Aznalcóllar, el desastre que pudo evitarse: ecologistas y un técnico alertaron del peligro
dos décadas después

Aznalcóllar, el desastre que pudo evitarse: ecologistas y un técnico alertaron del peligro

Dos décadas después de uno de los más dramáticos accidentes medioambientales de Europa, la Junta de Andalucía sigue tratando de que la empresa Boliden pague por las consecuencias

Foto: Desastre de Aznalcóllar.
Desastre de Aznalcóllar.

A las siete de la mañana del 25 de abril de 1998, José María Montero, periodista medioambiental y director del programa de Canal Sur ‘Espacio protegido’, informaba justo en el lugar de la rotura de la presa minera de Aznalcóllar del que iba a ser uno de los mayores desastres medioambientales de Europa. “En mi opinión, el segundo en importancia tras Chernóbil, mucho peor que el Prestige”, señala 20 años más tarde.

Lo espeluznante es que dos años antes, el 19 de enero de 1996, firmó una pieza para los informativos de la Radio Televisión Andaluza casi desde el mismo lugar. En aquella ocasión eligió el enclave de la mano de un antiguo técnico que había trabajado durante 19 años en aquella mina Los Frailes y que tras su jubilación decidió hacer pública una denuncia pidiendo anonimato. La entrevista se grabó en el interior de un coche. “El peligro es enorme, puede reventar cualquier día, si esto revienta todo se acaba, los niveles freáticos, el coto de Doñana, las marismas, con todo acaba”, alertó este técnico de minas.

Desgraciadamente, el vaticinio se cumplió. Ocurrió exactamente lo que alertaba punto por punto. Había una “deficiente estructura” de la presa de la mina de Aznalcóllar, que en aquel momento gestionaba Boliden-Apirsa. Se estaban filtrando aguas residuales, con ácidos, metales pesados y otros productos químicos muy peligrosos. Se detectaron “numerosas filtraciones” y se parchearon soluciones. La empresa sueca trató de corregirlo inyectando cemento e instalando bombas de achique para evacuar agua. Se había hecho una mala ejecución desde 1989. Para ahorrar dinero, se suprimieron filtros, se emplasteció la escollera con cemento y se convirtió en una escombrera. La única solución, sentenció en esa pieza emitida en Canal Sur, era realizar una presa nueva para evitar filtraciones y depurar los vertidos.

El denunciante trabajó 19 años en la mina

Montero sigue recordando la madrugada que sonó el teléfono en su domicilio. Serían las cinco de la mañana. Ningún medio reaccionó con su celeridad. Él sabía bien del alcance del accidente. “Me avisó un compañero de que la guardia civil había comunicado que se había roto la presa de Aznalcóllar. Se me cortó el cuerpo. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo”, cuenta pasadas dos décadas.

Mina de Aznalcóllar, marzo de 2015. (Agustín Rivera)
Mina de Aznalcóllar, marzo de 2015. (Agustín Rivera)

Ya antes, recuerda el periodista medioambiental, la Confederación de Ecologistas y Pacifistas de Andalucía (CEPA), que después se convertiría en Ecologistas en Acción, había hecho las primeras denuncias alertando del peligro de la mina de Aznalcóllar. Era 1994. Desde el primer momento, se informó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la Agencia de Medio Ambiente y a la Consejería de Industria. Las administraciones central y autonómica sabían de la alerta.

Las administraciones central y autonómica tenían constancia desde 1994 de varias denuncias que llegaron a debatirse en el patronato de Doñana

No solo eso, rememora el director de ‘Espacio protegido’, es que el Instituto de Recursos Medioambientales y Agrobiología, con sede en Sevilla y parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), había investigado el origen contaminante de residuos en el río Guadiamar. Determinó que los metales pesados detectados en las aguas eran filtraciones de la mina y decretó que había riesgos. Estos informes se llegaron a debatir en el patronato de Doñana. Montero guarda algún documento de la época, principios de los noventa, en que el patronato instaba a la elaboración de un plan de emergencias ante el riesgo de rotura de la balsa de Aznalcóllar. Nunca se hizo.

Llegaron los suecos

El de 1995 había sido un invierno muy lluvioso y la presa subió muchísimo de nivel. El técnico de minas que hizo la denuncia al periodista ya había acudido previamente a la delegación de Industria a poner una denuncia. Tiene fecha de noviembre de 1995. Como no sirvió para nada, decidió acudir a la televisión. Tras la emisión de su pieza en Canal Sur en 1996, algo se movió. El 22 de enero, tres días más tarde, desembarcó una delegación de suecos de Boliden en Sevilla. Convocaron una rueda de prensa y lo negaron todo. “Dijeron que las imágenes estaban manipuladas, que eran de otro lugar, que lo que aparecían en el vídeo eran residuos urbanos... Lanzaron una campaña de descrédito. El vídeo se rodó justo donde reventó la presa”, recuerda Montero.

Tras este episodio, investigaron tres organismos, la Consejería de Industria, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Agencia de Medio Ambiente. Este último organismo autonómico —aún no había consejería de esta área— es el único que determinó que sí había filtraciones. Con todo, se impuso el silencio.

La ministra Isabel Tocino insistía en que no había llegado el vertido a Doñana, pero el científico Miguel Ferrer demostró que sí. El lodo anegó 62 km

El accidente fue muy grave no solo por el volumen de los residuos sino también por la naturaleza de los mismos, eran aguas ácidas, metales pesados, a las puertas del Parque Nacional de Doñana y en pleno estuario del Guadalquivir. La ministra responsable entonces, Isabel Tocino, se pasó días negando que los residuos hubieran llegado al parque. Miguel Ferrer, científico de la estación biológica, aseguró que sí habían alcanzado a esta joya natural. Tras un primer momento de desconcierto, las administraciones reaccionaron con agilidad. Se iban construyendo diques y presas para contener el vertido. El lodo tóxico anegó 62 kilómetros y dañó 3.600 hectáreas, matando peces y aves.

240 millones de euros de restauración

“Hoy, lo más sorprendente me sigue pareciendo que las administraciones dejaran a los científicos liderar la restauración de la zona. Hubo resistencias de los políticos, pero menos mal que se impusieron”, recuerda Montero, que igual que señala la enorme dimensión del desastre medioambinetal también sostiene que “a escala mundial, puedo asegurar que no se ha hecho una tarea de restauración y de descontaminación de metales pesados como la de Aznalcóllar”.

Vista actual del tramo final del río Guadiamar, donde se detuvo la riada tóxica. (EFE)
Vista actual del tramo final del río Guadiamar, donde se detuvo la riada tóxica. (EFE)

La restauración costó unos 240 millones de euros de fondos públicos. El Guadiamar es ahora un corredor verde con alta protección. La mina sí ha vuelto a reabrirse. “Tocaría abrir un debate serio y transparente con la sociedad sobre cuántos puestos de trabajo supone para la comarca y qué riesgos hay en una zona de tan alto valor ecológico”, reflexiona Montero.

La demanda contra Boliden sigue en un juzgado de Sevilla, mientras la Junta negocia un acuerdo económico con la minera sueca 20 años después

El Gobierno andaluz ha confirmado a este periódico que en 2015 interpuso una nueva demanda contra la empresa Boliden en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla. Reclama 89,8 millones de euros. Ahí ya se interpuso la misma demanda en 2002, pero fue rebotando de un juzgado a otro porque no se declaraban competentes. Hace un lustro, comenzó de nuevo.

Concurso de acreedores

El juzgado, informa el Ejecutivo autonómico, ha abierto procedimiento civil. Boliden Aprisa SL, Boliden BV y Boliden AB contestaron a la demanda y se celebró un acto de audiencia previa. La Junta confía en recuperar parte del dinero invertido en paliar el desastre y está personada en el concurso de acreedores instado por Boliden Apirsa, la filial española. La empresa minera echó la culpa a las constructoras que habían hecho la presa y a los responsables de los estudios geológicos, y perdió la demanda. No ha pagado un euro.

Fuentes judiciales aseguraron a El Confidencial que son las partes las que de nuevo han solicitado una suspensión del procedimiento, no es la primera vez, para tratar de llegar a un acuerdo. “Ya mismo acaba el plazo y deberán pedir una prórroga, pero el juzgado en este momento no tiene nada pendiente”, informan estas mismas fuentes. De momento, nadie más que los ciudadanos con sus impuestos ha pagado. Y nadie hizo nada aunque pudo haberse evitado.

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