El PP pone distancia con Vox y reivindica su plan para disolver partidos independentistas

El PP cree que su propuesta para "disolver" partidos políticos no tiene nada que ver con la iniciativa que ha defendido Vox desde sus orígenes, y que pasa por la ilegalización de partidos independentistas como Junts, ERC o Bildu. "No se puede perseguir a un partido por sus ideas, pero sí por los actos delictivos que cometen. Y esa es la gran diferencia", justificaba este jueves Miguel Tellado. El portavoz del PP en el Congreso ha convocado de nuevo a los medios para reivindicar su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía, que incluye una reforma para tipificar "delitos de deslealtad constitucional" con penas de prisión de hasta 10 años para autoridades que promuevan declaraciones de independencia y la disolución de formaciones políticas u organizaciones que participen en estas causas.

Tellado ha insistido en que "hay motivos de sobra" para impulsar esta iniciativa, pero ha querido trazar una línea entre su propuesta y la que defiende el partido de Santiago Abascal. "Vox defiende ejecutar la Ley de Partidos" para ilegalizar formaciones políticas, mientras que "nosotros buscamos tipificar actos delictivos en el Código Penal", insistía. A finales de noviembre el PP votó en contra de una moción de Vox en el Senado que pedía ilegalizar formaciones independentistas por su desafío a la soberanía nacional. Y siempre ha evitado apoyar este tipo de propuestas procedentes del partido ultraconservador.

El PP intenta así poner tierra de por medio entre su plan y el de Vox, sobre todo después de que el partido de Santiago Abascal haya salido a degüello contra Génova por defender ahora lo que ellos llevan años proponiendo. "Vox ha propuesto tres veces en el Congreso y Senado la ilegalización de los partidos separatistas, y el PP se ha negado a apoyarlo en esas tres ocasiones. ¿A quién pretenden engañar?", lanzaban en redes sociales.

La enmienda a la totalidad del PP incluye una referencia a una iniciativa de Vox de 2020 —sin citar al partido de Abascal— en que se defendía la posibilidad de impulsar un delito de "deslealtad constitucional grave" para "castigar los intentos de separar parte del territorio del Estado o de una parte de una comunidad autónoma". Pese a poner tierra de por medio con lo que defiende el partido de Santiago Abascal, Génova da forma ahora a una propuesta que, si se hubiese aplicado en 2017 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, hubiese implicado la ilegalización de ERC y Junts tras el procés.

El portavoz popular ha defendido que el PP "no se ha inventado nada" con esta iniciativa, ya que "la responsabilidad penal de los partidos políticos" no es algo nuevo, sino que figura en el ordenamiento jurídico desde 2012, en concreto en el artículo 33.7 del Código Penal. Lo que buscaba el partido de Feijóo es atribuir penas a los delitos que suponen "un ataque a la esencia de la Constitución". "Pretendemos rearmar al Estado ante posibles amenazas", insistía.

El debate de las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía se celebrará la próxima semana. Se celebrará en el Senado por las obras en la Cámara Baja. Ninguna de las dos saldrá adelante por falta de apoyos parlamentarios, pero el plan del PP sienta un precedente que podría ver la luz si Alberto Núñez Feijóo logra gobernar. Con la propuesta, el PP recupera las penas que quedaron extintas con la eliminación del delito de sedición, aunque no plantea, de momento, una iniciativa para endurecer la legislación por malversación que el Gobierno también rebajó tras un acuerdo con el independentismo.