La crisis migratoria ensombrece el giro social de Sánchez en plena cumbre de la OTAN

El intento de giro social de Pedro Sánchez para encarrilar el final de la legislatura mirando a la izquierda y fiando su reelección a un ambicioso plan de choque a favor de las clases medias y los más vulnerables, como le reclamaban sus socios de coalición y de investidura, ha quedado enturbiado en apenas unas horas. El mensaje del presidente del Ejecutivo tras la aprobación de un paquete de medidas por valor de 9.000 millones hasta final de año, en el que quiso fijar el discurso de encabezar un "Gobierno molesto con determinados poderes económicos" y a favor de las mayorías sociales, choca con su reacción a la tragedia humanitaria producida durante el último salto a la valla de Melilla.

Al menos, así lo denuncian sus socios parlamentarios, que han reclamado su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de "las vulneraciones de derechos humanos por parte de las autoridades migratorias", y la parte morada de la coalición. Estos últimos, sin embargo, están tratando de silenciar sus críticas como miembros del Ejecutivo, circunscribiéndolas al ámbito de partido, conscientes de la magnitud del problema para la coalición. La nueva crisis política estalla en plena cumbre de la OTAN, con España como país anfitrión y defendiendo reforzar el flanco sur.

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La reacción del jefe del Ejecutivo defendiendo la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes, cuando ya se habían reportado cinco muertes en el salto a la valla, ha unido a toda la izquierda en su contra. Los que habían recibido con agrado la épica del presidente del Ejecutivo apuntando a los "golpes" de algunos poderes económicos, "y sus terminales políticas y mediáticas", para erigirse en el defensor de las clases medias y humildes castigadas por la inflación, han puesto pie en pared centrando su agenda en cuestionar la política migratoria del Ejecutivo.

Del aplauso por la incorporación de medidas ambiciosas en el decreto anticrisis al ataque tratando de buscar el desgaste del jefe del Ejecutivo. ERC, Bildu, Junts, Más País, CUP, Compromís y BNG se refieren en el texto que reclama explicaciones a Sánchez al "asesinato" de 37 personas y "decenas de víctimas" por lo que consideran una "grave actuación policial". Estos grupos apuntan al presidente del Gobierno y al ministro de Interior como "responsables" de los hechos ocurridos, señalan que la tragedia es una "consecuencia de las políticas migratorias de la Unión Europea y el nuevo acuerdo entre el Gobierno de España y el de Marruecos" y critican con dureza el cierre de filas del Ejecutivo con las fuerzas de seguridad del reino alauí.

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La posición de Moncloa trasladada este lunes era más empática con la pérdida de vidas humanas, reconociendo su "conmoción" por las imágenes que se han dado a conocer durante las últimas horas. Sin embargo, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, volvía a reiterar en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el Gobierno español "agradece la colaboración en defensa de nuestras fronteras a las autoridades marroquíes". Unas palabras que, según reconoció, llevaba escritas y que concluyeron asegurando que "para evitar estas tragedias lo que hay que hacer es combatir a las mafias que trafican con personas". En la misma línea que el sábado había manifestado el jefe del Ejecutivo, con un cambio de discurso que coincide con la normalización de las relaciones diplomáticas con Marruecos.

El Gobierno tiene especial interés en no moverse de este marco comunicativo pese a las presiones de sus socios y a la amenaza de que el giro social quede cuestionado. Tanto es así, que desde Moncloa se acordó con el socio minoritario que no trasladase sus críticas en público durante la comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras el Consejo de Ministros. Un pacto de silencio que han asumido los morados. Según fuentes del Gobierno, tanto del PSOE como de Unidas Podemos, se trata de una estrategia acordada. De este modo, fue Isabel Rodríguez quien contestó a las preguntas dirigidas directamente a la ministra de Igualdad por Unidas Podemos, Irene Montero, sobre su postura respecto a la tragedia ocurrida el pasado viernes y la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes.

La política migratoria del Gobierno ya ocasionó la primera crisis del Ejecutivo de coalición, con Fernando Grande-Marlaska en el punto de mira, y se trata de una materia cada vez más enquistada entre los socios. Con todo, hay un acuerdo para intentar contener esta crisis. Desde la parte morada del Ejecutivo, reconocen que no les está resultando fácil lo que consideran respetar el ámbito de comunicación acordado en Moncloa para no airear un choque público en esta cuestión. Fuentes cercanas a la ministra de Igualdad aclaran que ni pretende desentenderse de lo ocurrido en la frontera ni tampoco no dejar clara su posición, sino respetar el espacio de trabajo dentro del Gobierno. "Es bueno respetar ciertas normas del espacio", indican, para asegurar que se trata de un asunto muy serio que se sigue hablando en privado en el seno de la coalición.

Los morados tampoco tienen intención de hacer prosperar en la Mesa del Congreso, donde suman mayoría con los socialistas, la petición de comparecencia de Sánchez. Existe también un pacto tácito para no forzar comparecencias de miembros del Gobierno una vez que la petición llegue a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja. A pesar de ello, desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos se ha registrado una iniciativa legislativa en la que se reclama realizar una investigación sobre la actuación y "aclarar las responsabilidades políticas y penales". Un extremo que rechazan los socialistas, pero también el principal partido de la oposición, por las consecuencias que pudiese derivar en las relaciones con Marruecos.

Esta nueva crisis para el Ejecutivo asoma cuando Sánchez está trabajando para que el refuerzo en el flanco sur de la OTAN se incluya en el concepto estratégico de la Alianza que se sellará en Madrid de cara a la próxima década. La tragedia de Melilla, sin embargo, ha endurecido la posición de los socios del Gobierno sobre este modelo migratorio, además del cambio de posición sobre el Sáhara.