El presidente de la SEPI dimite tras ser investigado en el caso Aznalcóllar

Vicente Fernández, presidente de la SEPI y ex alto cargo en el Gobierno de Susana Díaz en la Junta de Andalucía, tendrá que declarar como investigado en el caso Aznalcóllar que examina la concesión al grupo México/Minorbis de la apertura de la mina por presunto tráfico de influencias e indicios de prevaricación.

Fernández ya ha puesto su cargo a disposición. La medida se hará efectiva en el próximo consejo de Ministros, según ha anunciado la titular de Hacienda, María Jesús Montero, tras recordar que el caso se ha archivado en dos ocasiones.

TE PUEDE INTERESAR

Trabajo, más bares y viviendas nuevas: Aznalcóllar resurge con la mina del desastre

Agustín Rivera. Málaga

Los magistrados de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, entre ellos la jueza Mercedes Alaya, consideran que en el concurso se produjeron "ilegalidades" y que Fernández pudo maniobrar para beneficiar al grupo que consiguió alzarse con el concurso. Es la segunda que Alaya reabre la causa tras dos archivos y seis recursos desestimados.

Sin solvencia técnica

El presidente de SEPI mantenía "una excelente relación personal" con los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, dueños de Minorbis, filial de Magtel, para intentar ganar en el concurso, como se recoge en los correos electrónicos incautados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Los Magdaleno pidieron a Fernández la intermediación administrativa en el concurso.

En el auto se recoge que en la experiencia y solvencia técnica, Minorbis "no acreditó tener ninguna con medios propios". "Ya analizamos en el auto de esta Sala de fecha 19 de octubre de 2016 que Minorbis era una entidad creada el 19 de marzo de 2014, menos de un mes antes de presentar su solicitud de participar en el concurso y sin ninguna experiencia en la actividad de la minería", indica el contudente auto.

El escrito judicial habla sin tapujos de "patente ilegalidad" y "grosera y burda ilegalidad" al crear Grupo Méxicto y Minorbis una nueva sociedad

Emérita, la otra empresa que aspiraba a la concesión de la mina, Emérita acreditó según se hace constar en el atestado hasta cinco permisos de investigación en diferentes zonas mineras, "que si bien no constituía toda la experiencia exigida, pues se requería igualmente experiencia en proyectos de explotación, para lo cual contó con los medios externos de Forbes & Manhattan, sí demostró ante la Administración contar con ese requisito mínimo de solvencia técnica exigido".

El escrito judicial habla sin tapujos de "patente ilegalidad" y "grosera y burda ilegalidad" al crear Grupo Méxicto y Minorbis una nueva sociedad, denominada Minera Los Frailes, para este concurso y con una "minúscula participación de Minorbis, licitadora que ha ganado el concurso, y que pertenecería prácticamente en su totalidad a una entidad que debió ser excluida formalmente del mismo, que realmente no participó en el concurso, y que la Junta de Andalucía a posteriori argumenta que sólo fue una tercera entidad acreditadora de solvencia de la licitadora Minorbis".

La presunta ilegalidad a la que se refiere la Audiencia Provincial de Sevilla encontró provisoriamente "su complemento adecuado, en primer lugar en el perfecto conocimiento que la Administración tenía desde el inicio, a través del Memorándum de Entendimiento que establecía que aunque ganara Minorbis la adjudicación iba a aceptarla una sociedad distinta y controlada por Grupo México".

La entidad aspirante a la reapetura de la mina mantuvo "intencionadamente" a Grupo México frente a terceros como licitadora durante todo el concurso (hasta el punto que la resolución de adjudicación se realizó a favor de Minorbis-Grupo México) para justificar que la concesión se atribuyera finalmente a una sociedad perteneciente a Grupo México en su práctica totalidad, la entidad denominada Minera Los Frailes.