La Mesa fijará un criterio único para los errores de las votaciones por lo ajustado de la investidura

La XV Legislatura suma cuatro votaciones y ha habido errores en tres de ellas. Ninguno de los tres diputados que se han confundido, una del PP, otro del PSOE y otro de Junts, han provocado cambios en el resultado esperado, pero el último de ellos sí ha generado una polémica importante. Tanto es así, que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se plantea fijar un criterio único cuando se produzcan equivocaciones por parte de los parlamentarios en votaciones, ya sean telemáticas, presenciales o, como ha ocurrido este viernes, por llamamiento.

Armengol declaró nulo el voto de Eduard Pujol en la segunda votación de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, lo que provocó una aritmética inesperada en el resultado. 172 votos a favor del líder del PP, 177 en contra y un voto nulo después de que el político barcelonés apoyase al candidato y, después, lo rechazase. Algo similar ocurrió 48 horas antes, en la primera votación, pero finalmente el diputado socialista Herminio Rufino Sancho pudo cambiar su voto.

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C. Rocha A. B. Ramos M. Hernández

La diferencia principal entre lo ocurrido el miércoles es que la secretaria de la Mesa que leía los nombres de los diputados el miércoles era Isaura Leal, del PSOE. Es cierto que se equivocó al citar el apellido de su compañero y ese es el argumento que ofreció el político turolense para explicar por qué pudo corregir su posición. Carmen Navarro, del PP, optó en la segunda votación por quedarse con el primer pronunciamiento de Pujol, a favor de Alberto Núñez Feijóo. "No puede haber dos varas de medir diferentes; el martes se dio un no, no puede ser que ahora sea nulo", se quejaron fuentes populares en la Mesa.

Desde la Presidencia del Congreso defienden la actuación de Armengol ante un vacío en el reglamento. Se escudan en la disparidad entre el voto registrado por Navarro (sí a Feijóo) y la corrección de Pujol para justificar la anulación del voto. Pero al mismo tiempo admiten la necesidad de clarificar los procesos de votación para evitar cualquier tipo de confusión. La prioridad resulta lógica si se tiene en cuenta la endiablada aritmética parlamentaria que salió de las elecciones del pasado 23 de julio, aunque hay un precedente en la pasada legislatura, cuando había algo más de holgura para armar las mayorías.

De fondo está lo que ocurrió con el popular Alberto Casero, que se equivocó al votar en la aprobación de la reforma laboral y permitió que saliera adelante. El diputado extremeño erró en el voto telemático, que obliga a pronunciarse en dos ocasiones para evitar errores, pero no fue posible. Enfermo, se personó en el Congreso para intentar solucionarlo, pero no fue posible. "El voto es irrevocable", defienden ahora en el PP, al tiempo que denuncian "precedentes gravísimos" por esta decisión de Francina Armengol.

El fracaso del proceso de investidura de Alberto Núñez Feijóo ya ha dado paso al nuevo intento que será, presumiblemente, para Pedro Sánchez. La ronda de consultas que el rey Felipe VI celebrará los próximos lunes y martes, 2 y 3 de octubre es el pistoletazo de salida para que el presidente ate los apoyos para seguir en Moncloa. Los socios potenciales son ERC, PNV, EH Bildu, PNV, Junts y Coalición Canaria. Y cada voto será clave. Las bromas que se escucharon en el Congreso en la mañana del viernes sobre la importancia de los diputados de llegar para votar daban pistas de ello.

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Tiene sentido entonces que Armengol y la mayoría de PSOE y Sumar apuesten por reforzar los procesos de votación para evitar cualquier desliz. Es cierto que ya existen ciertos sistemas en el voto telemático, que exige una segunda confirmación; mientras que en el voto en el escaño se conceden unos segundos a los diputados antes de registrar el posicionamiento para poder cambiarlo.

Hay una segunda vertiente en esta iniciativa y es el blindaje de la presidenta del Congreso para que no se desgaste en decisiones de este calado. Según fuentes populares de la Mesa, los letrados que asesoran al órgano rector de la Cámara baja han dejado la decisión en manos de la expresidenta balear, que tiene la potestad de interpretar las lagunas del reglamento.