no se cruzan ni la mirada

La tensa relación de Alaya y su sustituta pone contra las cuerdas al Poder Judicial

El TSJA vuelve a tener la pelota y decidirá en una reunión el 22 de septiembre qué propuesta envía para resolver la complicada situación del juzgado donde la convivencia es imposible

Foto: La juez Mercedes Alaya en una imagen de archivo. (EFE)
La juez Mercedes Alaya en una imagen de archivo. (EFE)

Carta va, carta viene. Puyas, insinuaciones, golpes bajos, descalificaciones, desautorizaciones implícitas y explícitas... en el epicentro de los juzgados andaluces. Ninguna de las dos jueces está libre de culpa en la tensa batalla que libran aunque la bomba más sonada la ha activado Mercedes Alaya. Su futuro sigue estando en el aire tres meses después de que se incorporara a su plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla y su sustituta, María Ángeles Núñez Bolaños, tomara posesión de su puesto al frente del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. La situación en el juzgado de los ERE no puede ser más enrevesada. La mala relación entre las dos magistradas impide cualquier posibilidad de un acuerdo sobre el reparto de tareas y amenaza seriamente la posibilidad de colaboración entre ambas. El Poder Judicial debe decidir y está contra las cuerdas. Se pelotean la decisión de Madrid a Granada, sin soluciones.

Despachos en edificios contiguos, a escasos metros y no se cruzan ni la mirada. Alaya comienza a ver recursos desde su nuevo puesto laboral en la sección séptima de la Audiencia. La misma que había enmendado algunos de sus autos estrella sobre su gran caso, los ERE. En estos, lógicamente, se inhibe. Fue recibida con frialdad por sus compañeros. Hay división de opiniones pero lo cierto es que encontrar defensores férreos de la famosa magistrada entre sus compañeros es complicado. Son respetuosos pero no entran en la guerra. La carta bomba de Alaya, desvelada por el Diario de Sevilla y enviada el pasado junio al Consejo General del Poder Judicial, poniendo en entredicho la capacidad y la preparación de su sustituta para hacerse cargo de las causas y dudando de su independencia por su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, ha cerrado el paso a cualquier posibilidad de entendimiento.

A la espera de que desde el gobierno de los jueces busquen una salida, cada vez más voces de la judicatura confiesan que en estas circunstancias será muy difícil la nueva etapa que Alaya debe emprender como juez “colaborador” de la titular. La presión es muy elevada. Cada paso que se da tiene lecturas políticas. “Nadie se atreve a decirle a Alaya que se quede en la Audiencia, que dadas las circunstancias sería lo más razonable y la única salida es que ella renuncie, algo que ya ha confesado a su entorno que no va a ocurrir. La guerra va a ser sonada”, advierten desde los juzgados sevillanos. “La triste verdad es que no pueden trabajar juntas”, coinciden varias fuentes.

La juez Núñez Bolaños. (EFE)
La juez Núñez Bolaños. (EFE)

La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Su sala de gobierno abordará en una reunión fechada el próximo 22 de septiembre el último escrito recibido desde el Consejo General del Poder Judicial. Reclaman una aclaración sobre cómo quedaría la macrocausa de los ERE tras la división en tres piezas iniciada por Núñez Bolaños y qué papel correspondería a Alaya. Fuentes cercanas al caso dan por hecho que desde Madrid se ordenará que la juez se quede en comisión de servicio sólo con la pieza que corresponde a los cargos políticos pero eso no está tan claro. Ella por supuesto no quiere eso. El escenario sigue muy abierto y la decisión se debe tomar previa consideración de lo que digan desde Granada, sede del TSJA.

El intercambio de cartas e informes para dirimir el futuro de la juez que ha puesto en jaque a la Junta de Andalucía y ha logrado que el Supremo impute a dos de sus expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se remonta a mayo. Alaya solicitó plaza en la Audiencia de Sevilla y logro su ascenso. Su primer paso fue reclamar una comisión de servicio, de seis meses y prorrogable hasta un máximo de dos años, según la norma no escrita. En realidad esa plaza aún no estaba ofertada. El Alto Tribunal andaluz realizó una primera propuesta en la que solicitaba al Poder Judicial la creación de dos comisiones de servicios. Una sería para Alaya y otra para Álvaro Martín, el magistrado de refuerzo destinado en el juzgado número 6. Ambos tendrían que ponerse a las órdenes de la nueva titular y trabajar bajo sus directrices como colaboradores. Alaya volvió entonces a solicitar su prórroga.

El CGPJ aprobó esas dos nuevas plazas y solicitó a Andalucía que informe sobre cómo cree que deben repartirse las tareas. Mientras, Núñez Bolaños, recién aterrizada en unos de los juzgados más mediáticos del país y dirigido de forma muy personal por su antecesora, pidió tiempo para estudiar los asuntos que tiene entre manos. Como saludo, desactivó algunos de los autos firmados que Alaya había dejado preparados antes de marcharse. Autos “póstumos”, apodaron con sorna los abogados. Dejaba claro que pensaba marcar su estilo y sus formas. No quería tutelas ni se iba a amedrentar por el estrellato y la gran repercusión de Alaya.

El TSJA propuso un primer reparto en el que opta porque Alaya se quede con Mercasevilla y los ERE, las causas más avanzadas, y deja a su sucesora los cursos de formación y el caso de los avales otorgados por la Junta a empresas. Dos casos recién iniciados en los que la juez había dejado claro que volvía a estrechar el cerco sobre la cúpula del Gobierno. El alto tribunal alega que estas dos causas están apenas iniciadas y su instrucción requerirá aún mucho tiempo. Si la cosa hubiera quedado ahí, el asunto posiblemente ya estaría resuelto. Pero no había hecho nada más que empezar. Entretanto, Alaya no se quedó quieta y dejó claro que va a librar una dura guerra, tanto con su sucesora como con el alto tribunal andaluz. Envió un escrito, difundido días atrás, en el que arremete duramente contra la propuesta de jueces auxiliares y en el que defiende que no hacen falta más magistrados sino más funcionarios. Además redactó esa carta inédita contra Núñez Bolaños que dejó a muchos abogados impactados por su dureza y en la que sitúa a su sucesora al borde de la prevaricación. Ésta públicamente le contestó con un sutil “no es elegante” y “no son las formas”.

La convivencia es imposible y Alaya no se rinde

Tanto desde el TSJA como en los propios juzgados de Sevilla admiten que ese escrito quebró las relaciones entre ambas y señalan lo difícil que va a ser que vuelvan a establecer cauces de colaboración. Lo normal, señalan desde el alto tribunal andaluz, es que se hubieran puesto de acuerdo entre ellas. Ahora, señalan, ven muy complicada esta convivencia. “¿Quién se cree ahora que Alaya va a ponerse a las órdenes de Núñez Bolaños?”, coinciden en preguntarse varios letrados que asisten atónitos a la batalla. Fuentes del TSJA recuerdan que los casos son de los juzgados y no de los jueces como “uno de los principios básicos de la independencia judicial”. Insisten en que la intención de Alaya no ha sido permanecer en su puesto como titular de refuerzo sino crear una especie de “juzgado bis” desde el que continuar con sus grandes casos. Un hecho que no hubiera tenido precedentes y que además, advierten, podría incluso haber abierto las puertas a una avalancha de peticiones de nulidad de los imputados en estas causas.

Tampoco Núñez Bolaños ha sido una sucesora dócil ni discreta. A golpe de autos ha desmontado el trabajo que Alaya había armado durante cuatro años. En el caso de los ERE ha decidido cursar la petición de división del caso para dotarlo de celeridad. Por un lado las responsabilidades penales de los políticos en el diseño del sistema, por otro las sobrecomisiones a sindicatos y aseguradoras y en una tercera pieza los intrusos que se colaron en los expedientes de regulación de empleo. Si algo había peleado Alaya con uñas y dientes, incluso ante el Supremo, es que la causa era “inescindible”. Y por primera vez, atendiendo a un informe de la UDEF, la juez ha pedido información al Ministerio sobre las presuntas irregularidades en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva y ha apuntado a altos cargos del Gobierno del PP.

En cada paso que da la nueva magistrada, los defensores de Alaya leen un intento de beneficiar al Gobierno andaluz y los dirigentes socialistas

En cada paso que da la nueva magistrada, los defensores de Alaya leen un intento de beneficiar al Gobierno andaluz y los dirigentes socialistas. Quienes tratan con ella aseguran que vive la situación con resignación y buen humor, aunque dicen que no va a dejarse asustar. Tras una información de El Mundo, en la que se desvelaba que había dado órdenes para paralizar las dos últimas causas contra la Junta, los cursos de formación y los avales a empresas, se limitó a asegurar a su círculo laboral más cerrado que no había orden de ningún tipo a los funcionarios y que está a la espera de informes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. “Llegó en junio, en agosto se fue de vacaciones y sigue tomando el pulso a un juzgado muy complicado”, señalan desde El Prado, sede de los tribunales sevillanos.

Núñez Bolaños aún no ha respondido al fondo de las acusaciones sobre su falta de independencia. El consejero de Justicia de Andalucía, Emilio de Llera, fiscal en excedencia, extrovertido, muy conocido en el mundo de la judicatura, con muchos amigos (también enemigos), fiel de Susana Díaz, tiró de ironía. "Van a tener que buscar una sustituta de Alaya en la estratosfera o fuera del territorio nacional", dijo. "Busque un juez de Sevilla que no sea amigo mío; a ver si es capaz de encontrarlo. Llevo 34 años en la Fiscalía de Sevilla, ¿no voy a conocer a todos los jueces?”. Alaya no solo ha dicho que su sucesora tiene una estrecha relación con el consejero, a través de su marido, el forense psiquiatra Julio Guija. También apuntó a la relación de la juez con un hermano del exconsejero imputado Ángel Ojeda, Antonio, catedrático de Derecho del Trabajo. Ambos dieron clases en la Escuela Superior de Negocios y Oficial de Práctica Jurídica pero ni coincidieron ni se conocían, según explicaron desde la dirección de este instituto. Ninguna va a poner fácil el reparto al Poder Judicial pero alguien debe tomar una decisión. El caso de los ERE, 271 imputados, cuatro años de instrucción y 850 millones de euros públicos bajo la lupa, tiene desde ya otro frente abierto. Por si fueran pocos.

Andalucía

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