Los puntos negros de las autobajas de Mónica García que crispan a los sindicatos: "Desprotege a los trabajadores"

Tres días de baja con una declaración responsable del paciente en caso de enfermedad leve y sin que intervenga ningún facultativo. La medida planteada por el Ministerio de Sanidad para evitar el colapso de la atención primaria por el pico de gripe ha enfadado a CCOO y UGT, recibido el aplauso de las sociedades médicas (tras años exigiéndola) y dividido a las comunidades autónomas, muchas partidarias de que sea un sanitario el que siga certificando el trámite. Sanidad debe cerrar ahora con el resto de ministerios implicados la letra pequeña de la propuesta, vigente en algunos países europeos.

Para la Sociedad española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y para Amyts, el sindicato médico de Madrid, la medida se tendría que haber implantado hace tiempo, según detallan a El Confidencial. Consideran que es una herramienta básica para “desburocratizar” la atención primaria y ponen el ejemplo de Reino Unido, Suecia o Portugal. Sin embargo, CCOO y UGT no ven con buenos ojos la idea. En primer lugar, porque nadie les ha consultado. Tampoco a la CEOE, que preguntada por la medida ha declinado valorarla hasta no tener una propuesta en firme.

Pero más allá de las consultas hechas por el ministerio, tanto CCOO como UGT censuran el proceder de la ministra, Mónica García. “Este tipo de propuestas son un poco peligrosas”, defiende Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Sanz apunta que la “responsabilidad del autodiagnóstico” no puede recaer en el paciente, como tampoco lo hace “la prescripción de medicamentos”. “Los trabajadores necesitan certezas cuando se ausentan de su puesto”, añade y critica que el Ministerio de Sanidad pretenda aliviar la sobrecarga de trabajo en la atención primaria con una medida que “desprotege a los trabajadores y también a los empresarios”.

“Los problemas de la sanidad pública se solucionan con más inversiones, con una mejor gestión de los efectivos y con una mayor planificación. Estamos ante un problema de planificación, todos los años, con mayor o menor incidencia, acaba sucediendo lo mismo”, zanja Sanz, que no oculta su sorpresa por una propuesta que García avanzó este lunes en una entrevista en Onda Cero antes de trasladarla a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud.

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UGT también censura la falta de diálogo del ministerio y pone en duda la aplicación de la propuesta. “Todo el sistema opera a partir de una consulta médica inicial (sea una baja como tal o un justificante). Sin esa intervención del médico, no se puede iniciar el periodo de baja”, incide el sindicato, independientemente de si la ausencia es de tres o menos días (lapso de tiempo que no cubre la Seguridad Social y que coincide con el propuesto por el Ministerio de Sanidad para las autobajas) o superior. “Una vez más, el Gobierno, y en este caso la ministra de Sanidad, han preferido dar la noticia antes de realizar la consulta pertinente a los agentes sociales”, concluye el comunicado enviado por la central.

La titular de la cartera de Sanidad, Mónica García, ha subrayado este martes a primera hora en el programa Espejo Público de Antena 3 que la intención de esta medida es "no sobresaturar las consultas de los médicos de Atención Primaria". Además, ha incidido en que, por el momento, solo se ha iniciado el estudio. "Obviamente, vamos a poner en el centro al diálogo social", ha recalcado.

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Pero donde CCOO y UGT ven problemas, las sociedades médicas encuentran beneficios. Paulino Cubero, especialista en medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud General Ricardos de Madrid y miembro de semFyC, pone un ejemplo, el de aquellas personas con migrañas o reglas dolorosas, “dolencias leves con una periodicidad concreta y en las que el paciente sabe el tratamiento, pero al que se le hace salir de casa por un justificante”. Ante estos supuestos y otros similares, como las gastroenteritis, resfriados o gripes leves, los médicos consideran que valdría con una declaración responsable del afectado.

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“A mí si un paciente me dice que tiene una migraña o un dolor intenso de lumbago, me lo creo aunque me pueda estar mintiendo. Ante estos casos no cambiaría nada, simplemente cambia la forma de comunicarlo”, remarca Cubero, preguntado por posibles supuestos de picaresca. El especialista sostiene que el nivel de absentismo en España se sitúa en la media europea, con un 6,6% frente al 18,1% de Francia, el 16,2% de Suecia o el 15% de Austria, por lo que no habría que poner en duda el comportamiento de los trabajadores. No obstante, añade que la Administración debería implementar algún mecanismo para el seguimiento de estas bajas.

También aplaude la propuesta Amyts. El sindicato médico apunta que lleva años, al igual que otras entidades, demandando la medida y defiende su pertinencia por el alivio que supondrá en la carga burocrática de los médicos y pediatras de los centros de salud. “En atención primaria se producen muchas consultas de procesos banales o de corta duración, cuadros que no necesitarían una valoración clínica, pero que ocupan huecos de citas debido a que el trabajador precisa facilitar a la empresa una baja laboral o un justificante”, explican fuentes del sindicato.

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Es uno de los argumentos que también esgrimió el ministerio. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, rechazó las críticas de algunas comunidades, que criticaron esta propuesta y la de recuperar la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud y hospitales y las tildaron de “ocurrencia”. "No puede ser que le digamos a la gente que ante un cuadro leve no necesita ir al médico, pero que tenga que ir al médico para un justificante de baja. Eso es ser ineficientes con nuestra sanidad", apuntó en un mensaje publicado en X (antes Twitter).

Padilla, además, rechazó que la medida sea un simple parche ante la falta de trabajadores o vaya a suponer inseguridad jurídica: “Una persona que no necesita asistencia no necesita que el sistema sanitario haga de validador administrativo de lo que el trabajador puede justificar”.

Y la medida también ha dividido a las comunidades, independientemente de su signo político. Ni en Murcia, ni en Aragón, ni en Baleares ni en Navarra, las primeras gobernadas por el PP y la última por el PSOE, respaldan la propuesta, y defienden la pertinencia de que sea un médico el encargado de supervisar el trámite. Madrid, aunque censura las formas del ministerio, no la ve con malos ojos. “Todo lo que contribuya a descongestionar este asunto bienvenido sea, pero de manera explicada y con conocimiento previo de las comunidades”, apuntan fuentes de la consejería madrileña a El Confidencial, mientras que en Cataluña se felicitan por una medida que habían solicitado previamente al ministerio.