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El penúltimo viaje del migrante: cómo desplazar a 6.000 personas en tiempo récord
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El penúltimo viaje del migrante: cómo desplazar a 6.000 personas en tiempo récord

El Ministerio de Migraciones cifra en miles los desplazados a la península desde que se intensificaron las llegadas a Canarias, en su mayoría subsaharianos. Las ONG los acompañan a lo largo de sucesivos destinos

Foto: Grupos de migrantes procedentes de Canarias, pasean por los alrededores del barrio del El Toyo, en Almería. (Marian León/Europa Press)
Grupos de migrantes procedentes de Canarias, pasean por los alrededores del barrio del El Toyo, en Almería. (Marian León/Europa Press)
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España es la penúltima etapa de los migrantes que han llegado en masa en el último mes a Canarias. La mayoría no quiere quedarse aquí y busca subir a otras latitudes europeas. ¿Cómo lo hacen si llegan a una isla de la que no pueden salir? Tras ser identificados y atendidos en primera instancia en los recursos asistenciales del archipiélago, entra en funcionamiento un mecanismo en el que colaboran tanto las administraciones como las organizaciones no gubernamentales. En el sistema español, el Estado delega buena parte de las competencias en materia migratoria a las ONG o entidades privadas. El año pasado, por poner un ejemplo, decretó repartir 392 millones de euros entre una veintena de organizaciones sin ánimo de lucro que, a su vez, subcontratan a empresas para tareas concretas, como el catering o la seguridad en los albergues.

Casi todo fue a parar a tres entidades principales. Cruz Roja, que obtuvo la mitad de los fondos (183.991.374 euros), CEAR (70.188.223 euros) y ACCEM (69.090.000 euros). Desde la primera ahondan en cómo está funcionando el operativo desplegado ante la emergencia en Canarias y que permite repartir a los náufragos por distintos puntos del territorio. Mila Núñez es la responsable de la Atención Humanitaria a Inmigrantes del Área de Inclusión Social de Cruz Roja. En las últimas semanas, su trabajo tiene prácticamente un único foco: las islas. Pero comencemos desde el principio. Como es habitual, una vez llegan los migrantes y son atendidos por los servicios de primera acogida, pasan a disposición policial. Allí pueden estar un máximo de 72 horas, entre que se realizan los informes y reseñas pertinentes sobre su situación actual: edad, país de procedencia, si vienen solos o con sus familias, si cuentan con redes de apoyo en otros puntos del país...

A veces, la emergencia se come todo lo demás. Cuando llega una crisis migratoria como la que ahora se asienta en Canarias y empiezan a tensarse los recursos propios, hay que actuar con rapidez. Eso, en otras palabras, quiere decir que no siempre hay tiempo para reasignar a conciencia ni en los lugares más idóneos. El Gobierno aún trabaja en el traslado a la península de muchas de las personas, adultos o niños, que en las últimas semanas se han ido acumulando en el archipiélago por vía irregular y marítima. Si el jueves el ministro José Luis Escrivá estimaba unos 5.000 migrantes trasladados ya a otras comunidades, solo un día después fuentes de su departamento elevaron esta cifra hasta "casi 6.000".

Por el camino se ha topado de bruces con críticas de algunos presidentes autonómicos del PP, que le acusan de no avisar con tiempo suficiente a las comunidades. Pero los desplazamientos continúan. Desde la primera acogida hasta la estancia en albergues insulares y, luego, en el traslado a la península, los inmigrantes con acompañados por trabajadores y voluntarios de organizaciones no gubernamentales. En Cruz Roja acaban de anunciar 4.000 nuevas plazas para la acogida de migrantes tanto en el archipiélago como en el resto de la península. Estas se suman a las 1.700 de las que, aproximadamente, disponían ya en las islas. "Todas prácticamente llenas", puntualiza Núñez, la responsable de la ONG, que incide entonces en la importancia de "organizar traslados tempranos a otras zonas para descongestionar la carga".

El viaje hasta la península

En este sentido, el propio Escrivá ya tildó en reiteradas ocasiones a las comunidades autónomas de insolidarias por no aceptar más migrantes. Sin embargo, Moncloa aún no ataja la crisis en Canarias. Insistió el ministro una y otra vez en que los traslados pactados hasta la fecha, sobre todo en el caso de los menores, son "insuficientes". La responsabilidad es colectiva, como recordaba. Así que hay que dividir responsabilidades. La encargada de esta atención humanitaria en Cruz Roja apunta a que a ellos mismos les está resultando "imposible" cuantificar las personas que están actualmente en sus centros de Canarias porque "la dinámica está siendo rapidísima" y en poco tiempo están dándose muchos traslados. Cuando llega el momento de viajar, sobre todo en el caso de grupos grandes de migrantes, sus trabajadores o voluntarios pueden acompañarlos antes, durante y después del vuelo.

"No se hace siempre, pero sí ocurre cuando son muchos y no hablan el idioma, por ejemplo", reseña Núñez. Luego hay quienes les reciben en el aeropuerto. Una vez llegan a tierra peninsular, no permanecen mucho tiempo en los recursos puestos a su disposición, como pueden ser las instalaciones y hoteles que estos días ven llegar a los náufragos en la península. Ana Rosado, que forma parte del Área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) remarca que en sus dependencias, especialmente desde la crisis en Canarias, permanecen "no más de una semana". Además, incide en que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están "presionando mucho a las entidades para que reduzcan el tiempo de estancia", sobre todo "en los programas de ayuda humanitaria".

APDHA: "El Ministerio presiona a las entidades para acelerar los traslados"

Fuentes de otras organizaciones no gubernamentales consultadas coinciden en esto último: el Gobierno mete prisa para que los traslados se cierren cuanto antes. Hace cosa de un mes que muchos ojos están posados sobre Canarias. El Ejecutivo insular solo tiene competencias sobre los menores de edad que llegan, pues son los más vulnerables y también quienes se encuentran en edad de escolarización, dado que es una materia transferida a las comunidades. Para compensarles, Escrivá ya anunció un desembolso de 50 millones de euros para que en el archipiélago pudieran hacerse cargo de los 4.000 jóvenes migrantes que tutela el Ejecutivo de Fernando Clavijo. Que, recientemente, se veía in situ con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reforzar la coordinación en materia de seguridad y gestión migratoria ante el escenario actual, aunque siempre denotó —e incluso admitió públicamente— más complicidad con el titular de Inclusión.

En este sentido, uno de los principales especialistas en migraciones en el archipiélago, el periodista Txema Santana —que trabajó para el Gobierno canario en la anterior legislatura— denuncia que el Estado se rige por unos protocolos caducos en lo que respecta, sobre todo, a los menores no acompañados. Que la ley no exige al Ministerio el hacerse cargo exclusivamente de estos jóvenes, como sí ocurre con los mayores de edad, es "obvio". Pero, a la hora de la verdad, denota que "la evidencia y la realidad desbordan esta norma", que a su juicio habría que actualizar. "Sería una gran herencia de esta situación humanitaria tan catastrófica el que podamos sacar una posibilidad mínima de que a los menores se les distribuya en base a un sistema estatal de acogida", opina.

Solo en la primera semana de octubre desembarcaron más de 4.300 personas en sus costas, en su mayoría de origen senegalés o subsahariano. Semanas después, la cifra es mucho más elevada. La isla de El Hierro es la cara más visible de este repunte de cayucos, pateras y embarcaciones precarias avistados en el litoral. El Gobierno central, que gestiona los traslados de los mayores de edad a la península a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, apura los tiempos para desplazar a cuantos más extranjeros sea posible hacia otras comunidades. Ante las vicisitudes, Canarias no podrá aguantar todo el peso de la crisis.

Foto: El puerto de La Restinga, en El Hierro, recibió el cayuco con más inmigrantes a bordo del que se tiene constancia. (EFE/Salvamento Marítimo) Opinión

Desde el entorno de Escrivá aseguran haber comenzado el reparto entre comunidades "desde el minuto uno" en el que se percataron de este cúmulo se llegadas. Pero, como viene siendo habitual desde entonces, no detallan cuántos hay ya en cada una de estas regiones. No lo hacen porque las cifras bailan rápidamente y son continuos los traslados entre unas zonas y otras: lo mismo hay quienes pasan dos días en un albergue en Extremadura y luego se abre otra plaza en Aragón, que por las razones que sean —que tengan redes familiares cerca, que haya más recursos disponibles...— resulta más conveniente. Entonces, la persona es reubicada de un lugar a otro. Así que es difícil tener una fotografía fija, según fuentes ministeriales.

Una de las principales complejidades al gestionar este tipo de crisis es la burocracia interna. Hay más de un Ministerio que tienen mano en los asuntos migratorios —Inclusión, Interior, Exteriores...— y sus directrices no siempre coinciden con los deseos de las comunidades autónomas. Dos semanas atrás, el de Derechos Sociales y Agenda 2030, en manos de Podemos con Ione Belarra al frente, pactaba con las regiones el traslado de casi 400 menores llegados a Canarias (396). Hasta el momento, solo Cantabria, La Rioja y Baleares no han recibido migrantes procedentes del archipiélago, mientras que en el entorno de Escrivá confirman unos 2.000 a fecha del viernes en Cataluña o "traslados numerosos" a zonas como Asturias. Otros 200 llegaron al Ayuntamiento de Mérida, cuyo alcalde se ofreció a acogerles ante los ojos del presidente Pedro Sánchez en un mitin socialista.

Con estos datos provisionales se justifican ante las críticas "infundadas" por las que les señalan diversos dirigentes populares, que apuntan a que los desplazamientos se están realizando principalmente a comunidades azules. Lo que, por otro lado, no es de extrañar ya que tras el 28-M gobiernan en 12 de 17 y en las dos ciudades autónomas. Sin embargo, desde el PP se ha acusado al Gobierno de "deslealtad institucional" por no avisarles con menos de 24 horas de antelación de los viajes que se realizarían a sus territorios. No obstante, desde Inclusión insisten en que esos avisos se producen por "cortesía" y no como "obligación", pues para las comunidades autónomas los traslados suponen un "coste cero" —solo en el caso de los mayores de edad— y son ellos quienes, a través de sus redes de acogida, cubren los servicios básicos: comida, alojamiento, manutención, integración, alfabetización...

placeholder El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, estrecha la mano al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá. (EFE/Javier Lizon)
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, estrecha la mano al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá. (EFE/Javier Lizon)

Mientras se resuelve el conflicto competencial, Clavijo mantiene la alerta. El presidente canario catalogaba hace unos días, y no por primera vez, de "insuficiente" e "inadecuada" la actuación de Moncloa ante el flujo constante de migrantes que llegan a sus islas. Ha pedido establecer por ley, y no en función de las circunstancias o la aceptación que trasladen las comunidades, la reubicación sobre todo de los menores no acompañados en otras regiones autónomas, en línea con la reivindicación que hacía el periodista Txema Santana. Este último deja una reflexión final: "Podemos hablar de saturar el sistema, de intensidad de las llegadas o incluso de solidaridad. Pero en realidad lo que hay son niños y niñas que los miras a los ojos y se te cae el alma al suelo. Están solos".

España es la penúltima etapa de los migrantes que han llegado en masa en el último mes a Canarias. La mayoría no quiere quedarse aquí y busca subir a otras latitudes europeas. ¿Cómo lo hacen si llegan a una isla de la que no pueden salir? Tras ser identificados y atendidos en primera instancia en los recursos asistenciales del archipiélago, entra en funcionamiento un mecanismo en el que colaboran tanto las administraciones como las organizaciones no gubernamentales. En el sistema español, el Estado delega buena parte de las competencias en materia migratoria a las ONG o entidades privadas. El año pasado, por poner un ejemplo, decretó repartir 392 millones de euros entre una veintena de organizaciones sin ánimo de lucro que, a su vez, subcontratan a empresas para tareas concretas, como el catering o la seguridad en los albergues.

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