Feijóo mantendrá al PP en la calle ante unas encuestas al alza y una España "indignada"

"Tendrá varias tazas de caldo democrático". Con estas palabras, Alberto Núñez Feijóo adelantaba que el PP seguirá en la calle contra la amnistía y las "concesiones" a Carles Puigdemont. Había dudas en la dirección popular sobre la capacidad de movilización para esta tercera cita en Madrid. La sorpresa fue para bien y se repitió el "llenazo" de las convocatorias de Felipe II y Puerta del Sol, pero el público era distinto, según reconocen en las propias filas de la formación. "Cada vez hay más militantes del PP y menos gente de la calle", sentencian algunos de los que han acudido a las tres convocatorias. Los que ya están curtidos en la oposición advierten de que "ni el 15-M aguantó movilizado" y consideran que el líder debe ir plegando velas para evitar un "pinchazo".

Génova es mucho más optimista, porque los datos con los que trabaja validan su estrategia de seguir con las movilizaciones contra el Gobierno. Las encuestas internas reflejan el malestar de los españoles con los pactos de Pedro Sánchez. Los primeros sondeos se llevaron a cabo a principios de noviembre y se han ido actualizando. En clave electoral, hoy sí lograrían sumar con Vox y sacar al PSOE de la Moncloa. Anotarían 156 escaños. La convicción de que Feijóo puede convertirse en el referente de los nuevos indignados está avalada por la demoscopia: el 46,8% de los encuestados se muestra "muy preocupado" por la amnistía. Preguntados por el nivel de inquietud del cero al 10 (nada preocupado o muy preocupado), la media es un 6,7. Es decir, casi siete de cada 10 españoles muestran reticencias hacia la medida de gracia a los líderes independentistas.

Más de la mitad de los encuestados, según los datos facilitados a El Confidencial, define el pacto con los soberanistas como "chantaje", "ilegalidad" o como un factor de "desigualdad entre los españoles". Apenas un 10% comparte el eslogan de la Moncloa sobre el "reencuentro en Cataluña". "La llama no se apaga, porque el Gobierno echa gasolina", defienden desde la dirección nacional, donde se preparan para fiscalizar cada movimiento. La primera reunión en Ginebra entre el PSOE y Junts y la identidad del verificador es combustible para el PP. Incluso en las filas socialistas han saltado todas las alarmas. El desgaste es cada vez mayor, según reconocen en los territorios, donde exigen "mayor claridad" al presidente. "Exijo en nombre de este país que cese este despropósito", afirmaba Feijóo, mientras hurgaba en la polémica de que el mediador sea un diplomático salvadoreño experto en guerrillas.

Los populares irán ajustando sus acciones y su discurso a los pasos que dé Sánchez dentro de la agenda que le irá marcando Puigdemont. No está previsto que antes de fin de año se celebre una nueva reunión con el prófugo. El PP tampoco ha fijado el calendario de movilizaciones, porque ahora asume que las Navidades provocarán un parón político. Tras la amnistía, el verificador y el lawfare, el siguiente foco estará en las desigualdades entre los españoles que generan las prebendas a los soberanistas a cambio de la investidura. Por esto también ha preguntado el equipo de estrategia del PP. Los resultados son demoledores: el 77,8% de los encuestados está en contra de que se perdonen a Cataluña 15.000 millones de deuda.

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El Ejecutivo ha anunciado que negociará con el resto de comunidades para llegar a acuerdos similares. De hecho, ha intentado dividir a los presidentes del PP, filtrando que algunos ya se han interesado por la condonación de la deuda. Aquí, los barones, como ya hicieron en el Senado, denunciarán el agravio para sus ciudadanos frente a los catalanes. Saben que el "Cataluña nos roba" es un elemento movilizador. El 62,1% de los encuestados es tajante al manifestar que los pactos del presidente con ERC y Junts perjudican a su comunidad.

El debate estará pronto en los titulares, dado que los socialistas tienen ahora que cumplir con los de Oriol Junqueras y celebrar un primer encuentro como ya han hecho con Junts. Aquí, además de las condiciones para un referéndum, tendrán que poner negro sobre blanco las concesiones económicas. Ni siquiera bendice la mayoría de los encuestados el traspaso a la Generalitat de la gestión de los trenes de Cercanías. Casi siete de cada 10 entrevistados se muestran en contra de dar más competencias a ERC. Con la opinión pública descontenta, el presidente intentará contraprogramar con medidas sociales, como la subida del subsidio por desempleo. Calle vs. BOE.