Interior lleva al etarra Txapote al País Vasco en el traslado más numeroso hasta la fecha

El histórico pistolero de ETA, Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’ seguirá cumpliendo condena en una cárcel del País Vasco, según avanza a El Confidencial fuentes conocedoras de la decisión. El sanguinario terrorista está condenado por el asesinato del joven concejal del PP Miguel Ángel Blanco, tras un secuestro que conmocionó a España del que se han cumplido 25 años este verano. El Ministerio del Interior le ha incluido junto al menos otros doce internos de la banda en su último traslado desde cárceles del territorio nacional. Es el mayor movimiento realizado por el Gobierno hasta la fecha y la lista alberga otros nombres históricos de la organización criminal.

Entre los beneficiados también está Henri Parot, cuyo caso dio nombre a una doctrina sobre redención de penas que retrasaba la salida de la cárcel de los terroristas, violadores y otros presos con condenas muy elevadas. La derogación en Europa de esta norma de los tribunales españoles supuso la excarcelación repentina de decenas de terroristas. Otros etarras que irán al País Vasco son Manex Castro, José Antonio Zurutuza, Aitor Aguirrebarrena, Oscar Celarain, Jon Bienzobas, Juan Manuel Inciarte, Eider Pérez, Igor Solana, Juan Luis Rubenach y Felix Alberto López de la Calle. Nueve de los acercados tienen delitos de sangre.

Txapote también fue condenado por el asesinato del líder del PP de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa o José Luis López de Lacalle. Según fuentes de la lucha antiterrorista, su carácter irredento le había reportado figurar siempre en el furgón de cola de todas las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez favorables al final de la dispersión de presos de ETA. Fue de los últimos en salir de las cárceles del sur de la península, reservadas a los etarras menos proclives a la reinserción. El año pasado fue acercado desde la cárcel de Huelva al centro penitenciario de Estremera, en Madrid. En la misma prisión, en los módulos de mujeres, estaba su pareja, Irantzu Gallastgui, condenada también por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

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Con motivo del aniversario de aquel atentado, El Confidencial desveló una conversación de ambos mantenida en 2019 con un tercero que les había visitado en la cárcel. Txapote justificaba así su pasado terrorista y su negativa a aceptar la legalidad penitenciaria, como habían hecho otros compañeros de la banda: “Es que si quieres una revolución, te tienes que mojar y pagar la factura. Vamos, que esa es la lección que yo he sacado”. La pareja daba muestras de no estar de acuerdo con la política institucional que han adoptado los herederos de la vieja Batasuna, el brazo político de ETA. “Nosotros ya no sentimos a Sortu. Euskal Herria necesita la antigua generación, eso es lo que hace falta”, comentó Gallastegui.

El Gobierno comenzó su política de traslados con un goteo semanal del que se beneficiaban grupos de cinco o seis terroristas. Sus últimas decisiones ya son más numerosas. A principios de verano, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tomó la decisión de acercar a 12 presos. Entre ellos estaban Diego Ugarte López de Arcaute, condenado por el asesinato del exportavoz del PSOE en el Parlamento Vasco, Fernando Buesa y Juan Carlos Besance Zugasti, responsable del atentado mortal contra José Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza (Navarra).

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Ya en ese momento, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) manifestó su profundo malestar por un traslado doloroso en plenas fechas de vacaciones. El colectivo acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "volver a reírse de las víctimas del terrorismo, de volver a humillarlos y de volver a tomarlos por tontos". Enmarcaron la decisión en los pactos entre socialistas y abertzales: "Corresponden a parte del pago que el señor Sánchez le debe a Bildu tras aprobar su Ley de Memoria Democrática".

Paso a paso se va reduciendo considerablemente la cifra de internos de la banda que cumplen condena en cárceles lejos del País Vasco y Navarra. Desde el 1 de octubre del año pasado, la gestión de los penales vascos depende del Gobierno autonómico. Aunque la última palabra la tienen los jueces y fiscales, la administración nacionalista del PNV tiene margen para impulsar excarcelaciones como los terceros de grados. Algunas de ellas han sido ya revocadas por la Audiencia Nacional al considerar que no había motivos para ello. Según las cifras en poder de la AVT, serán menos de 30 los presos de la banda que duerman lejos de cárceles vascas y navarras donde ya cumplen condena cerca del 70 por ciento de los internos, concretamente una cifra cercana a los 135 reclusos terroristas de los 179 que siguen internos en España.