La Guardia Civil no localiza más de un año de correos clave del caso Aznalcóllar

La Guardia Civil no localiza más de un año de correos electrónicos que resultan claves en la investigación del caso Aznalcóllar, una circunstancia "que ha mermado la cantidad de información obtenida fruto del análisis realizado, lo que condiciona las conclusiones" de las pesquisas. Los correos electrónicos se obtuvieron de cintas magnéticas de seguridad en las que, año tras año, se almacenaba la copia de seguridad de cada una de las cuentas". En caso de borrado de la información era necesario acudir a cada una de las cintas "y seguramente a cada cuenta para borrar los correos".

La UCO (Unidad Central Operativa) del Instituto Armado analizó e-mails durante tres años de 12 funcionarios y tres altos cargos. En total, 124.012 correos electrónicos. Y durante un año no hubo rastro alguno. “No encontraron nada, lo cual no quiere decir que se desvirtúe el caso”, señala a El Confidencial Ramón Escudero, el abogado que representa a Emerita, la empresa que perdió el concurso de adjudicación de la mina.

Fuentes oficiales de la Junta de Andalucía argumentan que en los anexos de la investigación de la Guardia Civil sí figuran los correos electrónicos de los altos cargos "de todos los años". "Lo que ocurre", explican a este diario, es que por el método de guardar existía un año en los que "no estaban todos". "Son muchos años, los correos electrónicos se saturan y la gente [el personal de la Junta de Andalucía] lo pasa a los servidores locales. No es que se hayan perdido, ni borrado. Se han guardado de otra de manera y en el servidor están los que están".

La Unidad Central Operativa (UCO) no detectó "influencias" para "favorecer" a ninguna empresa en Aznalcóllar. Tampoco "ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la Mesa del Concurso para favorecer a una o a otra empresa licitante".

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Los correos electrónicos, en los que analizaban los derechos de explotación de yacimiento minero, se quedaron en el disco duro de cada terminal “y así es fácil borrar cualquier huella”, confirman a este diario fuentes próximas al caso. Tanto Minorbis-Grupo México, adjudicataria de la mina, como Emerita Resources contactaron con directivos de la Consejería de Empleo y la Dirección General de Minas.

Estas mismas fuentes recuerdan cómo Minorbis, la adjudicataria de la concesión de la mina junto al Grupo México, causante del mayor desastre ambiental en las aguas de este país de los últimos tiempos, está negociando con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para modificar el proyecto en Aznalcóllar. “La corta de la mina está inundada de aguas tóxicas, con metales contaminantes y cancerígenos. El proyecto depurado para el agua es mentira”.

Informe de la Intervención General del Estado

Hay más agujeros negros en este caso. Falta aún el informe de la Intervención General del Estado (IGE) que podría suponer la imputación de toda la mesa de contratación de la mina. La juez ha argumentado que necesitaba este informe para decidir. Las previsiones apuntan a que aún faltarían al menos un par de meses para que la resolución de IGE estuviera ya culminada. Los testigos también siguen apareciendo por los juzgados, como el caso de Mario López Magdaleno, presidente de Magtel, socio minoritario de Minorbis/México, y con grandes intereses vía subvenciones y ayudas directas de la Junta de Andalucía.

Fuentes jurídicas próximas al caso dan por hecho que el caso acabará en juicio y que la jueza acabará elevando el caso a la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, la misma donde tiene una plaza la juez Mercedes Alaya. “La Audiencia ya se ha pronunciado en varias ocasiones que existen indicios severos de delitos y que el concurso no tenía que haber pasado ni siquiera la primera fase ni desde el punto de vista técnico ni jurídico”, subrayan esta mismas fuentes.

El Ayuntamiento de Aznalcóllar confía en que Grupo México y la Junta de Andalucía cumplan los plazos previstos para la puesta en marcha de la mina, no antes de 2021. Lo que sí están dispuestos es a presionar al Gobierno andaluz para que acelere los trámites de la formación del personal que trabaje en la mina, previstos en no menos de 800 personas, más la creación de 2.000 puestos de trabajos en el desarrollo de la obra civil.