Fiscales ven escaso recorrido a la investigación sobre las muertes de Melilla

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ordenó este martes la apertura de una investigación del Ministerio Público en España sobre los sucesos de la valla de Melilla, en que murieron el pasado fin de semana al menos 23 inmigrantes. El anuncio, que se produjo cinco días después de los hechos y en medio de críticas crecientes al Gobierno de Pedro Sánchez por su reacción ante lo ocurrido, levantó dudas entre los miembros de la carrera, que ven escaso recorrido al trabajo de la Fiscalía española. Fiscales consultados plantean serias dudas sobre la competencia.

Los subsaharianos murieron aplastados en Nador, comprimidos contra la valla que da paso a territorio español, pero aún en suelo marroquí. Ninguno de ellos tenía nacionalidad española y los agentes que trataron de contener el salto, y que previsiblemente contribuyeron a los fallecimientos al cercarles por detrás, eran todos de Marruecos. A esos tres hechos se une un cuarto. La Fiscalía del reino alauí ya ha abierto su propia investigación, en su caso, con competencia indiscutible sobre lo sucedido y centrada en las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de seres humanos. De momento, imputa delitos de tráfico de seres humanos, de secuestro de un agente marroquí para usarlo de rehén, incendio, violencia e injurias contra la policía a 32 personas de origen subsahariano detenidas el pasado viernes durante el intento masivo de acceso a la ciudad española.

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Hay algunos hilos de los que tirar para atraerse esa competencia, pero son escasos. El primero de ellos es relativo a las informaciones que apuntan a devoluciones en caliente realizadas ya desde territorio español. Según distintas ONG, coincidiendo con lo que ocurría en el barrio chino de Nador, miembros de la Guardia Civil en España e incluso miembros de las fuerzas de seguridad del país vecino repelieron el avance de algunos de los migrantes que lograron saltar al lado de Melilla y los devolvieron al otro lado de la valla. En caso de demostrarse esa actuación o incluso si se produjeron lesiones a agentes, cabría la competencia, pero sería en cualquier caso por delitos cometidos en España, pero no la masacre que se ha producido en Marruecos.

La segunda opción es la jurisdicción con que cuenta España para investigar las organizaciones criminales que producen sus efectos en nuestro país. Ese supuesto está pensado para las redes de trata de seres humanos destinadas a la prostitución, por lo que en el presente caso su aplicación resultaría algo forzada. Además, la vía se topa de nuevo con las investigaciones en Marruecos. Para que se aplicara, en el país donde se produjeron los hechos no tendría que existir procedimiento alguno y no es el caso, ya que Marruecos ha abierto sus propias pesquisas.

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La instrucción de la fiscal general se produjo horas después de que el Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias instara a los gobiernos de España y Marruecos a abrir "inmediatamente" una investigación "exhaustiva, independiente y transparente" sobre el salto a la valla. En un comunicado, el comité condenó los incidentes registrados en la zona y recalcó que aún "se debe determinar si las víctimas murieron al caer de la valla, en una estampida o como resultado de acciones cometidas por guardias fronterizos".

Los expertos pidieron a los dos países "llevar a los responsables ante la Justicia" para "evitar que tragedias como esta se repitan" en el futuro. Además, reclamaron a Marruecos, España y otros países de la Unión Europea garantizar rutas "seguras" para una migración "ordenada" y tomar medidas para garantizar el respeto del derecho a solicitar asilo.

El decreto

Delgado firmó este martes un decreto encomendando a la fiscal de Sala coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, la averiguación de las circunstancias de los hechos ocurridos el pasado 25 de junio en la frontera de Melilla. Según informó el departamento por medio de una nota de prensa, la decisión de la fiscal general del Estado se fundamenta en la trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos, que pudieran afectar a los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, así como en la singularidad y complejidad de la investigación. La fiscal de Sala había elevado esa mañana la comunicación solicitando la apertura de diligencias de investigación para el esclarecimiento de lo sucedido.

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B. F.

Los hechos ocurrieron a primera hora del viernes. Según fuentes policiales, unas 2.000 personas, en su mayoría procedentes de Sudán, trataron de sobrepasar el paso fronterizo del barrio chino entre Melilla y Marruecos. Solo lo lograron 138 personas. El resto se quedó en la zona marroquí. Entre ellos, estaban los fallecidos a causa de una avalancha, según los testimonios de vecinos de la localidad marroquí de Nador. Las ONG elevan la cifra de muertos a 37 y denuncian que Marruecos se apresure a enterrar a los muertos en fosas comunes sin una investigación previa sobre las causas de la muerte.

El viernes, cuando todavía no se conocían cifras de fallecidos, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, elogió el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes. Llegó a utilizar la expresión “bien resuelto” para referirse a lo ocurrido. En los últimos días, han circulado numerosos vídeos sobre lo sucedido. En algunos medios de comunicación, se informa de que en el lado español de la frontera entraron fuerzas marroquíes para repeler el salto y completar el rechazo en frontera —devoluciones en caliente— de los migrantes.