El Supremo avisa de que el Gobierno ha dejado "impunes" los intentos de secesión sin violencia
En cuanto al argumento de que las penas eran "desproporcionadas", critica el "simplismo" del Ejecutivo y recuerda que los países vecinos también castigan el "intento de secesión"
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La derogación del delito de sedición por parte del Gobierno impide castigar los procesos secesionistas que no vayan acompañados por actos de violencia o intimidación. Tras revisar los hechos por los que condenó a los líderes del procés en 2019, el Tribunal Supremo ha advertido este lunes de que la reforma del Ejecutivo abre la puerta al "imaginario derecho a decidir" del independentismo y, por tanto, crea un espacio de impunidad para "conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional".
El Gobierno se escuda en que su reforma sustituye el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados, pero los magistrados echan por tierra esa idea al revisar la sentencia que dictaron contra Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas: "Lo que ha hecho ha sido suprimir, sin más", concluyen. En cuanto al argumento de que las penas eran "desproporcionadas", critican el "simplismo" del Gobierno y recuerdan que los países vecinos también castigan "cualquier intento de secesión".
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El auto del Supremo avisa, además, de que la reforma implica despenalizar el intento de desbordar el orden constitucional del procés y limita la condena a las conductas que se produjeron a su alrededor: la desobediencia, el desvío de fondos y los desórdenes públicos. El desafío secesionista ha dejado de ser el pilar de la causa, creándose entonces "un vacío normativo" ante los políticos que no están "simplemente alterando el orden público", sino "menoscabando las bases constitucionales".
El ejemplo más claro de esta nueva impunidad es la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien en 2019 fue condenada a 11 años y medio de cárcel por sedición, pero, tras entrar en vigor la reforma, pasa a estar condenada solo por desobediencia, que ni siquiera conlleva pena de prisión. Josep Rull y Joaquim Forn se encuentran en la misma situación, pero el Supremo es tajante a la hora de explicar que las consecuencias de derogar la sedición van más allá del procés y afectarán a futuros intentos de autodeterminación.
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"La deslealtad constitucional y el menosprecio a las bases de la convivencia, incluso cuando fueran seguidos de un alzamiento público y tumultuario, no necesariamente violento, no serían susceptibles de tratamiento penal", advierten los magistrados. "La no observancia de las leyes y el incumplimiento de las resoluciones judiciales, si no fueran acompañados de una violencia preordenada a esos fines o no implicaran actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas, quedarían impunes".
El Supremo recuerda en este sentido que la sedición no era un simple delito contra el orden público y castigaba también los ataques a la propia democracia: "Quien para hacer realidad un referéndum no avalado por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y prohibido por los tribunales de justicia moviliza a miles de personas en la ilusionada creencia de que van a ejercer el imaginario derecho a decidir, está menoscabando, sin duda, las bases constitucionales que definen la convivencia".
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Con su reforma, el Gobierno ha pasado por alto que "quien promueve por la fuerza o fuera de las vías legales el incumplimiento de las leyes o las resoluciones judiciales no se limita a perturbar el orden público", sino que también está desafiando las "bases del sistema normativo que equilibra y hace posible la convivencia". Al derogar la sedición, el Ejecutivo impide perseguir ese órdago a la democracia y allana el camino para que el independentismo vuelva a la carga con el "imaginario derecho a decidir".
"El delito de sedición enriquecía los actos ejecutivos con la voluntad de promover la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Ahora el tipo subjetivo queda reducido a la voluntad de atentar contra la paz pública", concluye el tribunal.
La derogación del delito de sedición por parte del Gobierno impide castigar los procesos secesionistas que no vayan acompañados por actos de violencia o intimidación. Tras revisar los hechos por los que condenó a los líderes del procés en 2019, el Tribunal Supremo ha advertido este lunes de que la reforma del Ejecutivo abre la puerta al "imaginario derecho a decidir" del independentismo y, por tanto, crea un espacio de impunidad para "conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional".