El juez de Tsunami prevé jubilarse en el momento clave de aplicación de la amnistía

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón está a unos meses de cumplir los 72 años y baraja oficializar su jubilación antes de tiempo, en concreto el próximo verano, precisamente en la etapa clave de aplicación de la ley de amnistía. El instructor de causas tan sensibles como el caso Tsunami o las diligencias sobre los CDRs radicalizados no tiene ninguna intención de alargar su estancia al frente del Juzgado Central de Instrucción 6. Según aseguran a El Confidencial distintas fuentes consultadas, ha comunicado a su entorno que sopesa marcharse antes de la fecha límite fijada en octubre.

La Ley Orgánica del Poder Judicial fija el retiro de los magistrados en los 70 años, pero da la opción de que soliciten, con dos meses de antelación, una prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan, como máximo, los 72. Eso es precisamente lo que hizo Castellón hace casi dos años. El próximo octubre cumple el tope. Sin embargo, la unión de las semanas de vacaciones acumuladas y de los permisos de los que no ha disfrutado le permiten anticipar el momento. La fecha coincidirá con la fase clave de la aplicación de la norma destinada a borrar los delitos del 'procés' ya que la entrada en vigor se prevé para el próximo junio tras la tramitación en el Senado. El texto da dos meses de plazo a los tribunales para proceder.

En los últimos meses, el magistrado se ha convertido en uno de los principales objetivos de las iras del independentismo. Sus decisiones en el marco de la causa sobre Tsunami le colocaron en la diana de Junts y ERC. Diferentes cargos de ambas formaciones le han acusado, incluso desde el Congreso, de "prevaricar" y han puesto en duda en repetidas ocasiones sus intenciones respecto a la aplicación de la amnistía. Han insinuado públicamente que no dudan de que "maniobrará" para quedarse.

El viceconseller del Govern catalán, Sergi Sabrià, lo aseguró a las claras en una entrevista concedida a El Diario. En ella indicó que nadie puede dar la garantía de blindar la ley de amnistía ya que existen "jueces con metralleta" que intentarán "agujerearla". Respecto a Castellón, dijo: "Me han dicho que se jubila en unos meses, ¿no? Pues supongo que lo intentará todo, incluso no jubilarse".

TE PUEDE INTERESAR

El juez de Tsunami abre una vía para no amnistiar a Puigdemont por la "gravedad" de los heridos

Pablo Gabilondo

Estas insinuaciones malintencionadas sobre el magistrado son solo un ejemplo de los insultos y amenazas de las que el instructor ha sido objeto en los últimos meses. Se le ha acusado de tener una "obsesión política" o de buscar "incriminar al independentismo". Ha habido también señales de que el independentismo no descarta proceder penalmente en su contra y que trata de citarle a las comisiones de investigación que se pactaron con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Prórroga hasta julio

El motivo principal se encuentra en el caso Tsunami, un procedimiento que afecta a personas tan sensibles como Carles Puigdemont por la parte de Junts o Marta Rovira y numerosos cargos intermedios de ERC, muchos de ellos huidos en Suiza, nada menos que por delitos de terrorismo. Tras levantarse el secreto de sumario, el procedimiento acabó por implicar al expresident catalán, ahora en manos del Tribunal Supremo. El alcance fue tal que los autos del magistrado fueron tomados por las formaciones indepes como una medida de la amnistía, que fue mutando a golpe de enmienda por su sentido.

TE PUEDE INTERESAR

La Audiencia Nacional retrasará la citación a Rovira para no interferir en las elecciones

Beatriz Parera

La causa está, en la actualidad, prorrogada hasta julio. Quedan pocas diligencias pendientes de practicar. Debe fijarse la citación de los investigados y testigos y tras ella, solo quedará poner fin a la instrucción. Como publicó El Confidencial, el magistrado no quiere interferir con estos interrogatorios en el periodo electoral y su previsión es esperar a que se celebren los comicios en Cataluña para formalizar las fechas de las comparecencias.

Al margen del caso Tsunami, el 6 que dirige Castellón instruyó el procedimiento contra un núcleo radicalizado de los CDR a los que se acusa de planear atentados, sabotajes y un asalto del Parlament para lograr la independencia. El fiscal solicita 27 años de cárcel para ocho de ellos por los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. A otros cuatro los sitúa un escalón por debajo y pide ocho años de cárcel al acusarles solo del primer delito.

El Juzgado instruye, también, la macrocausa vinculada con el comisario Villarejo y acumula dos de las principales causas sobre la corrupción del PP que aún permanecen abiertas: Púnica y Lezo. La primera de ellas arrancó en el año 2014 y ha enfilado ya su última fase antes del cierre definitivo de la decena de piezas que acumula. Por el momento, solo se ha juzgado el chivatazo que recibió el principal acusado, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados. El juicio por la financiación irregular del PP de Madrid está a las puertas.

TE PUEDE INTERESAR

García-Castellón sitúa a Puigdemont como impulsor de Tsunami y prorroga seis meses la investigación

Beatriz Parera Pablo Gabilondo

García Castellón también instruye el caso Lezo, en el que se ha propuesto juzgar al expresidente madrileño Ignacio González, por la compra presuntamente fraudulenta y por unos 30 millones de dólares de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014. En otra de sus líneas se ha instruido la compra de la empresa colombiana Inassa.