Iberdrola niega ante el juez "manipulación alguna" del precio de la luz y blinda a su cúpula

Iberdrola Generación negó este miércoles ante la Audiencia Nacional "manipulación alguna" del precio de la luz. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de "urdir un artificio" a finales de 2013 para embolsarse más de 21 millones de euros en beneficios, pero, durante la segunda sesión del juicio, el representante de la compañía descartó que haya "ninguna conducta reprochable" y limitó el número de directivos que intervinieron en la formulación de aquella oferta: "En este caso, no llegaba al consejero delegado".

Francisco de Borja García Ruiz, directivo de asuntos jurídicos, fue el encargado de responder en nombre de la compañía: "Iberdrola está en la vanguardia del sistema de cumplimiento normativo", aseguró. "Insisto, Iberdrola está en la vanguardia". Según afirmó durante el interrogatorio del fiscal, "se ha hecho una revisión" de este caso y, aunque el precio de la luz llegara a dispararse hasta un 126% en la etapa investigada, la subida solo respondió a una actuación "consistente en un mercado liberalizado".

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La Fiscalía considera que Iberdrola incurrió en un delito contra los consumidores y pide que sea multada con 84,9 millones de euros. La acusación se extiende a su vez a cuatro de sus directivos para los que pide dos años de prisión. El de mayor rango es el exdirector de Gestión de la Energía, Ángel Chiarri Toscano, y el representante de la compañía quiso dejar claro este miércoles que ninguno de sus superiores intervino en los hechos investigados: "Dentro del sistema de gobernanza, están muy definidas las estructuras", argumentó. "En una empresa tan grande como esta, no está entre las competencias del consejo de administración [intervenir en la oferta]".

De la sequía a las reservas

Este miércoles también declararon José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos, y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global. A diferencia de los otros dos acusados, ellos sí acudían cada jueves a la reunión en la que se decía el plan a seguir con la oferta. "Se aprobaba colegiadamente", aseguró Parandinas, pese la insistencia del fiscal por que señalara a un cargo concreto. "Cualquier opinión tenía que ser confrontada". El directivo apuntó en este sentido a la presencia de toda clase de técnicos y, sobre si recibió alguna instrucción expresa de sus superiores durante aquellas fechas, se mostró tajante: "No".

La Fiscalía sostiene que, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, Iberdrola infló el precio de la electricidad generada por sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo. Según denuncia, esto provocó que otras fuentes de producción más caras, como los ciclos combinados, tuvieran que conectarse a la red: "Ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 de euros". Sin embargo, todos los acusados insisten en que aquella subida respondió a las previsiones que manejaban en aquel momento: "Encadenamos 43 días de una sequía extrema", argumentó Paradinas como máximo responsable a la hora de "arrancar y parar las centrales hidroeléctricas".

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Frente a esta línea de defensa, el fiscal puso el foco en las reservas que manejaban aquellos embalses. Según destacó, algunos tenían "casi el doble" de agua que en el mismo periodo del año anterior, por lo que no alcanzaba a entender por qué no hicieron uso de la misma para evitar la correspondiente subida. Los acusados no cedieron terreno y, una y otra vez, volvieron a apuntar al mismo argumento: las previsiones apuntaban a una sequía y ya habían gastado demasiadas reservas al arranque de noviembre.

Tras la declaración de los acusados, este jueves comenzará la ronda de peritos y testigos. Entre ellos destaca el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria. Como desveló El Confidencial, Soria declaró durante la fase de investigación y apuntó que las relaciones de su Gobierno con Iberdrola no pasaban a finales de 2013 por un buen momento porque el Ministerio de Hacienda acababa de negarse a incluir en los presupuestos generales una partida de 3.600 millones para reducir el déficit de tarifa. El fiscal también ha preguntado por estas supuestas tensiones durante los interrogatorios, pero los acusados han negado que tengan relación alguna con la subida.