pedro Sánchez.

Esa provisionalidad va camino de consolidarse hasta el próximo año. La ruptura de las negociaciones entre el PSOE y Podemos ha situado el país en un escenario preelectoral. Si no hay acuerdo antes del 23 de este mes, como parece, se disolverán las Cortes Generales y se convocarán elecciones para el 10 de noviembre. A partir de entonces, se abrirá un nuevo periodo de consultas para propiciar una investidura.

La ministra ha avanzado que Valencia y Murcia sufrirán problemas en octubre o noviembre por el castigo que sufren en el sistema de financiación

Hasta ahora, Hacienda se había justificado en un informe de la Abogacía del Estado que determinaba la imposibilidad de que un Ejecutivo en funciones actualice las entregas a cuenta, algo que solamente podría hacerse en el marco de una Ley de Presupuestos. La demora en la transfusión económica tiene efectos muy perjudiciales para las autonomías. Si perdura más allá de final de año, impactará sobre sus objetivos de estabilidad presupuestaria, lo que puede abocar a las más perjudicadas por el sistema de financiación a infringir seriamente los objetivos de déficit incluso aunque apliquen recortes en los meses que quedan de 2019. Pero, además, obligará a los ejecutivos regionales a prolongar el periodo de pago a proveedores, que se convertirán en las verdaderas víctimas del bloqueo político junto a los ciudadanos afectados por el empeoramiento de servicios públicos como la sanidad y la educación por la menor presencia de recursos económicos.

Esta situación está asfixiando las cuentas de los territorios más dependientes del oxígeno del Estado. En la Comunidad Valenciana, la peor financiada junto a Murcia, la perspectiva de los recortes ha abierto una brecha entre el 'president' Ximo Puig y sus socios del Consell. La crisis es especialmente notoria con Compromís y la vicepresidenta Mónica Oltra, que no está dispuesta a tener que asumir ajustes, especialmente en una de sus áreas, como es dependencia, sin elevar el tono y trasladar al Gobierno central la responsabilidad del malestar que un bloqueo en la gestión pudiera provocar. Este mismo martes, el senador de la formación valencianista Carles Mulet atacaba duramente al gabinete de Sánchez por demorar las entregas a cuenta sin plantear alternativa. Compromís, que perdió cuatro de sus cinco diputados en el Congreso en los comicios del 28 de abril, se juega tratar de recuperar espacio electoral en las generales o asomarse al abismo de la irrelevancia en la política nacional.

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Víctor Romero. Valencia

El equipo de Montero ha mantenido encuentros con el de Puig para abordar soluciones. Además de buscar soluciones y barajar alternativas legales con la Abogacía para sortear sus dudas legales y actualizar las trasferencias, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bordón, de la máxima confianza de la ministra, acordó el martes con el 'conseller' de Hacienda valenciano, el socialista Vicent Soler, una prórroga en la presentación del nuevo Plan Económico Financiero del que dependen 250 millones de euros del FLA extraordinario con el fin de ampliar el margen de negociación de los recortes.

Sánchez se arriesga a afrontar una campaña electoral con las autonomías en contra por el bloqueo en la entrega de fondos

La Comunidad Valenciana ha visto cómo su déficit se duplica provisionalmente hasta los 1.276 millones, el 1,1% del PIB, por falta de ingresos. Soler ha reclamado también a Bordón la entrega de 280 millones de euros del IVA correspondiente a 2017 pendiente de liquidación. En esa reunión, Bordón se comprometió a liberar las entregas a cuenta (450 millones en el caso valenciano) antes de fin de año, lo que apuntala la información recogida por El Confidencial de que Hacienda trabaja alternativas para dar luz verde a la entrega de fondos. La propia ministra avanzaba este miércoles incluso que Valencia y Murcia sufrirán antes los problemas de la no actualización, en octubre o noviembre. Así lo señaló en respuesta a un pregunta de la diputada de Izquierda Unida Aina Vidal. En esta línea trató de rebajar la intensidad del problema para el resto de territorios al asegurar que las entregas bloqueadas representan solo 15 días de tesorería, por lo que la asfixia en los ingresos no llegaría realmente hasta el último mes del año.

Una de las claves es que la norma abre la puerta a cambios normativos para un Gobierno en funciones cuando este obedece a razones de urgencia o de interés general. Es un resquicio, el de la necesidad de atender el coste de los servicios de sanidad y educación, que podría encajar en la excepción y abrir la puerta a una transfusión que se concretaría antes del 31 de diciembre en un Consejo de Política Fiscal y Financiera. La estabilidad de las cuentas regionales también podría tener encaje en las razones de excepción.

Sin los anticipos, los territorios peor financiados llegarán a final de año con el déficit desbocado

Ximo Puig, que tiene pendiente reunirse oficialmente con la ministra de Hacienda, está haciendo encaje de bolillos para domar a sus socios y contener a la oposición en un ambiente claramente preelectoral. Las que no rebajan el tono son las autonomías controladas por el Partido Popular. Andalucía, con Juan Manuel Moreno Bonilla al mando de la Junta, está liderando el frente común organizado por la formación conservadora para denunciar la asfixia autonómica y, de paso, desgastar a Pedro Sánchez. Galicia o Castilla y León se han sumado al coro crítico por la ausencia de soluciones al bloqueo financiero de las autonomías. Si Sánchez y su gabinete no encuentran la "rendija" legal, como la califican las fuentes consultadas por El Confidencial, se arriesga a una campaña electoral en la que tendrá enfrente a los barones conservadores denunciando el maltrato del líder socialista a sus territorios.

Miembros del Gobierno son conscientes de esta circunstancia. El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, denunciaba el lunes que Cristóbal Montoro también dejó en suspenso las entregas a cuenta como ministro de Hacienda cuando Mariano Rajoy negociaba en funciones su investidura en 2016 y ninguno de los líderes regionales populares abrió la boca, al menos en público. Ábalos admitió en un encuentro con el plenario de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que la ministra Montero está trabajando en "varias" soluciones para liberar los fondos. "Va a intentar todo lo posible para que los servicios básicos que prestan las autonomías no se vean afectados", señaló. Está en juego no solo que Sánchez afronte una campaña con las autonomías en pie de guerra sino, fundamentalmente, que los territorios puedan cumplir con la prestación de los servicios cuyas competencias tienen trasferidas.