La JEC da 10 días al Parlament para que tome una decisión sobre el escaño de Borràs

La Junta Electoral Central (JEC) ha enseñado la puerta de salida a Laura Borràs como diputada del Parlament. La actual presidenta de la Cámara catalana, suspendida en funciones, ha ganado tiempo, ya que se da 10 días al Parlament y a la propia Borràs para presentar alegaciones, pero en la práctica pone en marcha la cuenta atrás para que Borràs tenga que renunciar a su escaño, a causa de haber sido condenada por corrupción por el TSJC.

La JEC ha abordado este jueves la situación legal de Laura Borràs y su derecho a ocupar el escaño como diputada de Junts en el Parlament, después de su condena por los delitos de falsedad y prevaricación.

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Europa Press

La JEC tenía dos opciones legales: enviar el caso a la Junta Electoral Provincial (JEP) o bien tramitarlo de forma directa. Al final, tras una reunión que se ha alargado varias horas, el organismo electoral ha optado por la vía de la acción directa, pero ha dado 10 días a la vicepresidenta primera y presidenta en funciones del Parlament, Alba Vergés, para que se pronuncie sobre el escaño de Borràs. También abre un plazo a las partes —el Parlament y Borràs— para que presenten alegaciones antes de tomar una decisión. Borràs gana tiempo para mantener su encastillamiento, pero también aumenta la presión sobre su figura.

En los precedentes, la JEC recuerda que el TSJC condenó a Borràs como autora de un delito de prevaricación y que, según el artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg), los condenados por sentencia, aunque no sea firme, son "inelegibles" para desempeñar un cargo público que provenga de la elección.

En referencia a la situación concreta de la presidenta del Parlament suspendida en funciones, la JEC subraya que la prevaricación se enmarca como un “delito contra la Administración pública”. En el escrito, la JEC también cita otras resoluciones judiciales que constatan que las causas de inelegibilidad establecidas en el articulado constituyen una consecuencia automática de la pena impuesta por la sentencia.

Además, recalca que si el Parlamento catalán no aplica la mencionada "inelegibilidad sobrevenida", la administración electoral puede aplicar directamente la Loreg para retirar el escaño y "restablecer la composición del Parlament mediante la expedición de la credencial al candidato correspondiente", que en este supuesto recaería sobre el portavoz de Demócratas, Antoni Castellà, portavoz del Consell per la República, que encabeza Carles Puigdemont desde Waterloo.

La jurisprudencia de Juvillà

En este punto, la Junta Electoral utiliza como jurisprudencia para respaldar su decisión al caso del exdiputado de la CUP Pau Juvillà, que acabó perdiendo el escaño pese al recurso que presentó en el Tribunal Supremo, justo cuando Borràs ya era presidenta del Parlament.

Desde que Borràs dejó la presidencia del Parlament, en agosto de 2022, su despacho se mantiene vacío. Alba Vergés (ERC) ejerce la presidencia en funciones desde el despacho de vicepresidenta. Con la decisión de la JEC, se alarga la agonía institucional que vive el Parlament.

Condenada a cuatro años

Borràs está condenada a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental por adjudicaciones irregulares mientras era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El caso ha aterrizado en la JEC porque Vox, Ciutadans y PP han pedido ejecutarla, al tratarse de una condena por un delito contra la Administración pública —la prevaricación— que permite retirarle el escaño sin necesidad de sentencia firme.