Las medidas que no distinguen por rentas, el último comodín de Díaz que enfurece a la izquierda

Yolanda Díaz quería superar el culebrón de las batallas internas en Sumar para hablar de propuestas concretas, y esta última semana lo ha conseguido. Otra cosa es que, en fondo y forma, el debate sobre las medidas lanzadas desde su coalición no haya arrojado el resultado esperado: de la rectificación de una de sus medidas, que contemplaba la expulsión de periodistas por mentir o manipular, a la herencia universal de 20.000 euros, a cobrar por todos los jóvenes a los 23 años, independientemente de su nivel de renta. Desde la cúpula de Podemos, alojada estos días en la televisión de Pablo Iglesias, pero en actitud de contención, advirtieron de que esta medida les "rompe culturalmente".

Los morados no ven con buenos ojos una propuesta que no tiene en cuenta el nivel de renta de sus preceptores, una prestación que pueden cobrar los hijos de millonarios y los descendientes de trabajadores que cobran el SMI, o menos. Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, y durante tres años dique frente a varias medidas de corte más social —del SMI a la ley de vivienda, pasando por la reforma laboral—, cargaba contra la medida por no discriminar niveles de renta. Al otro lado del ring la esperaban la propia Díaz y el cerebro de todas las medidas económicas de Podemos y negociador en jefe sobre estas materias, Nacho Álvarez. La izquierda abría un nuevo frente.

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Sumar también defiende el carácter universal de otras prestaciones, como la ayuda de 200 euros por hijo menor a cargo. La idea de Álvarez, que hoy viste también el traje de portavoz económico del partido de Díaz, es que esta es la vía más adecuada para esquivar el laberinto burocrático que se interpone entre los más vulnerables y estas ayudas. Sumar buscaba abrir el debate y, por lo pronto, la izquierda se ha dividido ante estas fórmulas. En Sumar, afirman que esta receta es clave para explicar su tendencia creciente en las encuestas. Pero, incluso entre los aliados de Díaz, hay quienes admiten que la herencia universal, que a Podemos le "abre las carnes", según el dirigente Rafa Mayoral, no se ha sabido explicar. El paralelismo con la sanidad pública, aludiendo a su carácter universal, tampoco convencía a gran parte de la izquierda. La medida está en un documento prospectivo del Gobierno de coalición, con la vista puesta en 2050; Derechos Sociales participó en este texto, pero los morados rechazan esta fórmula.

La palabra universal aparece en 48 ocasiones en las casi 200 páginas del programa de Sumar; alude a desde los mecanismos para defender a los consumidores hasta el derecho a comedores escolares gratuitos en todos los tramos de la enseñanza obligatoria. Y reclama "avanzar hacia la construcción de políticas públicas universalistas". En el equipo económico del partido, defienden que las prestaciones focalizadas, como el ingreso mínimo vital, se diseñan para favorecer a grupos que sufren exclusión social, pero, en la práctica, pueden acabar "expulsando" a muchos, por varios motivos.

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Está el fenómeno non take up, que alude a que muchos de los potenciales beneficiarios no llegan a solicitarlas, pero también el hecho, probado con el IMV, de que a menudo es difícil que cumplan los requisitos para recibirlas. El IMV lo gestiona el Ministerio de Seguridad Social, pero su arquitectura fue negociada hace tres años con la cartera de Derechos Sociales. Los mismos condicionantes que deberían evitar entradas indebidas, irónicamente, acaban siendo un muro infranqueable, y el ingreso mínimo vital es el ejemplo más recurrente, explican desde el equipo de Díaz.

Según la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), el 58% de quienes son potenciales beneficiarios del IMV no llega a reclamarlo, como ocurre con otras prestaciones. Bien por no conocer la prestación ni los requisitos, por creer que no los cumplirán —"La percepción de pobreza propia siempre está por debajo del umbral real", afirman desde Sumar— o bien porque entienden que tendrán que afrontar una dura batalla para cobrarlo. La AIReF afirma que hoy apenas llega a 284.000 familias, el 35% de los 800.000 hogares que podrían recibirlo, y que el 69% de solicitudes fue rechazado el año pasado. Se lanzó para beneficiar a 850.000 familias.

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El otro escenario, para el que se han planteado distintos parches, tiene que ver con la incapacidad de los potenciales beneficiarios de probar que cumplen las condiciones básicas; de demostrar los seis meses de antigüedad por unidad de convivencia, un periodo muy extenso para las personas más vulnerables, y que requiere de empadronamiento, al veto a cobrar más de dos prestaciones por vivienda, rectificado a posteriori. "Muchas de las familias en riesgo viven con otras familias, en la misma vivienda", abundan. Y, antes de los parches, se tomaba como baremo el nivel de ingresos del año anterior, independientemente de los ingresos del año en curso. Otra barrera que superar.

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El IMV, que negoció y contribuyó a enmendar Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, era una de las grandes apuestas de Unidas Podemos para la legislatura. En el equipo de Sumar, hoy insisten en que las prestaciones universales son más eficaces y eficientes, evitan "estigmas relacionados con la pobreza y no requieren del despliegue de mecanismos burocráticos", que se pueden proyectar a posteriori. "Si son universales, se acaban concibiendo como auténticos derechos", abundan.

En el arranque de la semana, Sumar apostaba fuerte por esta medida, vendiendo sus bondades en medios de comunicación y redes sociales, y reforzándola en sus argumentarios. Podemos no solo la critica —como cuestiona que el programa de Díaz no incluya el referéndum de autodeterminación catalán—, sino que también presentó objeciones a la interna. De hecho, ha evitado asumirla como propia. No les cuadra que pueda ser considerada redistributiva, pese a que estaría financiada a través de un impuesto a las grandes fortunas. Tampoco que, de esos 10.000 millones, una parte vaya a los hijos de los más adinerados. "Operar sobre derechos es mucho más útil y esto nos rompe culturalmente", advirtió Mayoral. Otra de las colaboradoras de Canal Red y asesora de Podemos, Laura Arroyo, llegaba a afirmar que la herencia universal de Sumar podría haberla propuesto el propio Albert Rivera.

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La herencia universal ha arrastrado a la izquierda, también a los socialistas, ante el espejo. Y, de paso, ha alimentado la percepción de los morados de que el programa de Sumar es "más conservador" que los abanderados por Unidas Podemos en su día. De que Díaz, como vienen advirtiendo desde hace meses, no quiere dar batallas decisivas. "No quieren molestar ni a los bancos, ni a los empresarios, ni a los medios. Ahí hay una grieta entre ambos".