El Constitucional prevé decidir sobre el caso ERE en el verano de 2024

El Tribunal Constitucional no tiene previsto pronunciarse en sentencia sobre los recursos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y el resto de condenados en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía hasta el verano de 2024. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial aseguran que los amparos acaban de arrancar su tramitación y no está previsto comenzar a deliberar hasta, al menos, el próximo junio. La decisión correrá así de forma paralela a la tramitación del indulto que reclamaron los afectados.

La Sala Segunda del alto tribunal admitió los escritos presentados por los dos expresidentes de la Junta y los exconsejeros Antonio Fernández y Magdalena Álvarez, entre otros, el pasado junio. En total, 12 de los 15 ex altos cargos socialistas de la Junta condenados por el Supremo presentaron recurso. Todos ellos fueron acumulados y se les contestará en una única sentencia de la que será ponente la magistrada Inmaculada Montalbán.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno inicia la tramitación de los indultos por los ERE de Andalucía

Fran M. Galbarro. Sevilla B. Parera

Aunque la admisión no supone que el TC se manifieste ya sobre el fondo del asunto, la sola luz verde de la mayoría del tribunal de garantías provocó ya roces entre los magistrados. En un voto particular firmado por Enrique Arnaldo y César Tolosa, ambos discrepaban de la justificación de la "relevancia social" del caso que sirvió como motivo principal para aceptar el estudio. Aseguraban que no se hizo con otros procedimientos como Nóos o Gürtel. La admisión se basó, además, en las "consecuencias políticas generales" de la macrocausa.

La sentencia del Tribunal Supremo confirmó las tesis de la Audiencia de Sevilla. En noviembre de 2019, el tribunal hispalense condenó a la cúpula de los gobiernos socialistas entre 2000 y 2010 por su papel en la creación de una fórmula fraudulenta de reparto de ayudas sociolaborales. Con ese mecanismo, la Administración regional bajo control del PSOE repartió 680 millones de euros, algunos de los cuales fueron a parar a intrusos y a personas afines a los socialistas. El doble fallo supuso la impugnación de casi dos décadas de gobiernos del PSOE, los encabezados por Chaves y Griñán entre 1991 y 2013.

La vía del recurso de amparo al TC es paralela a la petición de indultos, que empezaron a tramitarse la pasada semana

Chaves asume una condena de inhabilitación por el delito de prevaricación, mientras que Griñán fue condenado a seis años de prisión porque también sumaba el delito de malversación. Esta diferencia responde al papel de Griñán como consejero de Hacienda de los ejecutivos de su antecesor y, por lo tanto, era el responsable de liberar el crédito que después acabó defraudado a partir de los presupuestos autonómicos. Entre los argumentos utilizados por los dos expresidentes para defender su inocencia estaba precisamente el hecho de que el Parlamento andaluz era el que aprobada en última instancia el reparto de dinero en las cuentas autonómicas. Y ese posicionamiento ha tenido reflejo en un informe elaborado por un letrado del Tribunal Constitucional a partir de uno de los recursos.

"El crédito no delinque", dijo Griñán para defenderse en un momento del proceso. Con esa convicción, los dos expresidentes desplegaron por medio de sus defensas una estrategia para revertir su condena. En el caso de Griñán, además, para evitar la entrada en prisión, algo que solo ha ocurrido después de que se le diagnosticara un cáncer de próstata del que se está tratando. Después de varios meses de incertidumbre, la Audiencia de Sevilla decidió suspender la entrada en la cárcel del político socialista por su enfermedad.

TE PUEDE INTERESAR

Griñán se libra de la cárcel: la Audiencia de Sevilla suspende su pena de prisión

Carlos Rocha. Sevilla

La doble vía esgrimida por las defensas contemplaba acudir al Constitucional si el Supremo rechazaba la nulidad de la sentencia, como acabó ocurriendo. Y al mismo tiempo los condenados solicitaron el indulto. La diferencia entre uno y otro camino es el papel que juega el Gobierno en él. La medida de gracia debe concederla el Ministerio de Justicia, con el desgaste que supondría para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es cierto que no puede hacerlo mientras esté en funciones, pero el solo paso de admitir el trámite ha provocado una oleada de críticas, sobre todo desde el PP.

Lo mismo ha ocurrido con la posibilidad de que el Tribunal Constitucional acabe asumiendo las tesis de Chaves, Griñán y el resto de altos cargos de la Junta implicados en el caso de los ERE. Los populares ven en la mayoría progresista del TC una posibilidad de que esto ocurra. No hay que olvidar que Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y ahora magistrado en el alto tribunal, comenzó en la Junta su carrera política. Y que Inmaculada Montalbán, la ponente encargada de analizar los recursos, recibió la medalla de Andalucía de manos de Griñán en 2012.