habría que revisar el 80% de la instrucción

El Supremo abre la puerta a descontar del fraude de los ERE 695 millones de euros

El auto de imputación de los expresidentes distingue entre prevaricación y malversación, y asume que gran parte de las ayudas cumplieron su fin pese a la ilegalidad del procedimiento

Foto: La juez Mercedes Alaya había cuantificado el fraude de los ERE en 855 millones de euros. (Reuters)
La juez Mercedes Alaya había cuantificado el fraude de los ERE en 855 millones de euros. (Reuters)

Uno de los mayores escándalos de corrupción en España. Un fraude que asciende a 855 millones de euros. Esta es la cifra con la que la juez Mercedes Alaya ha cuantificado hasta ahora el fraude de los ERE y la que ha tirado por tierra el Tribunal Supremo. La cantidad corresponde al total de prejubilaciones, ayudas directas a empresas y sobrecomisiones repartidas durante una década con cargo al fondo de ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía.

Pues bien, el Alto Tribunal, en el escrito del juez Alberto Jorge Barreiro que pide la imputación de los expresidentes y exconsejeros, asume por primera vez una distinción que puede marcar un punto de inflexión definitivo para el caso. En el auto se señala con claridad que no todo este dinero ha sido defraudado. Asume que buena parte de las ayudas concedidas a los prejubilados han cumplido con su fin original a pesar de que el procedimiento fuera ilegal. Esto podría descontar del fraude millonario un total de 695 millones de euros y obligaría a revisar casi un 80% de la instrucción, según fuentes del caso.

“Ha de entenderse que el hecho de que las concesiones de subvenciones por esa cuantía sean nulas por haber infringido el ordenamiento jurídico no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público. Pues una cosa es que se esté ante la concesión ilegal de distintas subvenciones por diferentes cuantías y otra distinta que todas ellas fueran improcedentes desde una perspectiva sustantivo-material en el caso de que se hubiera seguido el procedimiento legal exigible para su concesión”. Estas palabras recogidas en el escrito del instructor del Supremo (página 44) introducen una serie de “advertencias y matizaciones relevantes” que avalan por vez primera la tesis de buena parte de los imputados, que durante los últimos años han intentado que se acotara el fraude, en gran parte por las fianzas millonarias impuestas y requeridas a muchos de los señalados como responsables de esta malversación.

El Tribunal Supremo asume, a través del auto del juez Barreiro, que buena parte de las ayudas concedidas serían correctas si no fuera por su tramitación legal

El Supremo asume que buena parte de las ayudas concedidas serían correctas si no fuera por su tramitación legal. “Concurren supuestos de concesiones fraudulentas que nunca se debieron conceder y otras de las que sí tendría que hacerse el erario público en todo caso, aunque cumplimentando el procedimiento legal para las concesiones”, añade el escrito. La malversación quedaría por tanto restringida a los intrusos, personas que se colaron en los expedientes de prejubilación y que nunca trabajaron en las empresas, parte de las ayudas directas a empresas y las sobrecomisiones desorbitadas a las aseguradoras que libraban los pagos. Una cantidad nada desdeñable, unos 160 millones de euros, pero muy lejos de la cifra casi milmillonaria calculada hasta ahora por la juez Alaya.

O se rebaja el fraude o deben devolver el dinero

El auto del Supremo ya ha abierto la puerta para que uno de los imputados haya presentado un escrito reclamando la redimensión del fraude y otro de los afectados ultima los trámites para seguir el mismo camino.

La juez María Núñez Bolaños. (EFE)
La juez María Núñez Bolaños. (EFE)

La juez instructora, que en este momento es la nueva titular, María Núñez Bolaños, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dejado el caso en manos de Mercedes Alaya, tendrá que pronunciarse al respecto. Posiblemente, la decisión acabe de nuevo en la Audiencia Provincial de Sevilla. En este caso se abren dos vías que muchas de las defensas consideran definitivas. O se acota la malversación de fondos públicos, lo que abriría la puerta a una cascada de recursos exigiendo que se revisen las fianzas civiles, o se ratifica que todo el dinero fue defraudado. En este caso, el caos podría ser mucho mayor y se tendría que pedir la devolución del dinero a los casi 6.000 prejubilados que siguen cobrando su paga. De los 6.096 trabajadores que cobraron prejubilaciones sólo 126 están imputados en la causa por ser considerados intrusos que se colaron en los expedientes de regulación de empleo, con un fraude de 12 millones de euros. El resto cobraron o siguen cobrando sin que nadie, de momento, les haya reclamado su dinero.

El Supremo, además de haber cerrado el círculo sobre los máximos responsables políticos del fraude en Manuel Chaves y José Antonio Griñán, podría haber hecho tambalear también los cimientos del caso instruido durante cuatro años por la juez Alaya al distinguir entre prevaricación y malversación.

El Supremo podría haber hecho tambalear también los cimientos del caso instruido por la juez Alaya al distinguir entre prevaricación y malversación

En este momento, la instrucción del caso se ha convertido en un caos. Quienes conocen de cerca el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla anticiparon un duelo de titanes entre Mercedes Alaya y su sustituta, María Núñez Bolaños. No se equivocaron. La guerra está ya abierta. Ambas magistradas han recurrido el reparto de trabajo diseñado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dejaba a Alaya al frente de los ERE y la apartaba del resto de macrocausas, cursos de formación y avales fallidos a empresas. Núñez Bolaños recurrió al TSJA porque consideraba que primero debía decidirse la petición sobre la división de la causa en piezas. Alaya, que aún no ha formalizado su comisión de servicio para seguir algunos meses más en el juzgado, ha recurrido al Consejo General del Poder Judicial porque aspiraba a no perder sus grandes casos.

El próximo martes la nueva titular del juzgado ha citado a los peritos del Estado que han estudiado a fondo el apartado de las comisiones a las aseguradoras. La citación sigue, de momento, en pie. Esto supondría, tras las nuevas imputaciones firmadas por Núñez Bolaños, entrar de lleno en faena posiblemente en el que es uno de los apartados más complicados de la instrucción. Una decena de imputados se han dirigido al juzgado para alertar de los efectos “devastadores” de la división del caso ERE en piezas. Mientras, en el Supremo el expresidente José Antonio Griñán, tras los duros recursos de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías contra su imputación, ha solicitado de nuevo que su caso vuelva a la justicia ordinaria tras perder su condición de aforado. 

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