El fracaso de la negociación del solo sí es sí impide aprobar la reforma antes del 8-M

El fracaso en la negociación de la reforma de la ley del solo sí es sí entre PSOE y Unidas Podemos, tras casi dos meses de conversaciones, impide no solo que la modificación que defienden los socialistas entre en vigor antes del 8-M, sino que los plazos hacen casi imposible que reciba el aval del Congreso antes de esa fecha. Y aún tendría que lograr luz verde en el Senado. El Partido Socialista presionó el botón nuclear el pasado lunes, presentando su propuesta unilateral de modificación de la polémica norma, desautorizando a la ministra de Igualdad, Irene Montero, e inaugurando la que quizá sea la etapa de mayor tensión para la coalición.

Una semana después de que el socio mayoritario se levantara de la mesa de negociación, UP critica que no se han retomado las conversaciones, e Igualdad vuelve a presionar a los socialistas, a los que durante el fin de semana ha pedido que vuelvan a la mesa. El PSOE registró el viernes la solicitud de tramitación urgente de su proposición de ley, y no llegará a la Mesa del Congreso para su calificación hasta el martes. Distintas fuentes parlamentarias reconocen que los plazos no permitirán aprobarla antes de esta simbólica fecha. El Gobierno quería llegar con los deberes hechos, habiendo frenado el goteo incesante de rebajas de penas a agresores sexuales. Y con la herida que desangra la coalición ya en proceso de cicatrización. El anteproyecto de ley, el embrión del solo sí es sí, vio la luz en Consejo de Ministros días antes del 8-M. Tres años después, el Ejecutivo llega a las puertas de esta cita en plena batalla interna.

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El viernes, el presidente del Gobierno volvió a negar el riesgo de ruptura. “No se contempla”, afirmó Pedro Sánchez, como repiten también entre las filas del socio minoritario. En paralelo, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pedía a los socialistas que “vuelvan” a la mesa de negociación, aunque el eje de estas negociaciones, oficialmente, se ha desplazado hasta la Cámara Baja. Fuera de cámara, tampoco se atisba riesgo real de que estalle el Gobierno, a ninguna de las partes le interesa.

Otra cosa es que haga falta un cambio de estrategia para lograr un pacto que todos consideran necesario. El propio Sánchez, cuestionado por si Igualdad y Justicia deberían llegar a un acuerdo, insistió el viernes en que la negociación ahora "pasa a los grupos parlamentarios". Eso sobre el papel, porque en el PSOE no niegan el rol que pasan a desempeñar en esta etapa María Jesús Montero y Félix Bolaños, la número dos de los socialistas y ministra de Hacienda, y el titular de Presidencia.

Montero ya tenía peso en la negociación antes de la ruptura de puentes, si bien fue la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien elaboró la propuesta del PSOE, y quien se puso a los mandos desde la perspectiva más técnica. Montero y Bolaños suelen estar involucrados en los temas más complejos, o entran en escena cuando se tuercen las cosas. Aunque desde el PSOE señalen a los grupos parlamentarios, en la práctica es Llop la que se ve expulsada de la ecuación. No tanto como castigo, sino para facilitar el entendimiento: Llop siempre se aferró a razonamientos jurídicos, Igualdad hablaba desde el prisma más político. En su entorno niegan que se haya sentido cuestionada, si bien fuentes socialistas reconocen el daño sufrido —y causado— estos días. Una de sus entrevistas de la semana pasada levantó ampollas en el ala socialista, y fue utilizada como munición en la batalla comunicativa por Podemos e Igualdad. El cambio de interlocutores, reconocen fuentes de las dos alas del Gobierno, puede contribuir a destensar la situación: hablaban dos idiomas distintos. Precisamente, Llop ha pedido rigor para no fallar "otra vez". "Ahora necesitamos un texto que sea muy riguroso, porque si técnicamente se falla otra vez y se produjera otro efecto no deseado, la situación sería bastante grave", afirmó en una entrevista con La Vanguardia.

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Al otro lado del ring, distintos actores dentro del espacio Unidas Podemos reconocen que, aunque el Congreso adquiera un papel en esta etapa de negociación, Irene Montero será quien siga al frente, supervisando todos los detalles. La ministra de Igualdad ha presumido estos días de que cuenta con el apoyo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que se ha resistido siquiera a valorar la proposición de ley del PSOE, pero que ha reclamado un alto el fuego a ambas partes.

En Podemos no contemplan hoy un armisticio: repiten que el PSOE ha puesto sobre la mesa una propuesta unilateral que invade las competencias del ministerio de su principal referente política. Sostienen que es muy difícil llegar a una fórmula pactada sobre la base de la propuesta del PSOE, y lo ideal sería, a su entender, retirarla y presentar una proposición de ley conjunta. Esto obligaría a alargar aún más los plazos, pero consideran que no pueden asumir la propuesta de los socialistas, que les haría traspasar sus líneas rojas.

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"El PSOE ha perdido la brújula ideológica porque cree que puede ganar votos por el centro", afirman fuentes moradas. "Ceder con el solo sí es sí solo sirve para que la derecha se envalentone. El PSOE le da la razón a Cayetana Álvarez de Toledo cuando decía que son los jueces los que van a parar este Gobierno", abundan. Entre los socialistas, por su parte, sorprende el empecinamiento de Montero, y escuece que les sigan acusando de querer recuperar "el Código Penal de la Manada". Como les irrita que los morados digan que les "tiemblan las piernas" para soportar las presiones, según Belarra. Los socialistas van perdiendo la paciencia, y el ministro Bolaños reconoció a finales de semana que la ley es "imperfecta", en contra de lo que defienden sus socios.

Salvo que logren un pacto que hoy se perfila muy complicado, el PSOE tendrá que contar con el respaldo del Partido Popular, y por ello quiere sumar al mayor número de grupos posible, para difuminar al PP en esta fotografía.

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Si la reforma llegara a pleno mañana, Unidas Podemos no quiere desvelar qué votaría, pero hay dirigentes que apuntan al no sin titubeos. A su vez, los movimientos entre los socios ya han comenzado: el partido mayoritario del Gobierno tiene garantizados los apoyos de PNV y Ciudadanos para iniciar la tramitación de la proposición de ley; con PP y Vox dispuestos a no cortarle el paso. El PNV ha sido el primero de los partidos de la mayoría de investidura en respaldar la propuesta del PSOE, al considerar que no afecta al consentimiento. Hasta el momento, ninguno de los socios parlamentarios lo ha secundado.

Aún tienen algunas semanas para negociar y fijar posiciones. Pisando a fondo el acelerador, como ocurrió con la supresión del delito de sedición, requerirían de al menos cinco semanas: cerca de un mes para culminar el trámite urgente en la Cámara Baja, y al menos otra semana más para el Senado: contando la calificación de la Mesa (prevista para este martes), la votación de admisión a trámite, el debate de enmiendas de totalidad, la elaboración del dictamen y su refrendo en pleno, la ley no puede ver la luz antes del 8 de marzo. Las revisiones de penas seguirán teniendo lugar entonces, y ni siquiera podrán vender un acto legislativo firme para prevenir que los agresores sexuales puedan seguir viendo rebajadas sus penas a futuro.