La Fiscalía culmina en los ERE que los jefes políticos “no quisieron ver más”

La Fiscalía Anticorrupción presentó su informe final en el caso ERE. Un documento que aún leerá durante, al menos, dos sesiones más de juicio, tras confirmar las acusaciones a 21 de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de esta llamada pieza política. Considera que el sistema utilizado para repartir estas ayudas es “injusto y arbitrario” y basado en decisiones políticas.

Los fiscales, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Ferández Guerra, elevaron a 680 millones de euros la cifra que el Gobierno andaluz entregó en ayudas sociolaborales y subvenciones directas a empresas en crisis entre 2000 y 2009. “Ha habido un riesgo claro de menoscabo de fondos públicos”, sostuvieron, por una falta de control. “No debieron salir de las arcas públicas”, señaló el ministerio público, convencido de que el riesgo de menoscabo es “evidente”. Dinero que se repartió “sin presentar ni un solo papel”, recalca el informe final, que reprocha que no se atuviera a la norma escrita para el reparto de subvenciones y que ni las ayudas tuvieran control previo ni los beneficiarios un seguimiento posterior.

"No hubo desconocimiento"

Anticorrupción confirmó para los encausados delitos de prevaricación y malversación, con penas de inhabilitación y entre seis y ocho años de cárcel en el segundo supuesto. Este último se extiende a toda la cúpula de Empleo y Hacienda, además de para los responsables de la agencia pública pagadora de los fondos, primero IFA y después IDEA. En su informe final sostienen que los responsables públicos “no quisieron ver más” pese a la información que tuvieron y los informes emitidos por el exinterventor general, Manuel Gómez, alertando de “irregularidades o deficiencias” en el procedimiento administrativo. Algo que la Fiscalía subrayó en su escrito de acusación en varios momentos y en lo que vuelve a insistir en su posicionamiento final. “No pueden alegar desconocimiento”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR

Por qué la excúpula socialista se sienta en el banquillo en un gran juicio por corrupción

Isabel Morillo. Sevilla

La Fiscalía sostiene que estos fondos debieron repartirse como subvenciones o ayudas públicas y no como ayudas sociolaborales extraordinarias durante una década. De hecho en su escrito final de acusación subraya los diferentes momentos en los que, bien por auditorías internas o por las conclusiones de informes externos encargados a empresas privadas, los distintos responsables del Gobierno andaluz reciben el encargo de ajustar la normativa que regía para el reparto de estos fondos. En esta línea defiende que existió prevaricación “por omisión”, puesto que se pudo hacer algo para evitarlo y no se hizo. Los fiscales sostienen que el dinero se usó “para finalidades alejadas del interés público” y que esto era “conocido y buscado” por los acusados.

77 de más de 9.000 empresas

El ministerio público repasó también en sus intervenciones anteriores el elevado número de empresas que sufrieron el azote de la crisis en esa década, 9.461 según los datos que ofrece desglosado por años, y que se vieran beneficiadas unas 77. Al no haberse regulado con “publicidad” y “conocimiento general” estas ayudas y no haberse registrado convenientemente su concesión, señala el fiscal, “se ha visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un número importante de trabajadores afectados”. Además no había mecanismos de comprobación ni seguimiento laboral posterior de los beneficiarios, recalca el escrito.

TE PUEDE INTERESAR

Las respuestas que los andaluces no tendrán sobre las 'tarjetas black' de Empleo

Isabel Morillo. Sevilla

El juicio de los ERE que se celebra en la Audiencia de Sevilla entró la pasada semana en una fase clave con la vuelta de los acusados al banquillo y la elevación a definitivas de las conclusiones de la Fiscalía y las acusaciones de PP y de Manos Limpias. Con gran expectación mediática y en plena precampaña de las andaluzas, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a la otra veintena de exaltos cargos, acuden a diario de nuevo ante el tribunal.

Manuel Chaves, 19 años presidente de la Junta de Andalucía, está acusado de prevaricación con petición de una pena de diez años de inhabilitación. Para José Antonio Griñán, como para el resto de miembros de la cúpula de Hacienda y Empleo, se les acusa también de malversación de fondos públicos, lo que conllevaría pena de entre seis y ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación. Los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías están acusados de prevaricación.