Interior achaca a un trámite con Marruecos el retraso en expulsar al yihadista de Algeciras

El presunto yihadista de Algeciras no debía estar en España cuando este miércoles acuchilló hasta la muerte a un sacristán y dejó herido grave a un sacerdote. Desde el mes de junio tenía incoado un expediente de expulsión por encontrarse en situación irregular, pero nunca se ejecutó. Eso a pesar de que la Policía culminó el procedimiento y le notificó la resolución definitiva el 3 de noviembre, informan fuentes policiales a El Confidencial. El Ministerio del Interior precisa a este periódico que la expulsión estaba a la espera de un salvoconducto para poder deportarlo a Marruecos, un trámite burocrático con las autoridades magrebíes necesario cuando el extranjero carece de pasaporte.

Entre la incoación y la notificación del decreto de expulsión transcurrieron algo más de cuatro meses. Esto acredita que los plazos de la Ley de Extranjería permitían la expulsión del individuo mucho antes de su ataque este 25 de enero. Lo impidió la burocracia al carecer de pasaporte. Falta por aclarar si se llegó a pedir a Marruecos o si fueron las autoridades marroquíes las que frenaron el proceso una vez solicitado el documento por parte de España. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial explican que en España no se puede expulsar a cualquiera por el mero hecho de estar en situación irregular, pero uno de los agravantes a tener en cuenta es carecer de pasaporte, según el Tribunal Supremo.

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Europa Press

Se entiende que desprenderse de ese documento es una forma de evitar a la Justicia, especialmente si no ha hecho ninguna gestión para renovarlo de nuevo. Carecer de pasaporte también es motivo para tramitar su expulsión por la vía preferente, la más rápida. También se le puede pedir un internamiento cautelar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para tratar de garantizar la expulsión. La decisión de deportación la firma una delegación o una subdelegación del Gobierno y es ejecutiva, inmediata. Pero no se puede expulsar a alguien a un país que no es el suyo. La autoridad necesita una prueba de que esa persona es de un país y no de otro, precisan las fuentes consultadas.

Se acude al consulado correspondiente para otorgar un salvoconducto al afectado. Ese país hace antes sus averiguaciones para acreditar que es un nacional suyo. Se comprueba, por ejemplo, si ya se le concedió un pasaporte en el pasado, el registro civil nacional, vínculos familiares o cualquier indicativo similar que sirva para identificarlo y acreditar el origen. Sobre el tiempo que pueden durar estas gestiones, las fuentes consultadas afirman que no suele tardar más de 30 días si el extranjero ha sido derivado a un CIE. Añaden que en el caso de marroquíes como Yassine Kaanja, si no se ha pedido internamiento, simplemente queda en libertad a la espera.

El dato de los procedimientos culminados con deportación apenas representó un 7% en 2022

Es poco habitual que las fuerzas de seguridad acudan a un domicilio a buscar a algún extranjero una vez se tiene toda la documentación para expulsarle. Ese escenario se da solo en casos muy contados y ante perfiles muy delincuenciales. No era la situación del asesino de Algeciras, que hasta esta semana no contaba con antecedentes, ni en materia yihadista ni por delitos comunes. Lo que sí sucede con mayor frecuencia es que la comisaría le convoque para comunicar "un asunto de su interés". Fuentes consultadas advierten que esa citación genérica ocultando el motivo ha sido declarada ilegal por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Muchos extranjeros en situación irregular intuyen el motivo de la llamada y por eso evitan acudir a la sede policial.

La situación del presunto yihadista Yassine Kaanja ha puesto sobre la mesa el bajo índice de expulsiones ejecutadas respecto a los expedientes que se inician. El dato de los procedimientos culminados con deportación apenas representó un 7% en 2022, año en el que se abrieron 35.000 casos y se expulsó a 2.600. Son cifras pírricas, especialmente desde la pandemia, cuando se cerraron las fronteras nacionales de muchos países de retorno. El ministro Grande-Marlaska pone en valor que España está por encima de la media europea y que van recuperando el ritmo, pero aún lejos de la etapa anterior al covid. En 2018 y 2019 crecieron hasta superar las 11.000 expulsiones.

Uno de los motivos que explican estos datos es la falta de colaboración de los países de origen o los llamados cupos de retorno. Influyen la necesidad de recursos humanos [policías que conduzcan a los deportados], medios de transporte y presupuesto para sufragar desplazamientos de forma fluida. Expertos en materia de extranjería, acostumbrados a litigar en los tribunales sostienen que Marruecos suele colaborar con España en estos trámites. Ambos países celebrarán en Rabat la semana que viene una cumbre al más alto nivel con presencia de múltiples ministros de los dos gobiernos. La cooperación policial en materia migratoria será capital en las reuniones.