El Gobierno vasco rechaza el traslado de etarras a sus cárceles por "falta de arraigo"

El Gobierno vasco, que preside Iñigo Urkullu (PNV), ha rechazado la petición de varios presos de ETA de cumplir sus condenas en prisiones de Euskadi y el motivo alegado es la "falta de arraigo" en la tierra por la que decían llevar a cabo sus crímenes. Esta negativa a acoger a reclusos de la banda terrorista se ha producido al menos en cinco casos desde que el Ejecutivo nacionalista asumió las competencias de prisiones, el 1 de octubre pasado.

La consejera de Justicia del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, admitió este jueves este rechazo durante una entrevista en los micrófonos de la radio pública vasca. “El traslado de los presos obedece a las necesidades personales o situaciones personales de cada una de las personas internas. El modelo penitenciario vasco está basado sobre todo en la resocialización una vez que hayan cumplido las condenas. Está basada en el arraigo y existen muchas formas, no solo por el nacimiento”.

“Puede haber gente —explicó— que haya cometido el delito aquí [País Vasco], que haya comenzado un proceso de reinserción, que esté trabajando con entidades dentro de los centros y que, por tanto, también tenga arraigo. Pero hay gente que no tiene ese arraigo: para que el modelo que nosotros queremos poner en marcha tenga éxito, exigimos o pedimos que se cumplan una serie de requisitos y uno de ellos tiene que ver con el arraigo de las personas. Ese arraigo implica que, cuando se producen solicitudes, se valoren y se estimen o se desestimen. Y es lo que venimos haciendo y vamos a seguir haciendo”.

"Tratamos y analizamos con el mismo rigor y con la misma prudencia todas las solicitudes"

En total se han recibido 310 peticiones, de las que se han rechazado 200, entre ellas, las de estos cinco etarras. Fuentes de la Consejería de Justicia del Gobierno vasco confirman a este periódico que son peticiones de presos etarras que estaban cumpliendo su condena en cárceles de fuera de la comunidad vasca. “En la cuestión relativa al arraigo y en concreto a los presos de ETA, tratamos y analizamos con el mismo rigor y con la misma prudencia todas las solicitudes que nos hacen las personas que quieren venir a los centros penitenciarios vascos, independientemente del delito que hayan cometido”.

“De los presos de ETA que han solicitado el traslado a Euskadi, después de hacer ese análisis, también hemos entendido no adecuados cinco casos que se nos han planteado porque no cumplían el requisito de arraigo. Creemos que tenemos que ser escrupulosamente rigurosos”, ha sentenciado. Esta semana, el asesor del Gobierno vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, dijo en una entrevista concedida a 'El Correo' que se reciben "peticiones de lo más variopintas". No se refirió expresamente a ETA.

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Fuentes del Gobierno eluden detallar los nombres de los etarras rechazados. Las palabras de la consejera han cogido por sorpresa al entorno de los terroristas que habitualmente contacta con ellos y los visita en las prisiones, según las fuentes consultadas por El Confidencial. También a miembros de la izquierda 'abertzale', quienes ya hacen gestiones para conocer el contexto de esos rechazos. Apuntan como posibilidad que se trate de presos navarros que buscan mejoras penitenciarias en cárceles vascas y al mismo tiempo estar cerca de sus familiares. Desde el Ejecutivo de Navarra, descartan que los etarras sean procedentes de la comunidad foral. El Ejecutivo vasco siempre ha negado trato de favor a los internos de ETA.

Etarras nacidos fuera de Euskadi

La historia de ETA incluye pistoleros que se unieron a la banda sin haber nacido en el País Vasco o Navarra. Fue el caso de Dolores López Resina, nacida en Almería. El último listado del Colectivo de Presos, publicado en julio, la ubica en la cárcel de Logroño, una de las más cercanas a Euskadi. En Palencia nació el sanguinario etarra Antonio Troitiño, autor de decenas de asesinatos y fallecido en diciembre. En el pasado, hubo ejemplos más extraños como el de la alemana Petra Elser, condenada en Francia por pertenencia a ETA. Quedó en libertad hace años.

El Gobierno de coalición que forman PNV y PSE recibió el 1 de octubre de 2021 la competencia para gestionar los centros penitenciarios del País Vasco. Cuentan con tres cárceles: Basauri (Vizcaya), Martutene (Guipúzcoa) y Zaballa (Álava). Tanto Basauri como Martutene son cárceles viejas y no especialmente grandes. La primera es de 1966 y apenas tiene 89 celdas. La segunda fue construida en 1948 y tiene 115 celdas. Pero Zaballa fue inaugurada en 2011, cuenta con 720 celdas y no está completa, según la consejera de Justicia.

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La cárcel de Navarra, de 2012 y con 504 celdas, sigue siendo competencia del Gobierno central. Durante todo este tiempo, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha decidido el traslado de decenas de etarras a ambas comunidades autónomas. La actual política penitenciaria ha puesto fin a la dispersión de etarras, que llevaban décadas distribuidos por cárceles de toda España para evitar que se retroalimentaran en su radicalismo y así avanzar en su reinserción. Actualmente, hay 179 presos de ETA en España, de los cuales 136 ya cumplen condena en el País Vasco y 11 en Navarra, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

La decisión recae sobre el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, pero pierde esa potestad una vez el recluso llega al País Vasco o Cataluña, la otra comunidad con las competencias transferidas. Consultado por este periódico, Interior tampoco conocía el caso de estos cinco presos rechazados por el Gobierno vasco. Cualquier preso tiene derecho a pedir un traslado de cárcel. Existen precedentes significativos como el del etarra de 71 años Carlos Trenor.

La Audiencia Nacional le negó el traslado al País Vasco en 2015. El auto de la Sala de lo Penal argumentaba la situación previa a la dispersión iniciada en 1987, cuando se llegó a agrupar a los presos. “Provocó que crearan entre sí un fuerte vínculo y cohesión, ejerciendo presiones sobre las respectivas direcciones de los centros”. El juez que redactó este auto fue el actual ministro, Fernando Grande-Marlaska. ETA decretó en 2011 el cese definitivo de su violencia y se autodisolvió en 2018 ahogada por los golpes policiales y sin la capacidad de forzar al Estado a una negociación. Dejó más de 800 asesinatos, de los cuales un tercio sigue sin resolver.