'Pinchazos' en discotecas, ¿delito de odio? Policías y juristas discrepan

Las denuncias por pinchazos en lugares de ocio a mujeres ha activado la alertas de las autoridades policiales y políticas este verano. No existen por el momento evidencias que permitan vincularlos con la sumisión química con fines de abuso sexual. Se trata de un fenómeno envuelto en la incertidumbre en torno al que ni siquiera existe un consenso sobre su calificación jurídica. La Ertzaintza apuesta por considerarlo delito de odio, pero juristas y otros policías discrepan de ese punto de vista y apuntan a un delito leve de lesiones.

Solo en el último fin de semana se registraron tres denuncias nuevas ante la Policía Nacional en Málaga, el servicio de Urgencias del Hospital de Denia (Alicante) atendió a 10 jóvenes, la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha confirma cinco denuncias más en la región… El conteo no cesa. Mientras todas las comunidades autónomas actualizan sus resultados y activan protocolos específicos de actuación, la policía autonómica vasca apuesta por la consideración de delito de odio, lo que llevaría a los autores de estas acciones a enfrentarse a penas de prisión de hasta cuatro años, según avanzó la agencia EFE.

Los delitos de odio están recogidos en el artículo 510 del Código Penal. Efectivamente, castigan de uno a cuatro años de prisión a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por diversas razones, entre ellas, el sexo de sus víctimas. Fuentes del principal sindicato mayoritario del cuerpo, ErNE, confirman a El Confidencial la existencia de una circular interna con esa indicación.

Efecto disuasorio

El secretario general de este colectivo, Sergio Gómez de Segura, no se opone a esta calificación jurídica, aunque recuerda que “no deja de ser algo interno”, ya que la última palabra la tienen los jueces. “Podemos entender que lo que quieren desde el departamento es que esos pinchazos no se produzcan por ese miedo al incremento de la condena”, sostiene este representante sindical, que enmarca el anuncio como un efecto disuasorio.

No obstante, desde ErNE defienden que el mejor modo de impedir el auge de denuncias es desplegar más policías y se quejan de que, actualmente, hay 700 policías menos de los 8.000 que contempla su plantilla y que están por cubrir. A final de año serán 200 menos por jubilaciones, que no se sustituirán por nuevos agentes. El Departamento vasco de Seguridad no ha ofrecido datos al respecto de esa circular interna sobre ‘pinchazos’ tras ser consultado por este periódico.

Interior: "La información disponible sobre el fenómeno es todavía escasa"

Por su parte, la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio prefiere esperar antes de pronunciarse. Según fuentes del Ministerio del Interior, del que depende este departamento, están a la espera de recibir informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. “La información disponible sobre el fenómeno es todavía escasa”, aseguran. Por otro lado, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no coinciden con la postura de la Ertzaintza.

Recuerdan que no hay datos para demostrar siquiera el uso de jeringuillas, tampoco que se estén inoculando sustancias o se estén dando casos de sumisión química. Son rotundos al descartar la posible comisión de un delito de odio. Piden cautela y en todo caso se inclinan por un delito de lesiones con agravante de género porque va dirigido principalmente contra mujeres jóvenes.

Ven un delito de lesiones

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Interior, Javier Ramírez, ha expresado en una entrevista en 'Onda Cero' que su departamento acumula ya una veintena de denuncias. También cree que estos hechos encajan más en el ámbito de las lesiones: "Aunque no haya esa intencionalidad de sumisión química, el pinchazo es un posible delito de lesiones, que incluso puede ser agravante de género" y "conllevar hasta penas de prisión". "Al 'graciosillo' le puede salir la broma más que cara", ha advertido.

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De la misma opinión es José María de Pablo, abogado penalista con años de experiencia. Descarta de plano la consideración de delito de odio para los casos de pinchazos. “Si se inocula una sustancia susceptible de ser empleada en sumisión química, podríamos estar ante un delito de abuso sexual en grado de tentativa que sería agresión sexual cuando entre en vigor la reforma del ‘solo sí es sí”, explica.

Posibles penas a imponer

En cuanto a las penas a imponer, "el delito leve de lesiones se castiga con multa de uno a tres meses, en abuso sexual la pena varía entre uno y 10 años de prisión dependiendo de las circunstancias. Si no hay acceso carnal, de uno a tres años, y si lo hay, de cuatro a 10 años". "Al ser en grado de tentativa, la pena se rebaja en uno o dos grados; hasta los tres meses sin acceso carnal, o hasta un año si lo hay. Como depende de muchas circunstancias, es muy difícil hacer una estimación", admite.

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Coincide la magistrada Natalia Velilla, a quien le cuesta entender “la lógica de quienes lo consideran” un delito de odio. “Delito de odio únicamente es aquel que se comete contra miembros de un colectivo vulnerable precisamente por su pertenencia a ese colectivo, no pueden incluirse todos los delitos contra las personas realizados con ánimo de dañar o con ‘odio”.

Augura Velilla que “la hipertrofia y aplicación extensiva del concepto llevará a la absolución o sobreseimiento y a que a la larga pasen desapercibidos los verdaderos delitos de odio”. Entiende la jueza que estas prácticas encajan mejor en la calificación de delitos leves, aunque abre la puerta a un posible agravamiento en caso de que la aguja estuviese infectada con algún patógeno, lo que podría ser un delito de lesiones más grave.