El PSOE autoriza las dos comisiones de investigación para examinar el 'lawfare' que exige Junts

El Congreso da el primer paso para crear las comisiones de investigación para examinar la existencia del supuesto 'lawfare' que exige Junts per Catalunya. PSOE y Sumar han avalado este martes en la Mesa de la Cámara Baja, con el voto en contra del PP, remitir la creación de ambas comisiones al pleno para debatir su constitución, en una fecha aún por determinar. Tanto Junts como ERC condionaron sus votos para que Francina Armengol se hiciese con la Presidencia del Congreso, el pasado 17 de agosto, a la creación de ambas comisiones.

El órgano de gobierno del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, controlado por la mayoría de los partidos del Ejecutivo, también ha avalado remitir al pleno la proposición de ley de amnistía, con un informe favorable de los letrados y el voto en contra del PP. Tanto las comisiones como la norma pueden ser objeto de debate en la Junta de Portavoces del próximo jueves, que podría fijar la fecha para su aterrizaje en el pleno. Hoy por hoy, la próxima semana no está habilitada para celebrar plenos -se puede revertir-, y ya se espera que acoja la sesión de apertura solemne de la Legislatura, con la presencia del Rey-. La siguiente coincidirá con el festivo por el Día de la Constitución, por lo que difícilmente habrá nuevos plenos antes de la segunda semana del mes, del 11 al 15 de diciembre.

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Las comisiones versarán sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, para esclarecer "responsabilidades políticas de cualquier índole", así como sobre la denominada operación Cataluña, diseñada para desacreditar a políticos independentistas. El acuerdo político rubricado por el PSOE y Junts de cara a la investidura de Sánchez sienta las bases para aprovechar las conclusiones de estas comisiones parlamentarias para comprobar si hubo casos de 'lawfare' en alguno de estos casos.

"Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", reza el texto. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como las asociaciones de jueces y fiscales, salieron en tromba ante esta mención al 'lawfare' en el pacto político de los socialistas y Junts, al interpretar que ambos partidos pretendían que, desde el Congreso, se fiscalizara la actuación del Poder Judicial.

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Y, si bien tanto Junts como ERC reclamaron en agosto la creación de ambas comisiones, el partido de Carles Puigdemont registró ambas el viernes, sin contar con ERC, y con el único respaldo del PNV. Entre quienes alentaron dudas sobre el papel del CNI en los atentados de Barcelona y Cambrils se encuentra el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Fue el único compareciente de la tercera comisión de investigación abierta en la Cámara Baja sobre la operación Cataluña, en concreto sobre las actuaciones irregulares del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy contra políticos independentistas. La comisión 'Kitchen tres' se cerró sin culminar sus trabajos, debido al adelanto electoral.

El PSOE reactivó esta comisión, estancada durante meses en el Congreso, tras el estallido del caso Mediador, la trama que afectaba al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo (conocido como Tito Berni). En la primera comisión Kitchen sí se aprobaron conclusiones, con el voto en contra del PP, y se consideró probada la existencia de una estructura policial destinada a "perseguir" a adversarios políticos.

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Por otra parte, el PP exigirá la reconsideración de la admisión a trámite de la ley de amnistía, al entender que nace "viciada". La portavoz del partido, Cuca Gamarra, explicó este martes que se oponen a tramitar la norma porque si los letrados y "juristas de reconocido prestigio" consideraron que la iniciativa presentada en 2021 en sentido similar era inconstitucional, el mismo razonamiento debe aplicarse hoy. "Lo que hace dos años era claramente inconstitucional lo sigue siendo dos años después si no ha habido modificaciones de la Constitución"; "Vamos a registrar de manera inmediata la reconsideración de esta calificación", aseguró en rueda de prensa.

El informe jurídico de los letrados, que no es vinculante, diferencia la norma registrada por ERC y Junts de la del PSOE, al entender que la primera perseguía un indulto general, prohibido por la Constitución. Fuentes del Partido Popular también ha criticado la denegación "a viva voz" del escrito de recusación al nuevo secretario general del Congreso Fernando Galindo, al entender que la Mesa debería haber respondido por escrito, y que la recusación debería haber frenado una decisión apoyada en este informe. Entienden que Galindo, que hasta ahora ejercía como subsecretario en el Ministerio de Política Territorial, debería haberse inhibido de participar en el informe sobre la tramitación de la amnistía, elaborado por el departamento que lidera.También interpretan que este paso les allana el camino para recurrir a la vía judicial.