La Fiscalía mantiene las acusaciones contra los expresidentes Chaves y Griñán en los ERE

El juicio de los ERE que se celebra en la Audiencia de Sevilla entra este lunes en una fase clave con la vuelta de los acusados al banquillo y la elevación a definitivas de las conclusiones de la Fiscalía y las acusaciones de PP y de Manos Limpias. Con gran expectación mediática y en plena precampaña de las andaluzas, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a la otra veintena de exaltos cargos, han accedido a la sala sin hacer declaraciones. Sólo Chaves se limitó a dar los buenos días.

La Fiscalía Anticorrupción ratificó la petición de sus acusaciones. Manuel Chaves, 19 años presidente de la Junta de Andalucía, está acusado de prevaricación con petición de una pena de diez años de inhabilitación. Para José Antonio Griñán, como para el resto de miembros de la cúpula de Hacienda, se les acusa también de malversación de fondos públicos, lo que conllevaría pena de hasta seis años de cárcel y 30 de inhabilitación. Para todos los exaltos cargos, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías entre otros destacados exdirigentes socialistas, se mantienen las mismas peticiones salvo para Antonio Estepa, exsecretario general de Hacienda, que ha quedado libre de la acusación de la Fiscalía y para el que pedían diez años de inhabilitacion por prevaricación.

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EC/Agencias

A las diez de la mañana ha arrancado la sesión de esta recta final del juicio, que está previsto que acabe a final de noviembre. La sentencia no se espera hasta un mínimo de seis meses después, en la antesala del verano. La campaña electoral en Andalucía arranca el 16 de noviembre aunque los partidos ya están en plena actividad. Las elecciones se celebrarán el 2 de diciembre.

La sorpresa de la jornada la ha protagonizado Manos Limpias, que ha pedido que Chaves sea desimputado de todos los delitos y que además rectificó sus acusaciones para retirar el cargo de malversación a todos los imputados. En su escrito, el sindicato Manos Limpias señala "a resultas de las diligencias de prueba practicadas en el plenario" que retira en su integridad la acusación contra el exinterventor de la Junta, Manuel Gómez, cuyas responsabilidades estarían en la vía administrativa y no penal.

En la misma línea, Manos Limpias considera que no hay "indicios sólidos" sino "valoraciones o suposiciones genéricas" contra el expresidente Chaves y el exjefe de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río. Pudieron ser "consultados" e "informados" sobre los hechos, señala el escrito, pero "no pasa de ser una sospecha". También para "evitar la lesión gratuita a los acusados" el sindicato Manos Limpias retira "por prudencia" la acusación de malversación a todos los acusados. Es decir ninguno debería entrar en prisión.

Los abogados del PP también retiraron sus acusaciones contra Antonio Estepa, al igual que la Fiscalía, así que será absuelto en la sentencia. Para el resto de acusados mantienen las mismas peticiones de penas y cárcel para la cúpula de Hacienda y Empleo.

El juicio está a punto de cumplir un año, empezó en diciembre de 2017. En esta llamada pieza política se dirime si el "procedimiento específico" utilizado durante una década para repartir los fondos de los ERE, hasta 850 millones de euros en ese periodo de tiempo, era legal o si se se utilizaron atajos legales para que el dinero no tuviera control y regara la supuesta red clientelar del PSOE en Andalucía. Tras oír a los acusados, los peritos y los testigos aportados tocan las conclusiones definitivas antes del fallo del juez Juan Antonio Calle.

La campaña electoral arranca el 16 de noviembre aunque los partidos ya están en plena actividad. Las elecciones se celebrarán el 2 de diciembre

La Fiscalía ha confirmado las acusaciones de sus escritos iniciales, excepto para Estepa, exalto cargo de Hacienda. Se enfrentan a diez años de inhabilitación por prevaricación, además de los expresidentes, Zarrías, Álvarez, el exdirector general de Presupuestos, Antonio Lozano, el exviceconsejero José Salgueiro y el exjefe del gabinete jurídico, Francisco del Río.

Para Griñán y la cúpula de Hacienda, con la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el exinterventor general Manuel Gómez, se reclaman seis años de cárcel por malversación y 30 de inhabilitación por prevaricación. Para los miembros de la Consejería de Empleo las penas de cárcel para los mismos delitos se elevan a ocho años. A eso se enfrenta los exdirectores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera y los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús Rodríguez. Las mismas acusaciones y peticiones de penas afrontan los exaltos cargos de la Consejería de Innovación, a la que pertenecía la Agencia IDEA, que era la que libraba los pagos.

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Tras las conclusiones se oirán los alegatos finales de todas las partes. Todo tendrá especial eco en plena precampaña electoral, donde los 36 años de gobiernos socialistas sin alternancia y los casos de corrupción están siendo protagonistas en los discursos de PP, Cs y Adelante Andalucía. Terminarán las defensas, centradas en acreditar la inocencia de sus clientes, y los acusado podrán tomar la palabra para poner el punto y final.

Como era de esperar las defensas también han elevado a definitivas sus peticiones de absolución para Chaves y Griñán. El abogado del último expresidente, José María Mohedano, ha aludido al eximente de "error invencible", incluido en el Código Penal, y que liberaría a Griñán de responsabilidad criminal.