Puigdemont no se libra de la amenaza del terrorismo en la recta final de la negociación

El informe definitivo de la Fiscalía sobre el caso Tsunami no incluye tan buenas noticias para Carles Puigdemont como podría parecer. El escrito de la teniente fiscal del Supremo se opone a que el alto tribunal abra causa en su contra, pero no lo hace porque descarte que cometiera un delito de terrorismo o porque considere que los hechos encajen en otro ilícito penal, sino porque cree que, de momento, los indicios para imputarle son insuficientes. De hecho, la sombra del terrorismo sobrevuela todo el dictamen, aunque María Ángeles Sánchez Conde tiene especial cuidado en no mencionarlo de forma expresa. La lectura entre líneas de sus argumentos lleva, sin embargo, a comprobar que está muy lejos de apoyar un carpetazo que libre a Puigdemont de la sombra que hace peligrar su amnistía efectiva e inmediata. Y todo esto ocurre en la fase más delicada de las negociaciones sobre la ley de amnistía.

La argumentación completa es un ejercicio de equilibrismo en el que la número dos de la Fiscalía General da una de cal y otra de arena. A favor de la exoneración del líder de Junts, rechaza que proceda que el Supremo arranque ahora un procedimiento. En contra, no apoya un archivo de las actuaciones en lo que le afecta, sino que aconseja que se siga investigando. El terrorismo sobrevuela todo el escrito y en ningún punto descarta que encaje en los hechos cometidos por la plataforma. Se refugia en la necesidad de seguir indagando para justificar que no se produzca de forma inmediata una imputación. Seguir, no dar carpetazo.

Lo que hace es reclamar que se devuelva el caso al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y que regrese de nuevo a la dirección del juez Manuel García-Castellón. Es necesario, considera, "agotar la investigación". Al mencionar a la Audiencia, reconoce de forma tácita que el terrorismo continúa vivo, al menos como posibilidad, dado que es el órgano judicial competente para instruirlo. Los indicios recabados por el instructor no son suficientes "de momento", añade. La ampliación de las pesquisas es lo adecuado, por ello, "en este momento procesal".

La tesis no coincide con la que defendieron la gran mayoría de los fiscales en la Junta celebrada para alcanzar un criterio consensuado. Ellos consideran acreditado que Tsunami es una organización terrorista y que Puigdemont fue su líder absoluto. Muchos sospechaban que la intervención de la teniente iría dirigida a tratar de "salvar" al expresident y dificultar la apertura de un procedimiento por parte del Supremo. Lo cierto es que, a la vista del escrito, Puigdemont no puede confiar en que la ley de amnistía en su actual redacción le garantice un perdón completo e inmediato. La decisión final corresponde, en todo caso, a la Sala de lo Penal, que no se pronunciará hasta dentro de varios días.

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Para aumentar más aún la inquietud del líder de Junts, el escrito incluso destaca la gravedad de unos delitos que no califica. Dice que los hechos "son susceptibles de ser subsumidos en diversos tipos penales", pero agrega que es incuestionable que se produjeron gravísimos incidentes con enfrentamientos con la policía de importante gravedad, produciéndose lesiones y graves daños. "La naturaleza delictiva de las acciones ejecutadas bajo el paraguas o cobertura de Tsunami Democràtic no puede ser puesta en duda y ha quedado constatada", agrega.

No descarta el terrorismo

Sin llegar a descartar que Tsunami fuera un grupo terrorista, vuelve a referirse a la necesidad de investigar más. "La exposición razonada no ha venido precedida de una investigación suficiente para tener por acreditado que fuera una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos". Tampoco ha quedado por ahora acreditado, dice, que su "finalidad esencial fuera subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".

Está claro que con esta argumentación, Puigdemont no puede dar por descontado que el procedimiento llegue, sea ahora o más tarde, al punto en el que se le atribuya terrorismo. La ley de amnistía en los términos en los que está redactada en la actualidad no le ampara. En una de sus últimas resoluciones, el magistrado de la Audiencia —el mismo que según la tesis de la teniente debe asumir de nuevo el caso— apuntaba a la "gravedad" de las lesiones que sufrieron los policías nacionales durante las protestas e indicaba que estas acciones son incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocido en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

La última modificación de la norma antes de que fracasara su aprobación por la falta de respaldo de Junts dejaba fuera de la gracia a aquellos que "de forma manifiesta y con intención directa" causaran "violaciones graves de derechos humanos" como los que recogen precisamente los artículos 2 y 3 del CEDH. La interpretación excluiría al expresident. El escrito de la Fiscalía ha venido así a reforzar la idea del partido soberanista de que el único escape es la eliminación total de la exclusión del terrorismo. La negociación aborda su última fase con todas las posibilidades abiertas.