Buruaga, Lobato, Nuria Roca...: Hacienda gana en los tribunales a los presentadores

La cruzada de Hacienda contra periodistas y presentadores de televisión está cosechando el respaldo de los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid está ratificando las actuaciones contra las sociedades profesionales de periodistas que usaron estas empresas para facturar sus servicios y no hacerlo como personas físicas. En los últimos meses ha desestimado los recursos de empresas de Ernesto Sáenz de Buruaga, Nuria Roca y Antonio Lobato, entre otros, según fuentes del sector. María Teresa Campos es de los pocos que logró justificar el uso de una sociedad para cobrar de televisión.

Durante años, el uso de sociedades profesionales era una norma común. En cuanto un autónomo facturaba mucho, los asesores fiscales recomendaban crear una sociedad y así pasaban a tributar por Impuesto de Sociedades (que ahora está en el 25%) y no por IRPF (que en Madrid llega al 48%). Estas sociedades profesionales tenían un régimen especial hasta 2002 pero entonces desapareció y quedó en un extraño limbo. Años después, Hacienda comenzó una ronda de inspecciones. Abogados, periodistas de renombre, actores, locutores, presentadores de TV, arquitectos... pasaron por la inspección de Hacienda. Algunos pagaron pero otros recurrieron a la Justicia, que últimamente da la razón a Hacienda.

"El beneficio para la persona física es obvio, pues con este actuar elude la aplicación de los tipos marginales más elevados del IRPF"

El sistema comenzó a desmoronarse el 26 de marzo de 2009, cuando el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria emitió una nota llamada "actuaciones inspectoras en relación con contribuyentes que prestan servicios profesionales". Luego llegó el programa de inspección a "socios de despachos profesionales", según explica un fiscalista. El objetivo de ese programa era "regularizar la imposición directa de los socios personas físicas de sociedades profesionales, entendiendo que dichos socios han estado disfrutando de una imposición en el IRPF inferior a la que les hubiese correspondido conforme a derecho". En algunos casos, la Agencia Tributaria incluso intentó ir en vía penal contra algunos bufetes de abogados por la cuantía de la reclamación, pero allí ganaron los profesionales al demostrar que nunca hubo ocultación y que todo estaba declarado.

Sara Muñiz, abogada del Departamento de Contencioso-Tributario de Garrido Abogados, especialista en estos casos, critica que "no hay un tratamiento uniforme en la Agencia Tributaria en estos temas". "Depende caso por caso". Hay veces que la sociedad profesional no tiene medios, sino que se domicilia en la casa del profesional y no tiene empleados. A veces incluso se desgravaban gastos corrientes o de claro uso personal. "Cuando es una persona solo está francamente complicado", señala Muñiz, que describe el patrón de actuación de Hacienda: "La Agencia Tributaria va buscando nuevos filones. Empezó con los abogados, que la mayoría tenían una pequeña sociedad interpuesta que facturaba al despacho grande. Después los artistas, los periodistas, los presentadores...".

La inspección de Hacienda resume con claridad la ventaja fiscal que se obtenía con estas sociedades: "El beneficio para la persona física es obvio, pues con este actuar elude la aplicación de los tipos marginales más elevados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, declarando una bases imponibles notoriamente inferiores a las debidas; mientras que los ingresos tributan en sede de la sociedad conforme al Impuesto sobre Sociedades, aplicando incentivos en el tipo de gravamen como empresa de reducida dimensión, y engrosando además indebidamente el capítulo de gastos, gastos que no tendrían cabida en la parte de la autoliquidación de la persona física que se refiere a los rendimientos del trabajo personal".

Al principio, Hacienda entendía que toda sociedad profesional interpuesta era una simulación, pero después fue matizado y desde 2012 mira si la retribución de la empresa al socio se hace a valor de mercado o no. Es decir, las sociedades podían salvar la inspección si pagaban al socio una retribución aceptable en el mercado y el exceso sí lo tributaban por el impuesto de sociedades.

"La Agencia Tributaria va buscando nuevos filones. Empezó con los abogados, después los artistas, los periodistas, los presentadores..."

Además, hay casos en los que la sociedad profesional sí aportaba al socio, tenía medios o producía programas. En esos casos, algunos han ganado en los tribunales, como lo hizo María Teresa Campos. Esta demostró que la sociedad sí tenía actividad y no era una mera pantalla entre otras cosas porque tenía a sus hijas contratadas, a guionistas e incluso producía un programa en el que no salía Campos.

Muchos de los inspeccionados acataron la liquidación, lo que incluye notables rebajas en la sanción y en la liquidación. Otros pleitearon, lo que suele dar lugar a dos sentencias paralelas: una por impuesto de sociedades a la empresa personal y otra por IRPF al socio. Y la mayoría han ido perdiendo. Por la cuantía de la que se trata, los casos van al Tribunal Superior de Justicia, la mayoría en Madrid. Y los que han intentado llegar al Supremo no lo han conseguido por "falta de interés casacional". Sí ha llegado Antonio Lobato, el comentarista de la Fórmula 1. Este diario intentó el viernes contactar con los tres periodistas pero o prefirieron no hacer declaraciones entonces o no contestaron. El pasado 28 de febrero, el Supremo aceptó revisar su caso pero solo para determinar si la sanción que le impusieron es correcta. Cuentan que hace unos años en alguna tertulia, cuando se pasaba a publicidad, los periodistas criticaban al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por las inspecciones que estaban sufriendo. Y que cuando volvían de la pausa... pues a veces también seguían con lo mismo.