El PP apela a Bruselas para tumbar a Marlaska por la tragedia de Melilla

El Partido Popular vuelve a mirar a Europa para tratar de parar los pies al Gobierno. Alberto Núñez Feijóo busca una rectificación que "retrate" a Pedro Sánchez, pero el presidente socialista ha demostrado una excelente capacidad de resistencia ante las múltiples y graves polémicas que le salpican. A última hora de la tarde del martes, los focos de la sede nacional de Génova volvieron a encenderse. No hubo ningún anuncio. Solo se quiso verbalizar, en boca de Esteban González Pons, que el ministro Fernando Grande-Marlaska debe dimitir de forma urgente —o ser cesado— por la nueva investigación que apunta a que mintió sobre lo que sucedió en Melilla el pasado 24 de junio. Ni siquiera había terminado de hablar cuando el Ministerio del Interior emitió un comunicado donde negaba la mayor y tachaba de "conjeturas" las informaciones periodísticas. Otra bala perdida para el PP.

Génova cree que la única que puede frenar o, al menos, apercibir la "deriva autoritaria" de Sánchez es Bruselas. Y han comenzado a extender ese temor. En privado, fuentes de la dirección ya advierten de que, si el Gobierno no asume "responsabilidades políticas" por lo sucedido en Melilla, existe un "alto riesgo" de que la Comisión Europea abra un expediente sancionador a España por mirar hacia otro lado en un suceso en el que fallecieron decenas de inmigrantes de forma trágica, algunos de ellos en suelo español. Este es el punto que confirman varios trabajos periodísticos internacionales y que rechaza el Ministerio del Interior para evitar otra hecatombe gubernamental.

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Fernando Grande-Marlaska comparece este miércoles en el Congreso, pero no ha cambiado un ápice su versión de los hechos. Y la presión comienza a ser insoportable, no solo de parte de la mayoría del arco parlamentario sino, como advierte el PP, de parte de la Unión Europea. Este martes, la comisaria europea de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, puso también en cuestión la actuación que siguió el Ministerio del Interior por las devoluciones en caliente que se hicieron en la valla "sin ningún procedimiento legal", e incidió en el peligro de contribuir a las violaciones de los derechos humanos cometidas por Marruecos.

El PP ve al Ejecutivo al borde del precipicio en este asunto y no dejará de agitar a sus colegas europeos para hacerse con la cabeza de Grande-Marlaska y forzar, así, una crisis de Gobierno. Los populares recuerdan, además, que la presidencia europea de Sánchez está a la vuelta de la esquina, un caramelo demasiado jugoso para un líder que, según el análisis de Génova, ha comenzado ya a buscar asiento en la esfera internacional por si las urnas no le sonríen en 2023. No en vano, los asuntos que Europa puede mirar con lupa comienzan a acumularse en la Moncloa.

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EFE

El enlace del PP en esa estrategia es, precisamente, Esteban González Pons, el cicerone de Feijóo en el ámbito bruselense. El dirigente no dudó en poner el foco en el alcance internacional de la polémica de Melilla. Solo unas horas antes, el eurodiputado siguió la misma estrategia en lo relativo al nombramiento del exministro Juan Carlos Campo y de la exasesora de la Moncloa Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, un nuevo "asalto institucional", un "golpe" a la "separación de poderes" y una "violación del Estado de derecho".

Durante una entrevista radiofónica a primera hora de la mañana del martes, Pons no tardó más que unos segundos en avisar de las represalias que podría tomar la Unión Europea al respecto. Y fuentes de Génova añaden, además, que valoran emprender una ofensiva en Bruselas para evitar que "miembros del Ejecutivo pasen a formar parte del Tribunal Constitucional". "Una intromisión como la que se está produciendo no creo que vaya a pasar desapercibida ante los ojos de las instituciones europeas, que ya han llamado la atención sobre la necesidad de garantizar la independencia del poder judicial", reiteró en la jornada del martes Cuca Gamarra, secretaria general del PP, que avanzó que "cumpliremos con nuestra responsabilidad".

A ojos de Génova, la última maniobra judicial del Ejecutivo es mucho más grave que el nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia socialista, como fiscal general del Estado y recuerdan que, antes de que la última negociación para renovar el CGPJ saltase por los aires, PSOE y PP habían acordado una serie de criterios de idoneidad para el poder judicial que garantizaban su independencia. González Pons vaticinó, además, que la "vulneración total de la separación de poderes" pergeñada por Sánchez formará parte del informe del Estado de derecho de la Unión, que se publicará el próximo mes de junio.

En su última edición, Bruselas solicitaba a España la renovación urgente del CGPJ bajo los "estándares europeos", es decir, con la máxima de que la mitad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces elija a sus pares, precisamente el modelo que venía defendiendo el PP. También recordó Europa que el Gobierno no puede tomar decisiones que afecten a "la percepción de independencia" de los órganos judiciales. Las advertencias del informe eran prácticamente calcadas a las que se emitieron en 2021. Pero 2023 cuenta con un hándicap para Sánchez, al que corresponde la presidencia del Consejo Europeo de julio a diciembre, justo antes de las próximas elecciones generales.