Corrupción y crisis laborales provocan asaltos y violencia en instituciones andaluzas

La evidencia de un fin de ciclo político en Andalucía está provocando episodios de violencia tanto política, con duros ataques verbales entre socialistas y populares, como laboral, con asaltos a consejerías o la quema de los restos de un barco frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, por los trabajadores de Astilleros. La negativa a aprobar comisiones de investigación sobre casos de corrupción como el de los ERE, ha provocado un bloqueo que impide que el magma de las irregularidades se dilucide en sede política. Y, por otra parte, la falta de respuesta del Gobierno andaluz a los conflictos laborales está provocando conatos inesperados de violencia por parte de miles de trabajadores desesperados por el cierre de empresas o impagos de salarios.

Las fuerzas de seguridad se sorprendieron esta semana al ver cómo cientos de trabajadores se daban cita sin coordinarse previamente en Torretriana, sede entre otras de la consejería de Hacienda. Irrumpieron en el local, se atrincheraron ante el despacho de la consejera, y sólo depusieron su actitud al conseguir arrancar una promesa de reunión. Se trataba de prejubilados que llevan meses sin recibir el dinero de los ERE, trabajadores de la planta que Flex tiene en la provincia de Sevilla, sometida a un cierre por la crisis, y de los Astilleros, que temen la desaparición de la factoría. Estos últimos han llegado incluso a meterle fuego a los restos de un barco frente a la fachada de la sede de la Presidencia de la Junta.

Paralelamente, el debate entre la clase política crece en violencia verbal a medida que aumenta el magma de la corrupción sin que se abra la espita de las comisiones de investigación. Es más, las peticiones del PP para que el caso de los ERE se debatiera en el último pleno extraordinario del Parlamento fueron rechazadas por el PSOE, y la sesión terminó con gritos de la bancada popular, “Alcaldes sí, EREs no”, en una bronca que culminó en uno de los episodios más tensos de la Cámara andaluza.

Con miles de trabajadores condenados a su suerte y la corrupción en los despachos de la juez Alaya, sometida permanente a presiones políticas, el fin de ciclo en Andalucía ha creado un ambiente de violencia institucional en el que el Gobierno socialista teme que la debacle que supuso en 22-M y el avance del PP se traduzca en la pérdida del territorio que controla ya desde hace treinta años.

Rajoy y Rubalcaba preparan ya la batalla de Andalucía

La importancia de este embate se refleja en el hecho de que hayan coincidido Mariano Rajoy y Pérez Rubalcaba este fin de semana en Andalucía, el primero visitando Granada y Almería, y el segundo Jaén. La convicción generalizada de que las elecciones se adelantarán y las andaluzas coincidirán con las nacionales el próximo otoño ha agudizado la tensión política en Andalucía. La visita de Rajoy y su encuentro con alcaldes y presidentes de Diputación abunda en la estrategia de Arenas de reivindicar que estos representantes locales puedan estar presentes en las candidaturas de las elecciones andaluzas, frente al veto impuesto por PSOE e IU.

Como adelantó El Confidencial, Rubalcaba le ha impuesto a Griñán que haga coincidir las elecciones andaluzas con las generales si, como se espera, éstas se adelantan, y el próximo lunes cerrarán el plan de trabajo en una reunión que celebrarán ambos en Sevilla. La coincidencia electoral en Andalucía se reconoce ya desde los círculos más cercanos al presidente, donde se ratifica en todos sus términos lo avanzado por El Confidencial.

El propio Griñán, en la última reunión celebrada por el Comité Director del PSOE-A arengó a los cargos del partido para que empezaran a trabajarse la calle, en un discurso de evidentes tintes preelectorales. Javier Arenas, por su parte, en una reciente reunión con su grupo parlamentario, anunció a sus diputados que las elecciones serían en octubre –“Griñán miente cuando habla de marzo de 2012”-, y les conminó a que trabajaran con este horizonte, a pesar del varapalo que los populares han recibido con la decisión de PSOE e IU de impedir que los alcaldes que han sacado mayorías absolutas en las capitales andaluzas puedan ir en las listas en los próximos comicios andaluces.