La trama de Koldo García utilizó una sociedad en Brasil para ocultar los sobornos

Parte de las millonarias comisiones cobradas por la trama liderada por el asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, acabaron en una cuenta de Brasil. Según precisa un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la empresa que se llevó las supuestas adjudicaciones fraudulentas por la venta de mascarillas en la peor parte de la pandemia, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, transfirió fondos a la compañía Suro Capital Brasil Paricipacoes, con sede en Sao Paulo. El dinero fue depositado en una cuenta de la entidad brasileña Banco Itaú "con objeto de dificultar el seguimiento y la trazabilidad", indica el juez en su escrito.

La red que empleó a Koldo para llevarse los contratos también hizo uso de una sociedad de accionariado luxemburgués: "Se realiza una transferencia por importe de 1.600.150,50 euros, que habría sido destinada a la sociedad Stronghold Credit (...), la cual a su vez tiene como único accionista la sociedad luxemburguesa Stronghold Topco". La querella de la Fiscalía destaca el uso de estos dos países para pedir que la causa se quede en la Audiencia Nacional, entre cuyas competencias figuran las investigaciones sobre "delitos cometidos fuera del territorio nacional".

El dinero viajaba entre las compañías de la trama en un esquema ya tradicional en las causas por delitos de corrupción y los investigadores sitúan tras este entramado al presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, y el empresario José Luis Cueto. De Aldama fue quien captó a Koldo, mientras que Cueto contaba con la estructura empresarial y financiera suficiente para comprar y traer el material sanitario: "Los contratos objeto de investigación (nueve) fueron un proyecto conjunto".

La ocultación de los fondos era una de sus principales preocupaciones de la trama y la Fiscalía rastreó el incremento patrimonial del asesor de Ábalos para afianzar sus sospechas. Ese aumento comenzó a producirse a partir del año 2020 y se prolongó durante dos años. Para desviar la atención sobre esta lluvia de dinero, Koldo presuntamente utilizó a varios miembros de su familia y, como adelantó esta semana El Confidencial, invirtió en distintas propiedades, algunas de ellas colocadas a nombre de su hija menor de edad y pagadas en efectivo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga ahora la posible intervención de terceros en la operativa de ocultación de los ingresos. No descartan que otras personas ajenas al entorno familiar "titulen bienes cuyo titular real sea el propio Koldo", indican los escritos.

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La investigación se centra en la atribución de nueve contratos adjudicados en favor de la mercantil de Cueto por una decisión adoptada en el seno del Ministerio de Transporte, que dirigía Ábalos. Aldama, presidente del Zamora CF, obtuvo con ellos un beneficio de 5,5 millones de euros mientras que Cueto se embolsó 9,6. El gancho para llegar al ministerio y otros organismos dependientes de este fue Aldama, que "gozaba de cierta prevalencia" en el departamento por su "vinculación directa y personal" con Koldo. El auto del juez apunta a que él incrementó su patrimonio en al menos "1,5 millones de euros" y experimentó un notable aumento de "ingresos en efectivo".

La influencia de Koldo

La adjudicación de los contratos se fraguó gracias al paraguas de la tramitación de emergencia a la que empujó la pandemia en sus inicios y se desencadenó gracias a la participación clave de Koldo en el primero de ellos, adjudicado por Puertos del Estado, en el que formaba parte del Consejo Rector: "Tendría capacidad de influencia sobre personal vinculado al Ministerio de Transportes (MITMA) y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados".

Esta primera adjudicación le abrió las puertas del Ministerio del Interior, que le concedió otro contrato de 3,4 millones de euros, mientras a sociedad pública Adif le dio adjudicación de 12,5 millones por la compra de mascarillas FFP2. Los gobiernos de Canarias y Baleares, entonces liderados por el ministro de Política Territorial, Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, también dieron contratos por más de ocho millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

El incremento patrimonial del asesor del exministro se vincula con los pagos recibidos por haber intermediado para que fueran adjudicados a la empresa de Cueto. Para engrasar esa atribución de los contratos, Koldo tiró de sus contactos con altos cargos de Transportes con los que los investigadores han detectado reuniones. Entre ellos, se encuentra el actual subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez García, y el director general de EMFESA, Vicente Calzado.