Ayuso eleva el órdago de Sánchez: bonificará el transporte público al 60% desde febrero

Isabel Díaz Ayuso ha recogido el guante de Pedro Sánchez con la bonificación a los transportes públicos y se lo ha devuelto con una ampliación mayor de la que el Gobierno ha pedido a las comunidades. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles en su balance de 2023 que su Ejecutivo pondrá el 20% de la ayuda en enero y que elevará el porcentaje al 30% desde febrero. Con el otro 30% que aporta el Ministerio de Transportes, el transporte público en Madrid tendrá una bonificación del 60%. Todo esto a pesar de las críticas que recibe el Gobierno central de comunidades socialistas y populares por vincular la aportación estatal a que las regiones pusieran su parte correspondiente.

"La situación económica todavía está desbocada y las clases medias y las personas más vulnerables todavía están muy afectadas", ha defendido Ayuso para justificar su aportación, en la que también incluye la gratuidad del abono transporte para los mayores de 65, que comenzará a funcionar el 1 de enero, y otras medidas ya en vigor como el abono joven para los menores de 26 años a 20 euros y la gratuidad para menores de 7 años. La dirigente popular defiende además que la Comunidad de Madrid ya aporta el 70% del coste de los viajes en transporte público de forma estructural.

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Además de Madrid, que ya mostró su disposición tras el Consejo de Ministros, hay al menos otras ocho comunidades que han anunciado que se adherirán a la rebaja del transporte público. Y son de distinto color político. Galicia, donde también gobierna el PP, ya aprobó la pasada semana su bonificación del 20% y el Ejecutivo murciano de Fernando López-Miras anunció en agosto que ampliaría su parte de la ayuda para 2023. Tras mantener la incertidumbre tras el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez, este miércoles el popular Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado que añadirá su 20% para seguir bonificando el transporte en el primer semestre del año.

Los gobiernos socialistas de Navarra y La Rioja también se posicionaron el martes a favor de aplicar la rebaja, como venían haciendo este año y lo mismo ha hecho este miércoles el extremeño Guillermo Fernández Vara, cuyo Ejecutivo mantendrá la gratuidad del bus interurbano durante todo el año. Cataluña y Euskadi (donde el PSE forma parte del gabinete) también han optado por sumarse a pesar de que las competencias son más complejas en estos dos territorios.

El caso de la Comunidad Valenciana es llamativo, ya que, como Andalucía, no aportaba formalmente su 20% adicional hasta ahora y tendrá que hacerlo desde el 1 de enero para mantener la ayuda estatal. El Ejecutivo del socialista Ximo Puig, aplicaba sus propios descuentos, como el abono gratuito para los menores de 31 años y ahora se sumará al resto de comunidades, según informaron fuentes de la Conselleria de Política Territorial y Movilidad.

Valencia, que no aportaba hasta ahora su 20% adicional, anunció que lo hará desde el 1 de enero para poder recibir la ayuda estatal

El anuncio de la dirigente popular confirma que la capital se sumará a esta medida ya ensayada en 2022, pero que no estaba asociada hasta ahora a que los gobiernos regionales aportasen dinero propio. Por eso el martes el Ejecutivo aragonés de Javier Lambán habló de "chantaje" a pesar de que están estudiando si tienen capacidad presupuestaria para sumarse al Gobierno central. En una situación similar está Andalucía, que se ha referido a la condicionalidad impuesta por Sánchez como una "amenaza". El Gobierno de Juanma Moreno todavía no tiene claro si pasará por el aro para poder seguir recibiendo el dinero de la Administración central.

La consejera andaluza de Fomento, Marifrán Carazo, ha criticado la falta de "consenso" y de información sobre esta medida. "Es poco serio", ha insistido antes de recordar que Andalucía acaba de aprobar su Presupuesto para 2023 y ampliar los créditos para bonificar el transporte en un 20% supondría un ajuste inesperado que se está valorando en la Consejería de Hacienda. Hasta este mismo miércoles, el Gobierno central no había abonado al andaluz los 13,5 millones que le debía por la bonificación de este trimestre, ya que se trata de ayudas que deben adelantar las comunidades y luego abonar el Ejecutivo.

"Un Gobierno serio tiene que tratar a las comunidades como mayores de edad", se ha quejado Carazo, que también ha defendido medidas propias, como el descuento por la compra de la tarjeta multiviaje o el bono joven que funciona desde el pasado 1 de enero y que reduce hasta la gratuidad los viajes en los transportes que son de competencia autonómica en función de la renta de los beneficiarios.

Junto a Andalucía, Castilla-La Mancha y Cantabria se mantenían en la incertidumbre y confiaban en tomar una decisión una vez que se conociera la redacción definitiva del real decreto con las medidas del plan anticrisis aprobado por el Gobierno central en el Consejo de Ministros de este martes. Hay que tener en cuenta que tanto Canarias como Baleares no tienen que tomar ninguna decisión al respecto, ya que cuentan con una excepción presupuestaria y el uso del transporte público es gratuito en ambos archipiélagos.