Bárbara Rey y su órdago a Hacienda: la 'vedette' se juega acabar en prisión tras 12 años de pelea

La vida de Bárbara Rey lleva décadas desmenuzándose en prime time, pero cuando ya todo parecía contado, la Fiscalía Provincial de Madrid entró en escena este viernes. El último capítulo llega en forma de escrito de acusación, con cinco páginas que detallan cómo la vedette ha tratado de esquivar sus deudas con la Agencia Tributaria mediante supuestas operaciones fraudulentas desde 2011. La Fiscalía sostiene que Bárbara Rey provocó una "situación de insolvencia" para evitar los pagos y pide tres años y medio de cárcel.

Junto a María García García, que es como se llama la actriz, otras seis personas se sentarán en el banquillo de los acusados: sus hijos Sofía y Ángel Cristo, su hermana Petra, su sobrino Fernando Santos, su amiga Mishell Jannin Hurtado y la empresaria Mónica Lozano. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para ellos por el mismo delito de alzamiento de bienes, pero los sitúa un escalón por debajo, como coautores del entramado que la actriz puso en marcha.

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La factura de Hacienda

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid explica el origen de la batalla de Bárbara Rey con la Agencia Tributaria en dos sentencias a las que ha tenido acceso El Confidencial. Los hechos se remontan a 2011, cuando Hacienda llevó a cabo una inspección por los ejercicios de 2006, 2007 y 2008. La vedette estaba dada de alta en el epígrafe 13, el que corresponde a "actores de cine y teatro", pero sospechaban que estaba utilizando dos sociedades —Producciones Rey e Imagen Porla— para pagar menos impuestos.

El debate de fondo es similar al que ha afectado a diversos actores que, en lugar de pagar el IRPF por su salario, cobraban a través de empresas y tributaban el Impuesto de Sociedades. Recomendado durante años por multitud de asesores fiscales, lograban pagar en torno a la mitad, pero el sistema comenzó a desmoronarse en 2009. Hacienda puso entonces el foco en esta práctica y llegó el turno de Bárbara Rey: en 2013, tras dos años de inspección, la Agencia Tributaria concluyó que debía pagar más de 370.000 euros por los periodos comprendidos entre 2006 y 2008.

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Hacienda incidía para ello en que los ingresos de las sociedades se correspondían casi en su totalidad con los trabajos que realizaba la propia vedette. En 2008, por ejemplo, el 99% de los ingresos de explotación de la empresa Imagen Porla procedía de "su actividad artística": apariciones en los programas de televisión La Noria, Dónde Estás Corazón, Temporada Alta...

Bárbara Rey recurrió estos acuerdos de liquidación y, en 2017, el caso acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En la primera sentencia, del 7 de julio, los magistrados no cuestionaron los argumentos de la Agencia Tributaria, pero echaron por tierra su reclamación de 2006 porque la actuación inspectora "fue superior al máximo legal" y traspasaba el plazo de prescripción. En la segunda, del 18 de octubre, el tribunal siguió la misma línea para tumbar el acuerdo de liquidación 2007, pero mantuvo el de 2008.

De los más de 370.000 euros iniciales, la Fiscalía explica que, en diciembre del 2017, la deuda pendiente quedó en 143.902, pero a esas alturas, la cantidad ya era lo de menos: al mantenerse los acuerdos de liquidación y sanción de 2008, aún cabía acusar a Bárbara Rey de un delito de alzamiento de bienes.

La factura de la Fiscalía

La investigación de la Fiscalía se basa en lo ocurrido a partir del 10 de mayo de 2011, cuando notificaron a Bárbara Rey las actuaciones inspectoras en su domicilio. Ella no sabía a cuánto podía ascender la factura en ese momento, pero lanzó un órdago y comenzó a realizar una serie de operaciones que, según el escrito de acusación, perseguían un claro objetivo: "Provocar en la persona de María García García una situación de insuficiencia patrimonial que imposibilitara satisfacer los créditos reclamados".

La Fiscalía apunta a 13 operaciones en apenas 30 meses: la donación de una finca que tenía en Boadilla del Monte a su hija Sofía, el "reconocimiento ficticio de una deuda" a favor de su hermana Petra, la transmisión del 99% de las participaciones de Producciones Rey a su amiga Mishell, la constitución de una nueva sociedad que absorbía la finca de Totana con su sobrino Fernando como administrador…

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El escrito de acusación considera que todos estos movimientos fueron "ejecutados en connivencia" por parte de los siete acusados, de tal manera que, en julio de 2013, cuando Bárbara Rey supo que debía pagar más de 370.000 euros, ya no había "bienes bastantes" para satisfacer la deuda: "Situación de insolvencia creada", resume la Fiscalía.

Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid llega a tumbar la liquidación de 2008, como hizo con las de 2006 y 2007, todas estas operaciones hubiesen quedado en una anécdota. Sin embargo, al haberse salvado por apenas unos meses de la prescripción, Bárbara Rey tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados junto a sus familiares.

El juicio iba a celebrarse este mismo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid, pero fuentes jurídicas apuntan a que ha tenido que aplazarse porque una de las acusadas se encuentra en "paradero desconocido". El desenlace aún tardará varios meses y, en lugar de domadores de circo, actores o monarcas, pivotará sobre una cuestión mucho más mundana: los intentos por esquivar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).