El PSOE cede a la presión y retira la enmienda que beneficiaba a Dolores Delgado

El Grupo Parlamentario Socialista ha retirado este martes la enmienda incluida en a la Ley Concursal, cuya aprobación, además de consagrar el ascenso de Dolores Delgado una vez cesara en su actual puesto, le permitiría informar al presidente del Gobierno de investigaciones en curso, continúa activa. La iniciativa levantaba a la oposición de su socio de gobierno, la oposición en pleno y de buena parte de la carrera fiscal. Según ha confirmado el portavoz Hector Gómez, la disposición se ha eliminado y no se prevé que se introduzca en ninguna otra norma, al menos de forma inmediata.

El grupo, que ahora rectifica, propuso en concreto incluir una disposición final en la que se reflejaba que, cuando el nombramiento recaiga en un miembro de la carrera en situación de servicios especiales, como es el caso de Delgado, "adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese".

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Desde la dirección del grupo socialista se plantearon retirarla casi desde un inicio. Delgado fue nombrada ministra de Justicia por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se encontraba destinada como fiscal de la Audiencia Nacional. Posteriormente, fue nombrada fiscal general sin haber alcanzado la categoría más alta de la carrera. Sin esta modificación del estatuto, se vería obligada a regresar a esa plaza una vez finalizado su actual desempeño. No se trata del único caso en el que un fiscal general lo fue sin ser fiscal de Sala. Todos los anteriores accedieron a ese puesto tras cesar en la primera ocasión en la que se cubrieron plazas. Sucedió con Juan Ortiz Úrculo y María José Segarra. En el caso de Segarra, a la que Delgado relevó en el puesto, quedó adscrita en primer lugar a la Fiscalía de Sevilla y ascendió de categoría al ser nombrada fiscal de Sala coordinadora de discapacidad y atención a los mayores. También ocurrió con el exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.

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Además de esta modificación, la enmienda incluía otras cuestiones polémicas. En uno de los párrafos de la propuesta, se introduce otra variación que permitiría a la responsable del Ministerio Público dirigirse por iniciativa propia a Pedro Sánchez para aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que "por su naturaleza y relevancia deba conocer". En concreto, la modificación se recogía en estos términos: "El fiscal general del Estado informará por escrito al Gobierno, por su propia iniciativa o cuando este lo interese y siempre que no exista obstáculo legal, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial transcendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer. Esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia".

En otro punto, se especificaba que la comunicación entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno deberá quedar "debidamente registrada en el soporte que reglamentariamente se determine". Se mantiene la actual redacción del estatuto en lo referente a la prerrogativa del presidente del Gobierno de dirigirse directamente a la Fiscalía "cuando lo estime necesario".

Desde el Gobierno se defendió en un inicio que la iniciativa busca incrementar la independencia de la figura del fiscal general. Distintos cargos han señalado las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) para potenciar la independencia de Fiscalía. Se da el caso de que el último de los informes del Greco reprocha a España el incumplimiento de las 19 recomendaciones que realizaron en su informe de evaluación. Ninguna de ellas se refiere en concreto a facilitar una retirada del fiscal general de acuerdo con su dignidad. El Greco instó a revisar el método de selección y duración del mandato, es decir, cambiar la forma de elección a propuesta del Gobierno para separarlo de este.