Luceño alega que no tiene suficiente dinero para entregar la fianza de cuatro millones
"En caso de no pagar la fianza en cuarenta y ocho horas, embárguense los bienes que se encuentren a nombre del mencionado así como de la mercantil", advirtió el magistrado
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La defensa de Alberto Luceño ha remitido al juez Adolfo Carretero un escrito en el que le informa sobre "la imposibilidad" de entregar una fianza de cuatro millones de euros. El magistrado le exige esta cantidad porque los bienes embargados hasta el momento no alcanzan los 6.206.644 euros de "responsabilidades pecuniarias", pero en su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, Luceño argumenta que no cuenta con este dinero y se compromete a abonarlo "tan pronto se disponga de patrimonio".
La decisión queda ahora en manos de Carretero, que le había dado "cuarenta y ocho horas" para depositar la fianza. En caso contrario, ordenaba el embargo de "los bienes que se encuentren a nombre del mencionado así como de la mercantil Takamaka Invest S.L.", para lo que pidió al Punto Neutro Judicial y a la Agencia Tributaria que rastrearan "los bienes muebles de valor y bienes inmuebles a nombre del Sr. Luceño Cerón y de la sociedad" tanto en España como "en el extranjero".
El juez Adolfo Carretero mantiene imputado a Luceño por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. En el caso de su socio Luis Medina, añade además el delito de alzamiento de bienes. Su investigación se centra en que ambos inflaron los precios de tres contratos de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid para enriquecerse durante la peor parte de la pandemia: por vender guantes, mascarillas y test de covid-19, Medina se embolsó un millón de dólares y Luceño otros 5,1.
Pregunta sobre la imputación de la funcionaria
En una providencia fechada este miércoles a la que también ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado suspende además la citación como testigo de la responsable de compras sanitarias del Ayuntamiento, Elena Collado. La decisión llega después de que el Grupo Mixto del consistorio, personado como acusación, pidiera su imputación por "presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, además de las que en el caso de estafa pudieran concurrir por complicidad o cooperación".
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Collado llevó las riendas de las negociaciones con Luceño en 2020 e iba a comparecer en el juzgado el próximo lunes 9 de mayo, pero Carretero suspende ahora la declaración y da traslado a las partes personadas en el caso para que "puedan efectuar las oportunas alegaciones en relación a la condición en que deba ser citada".
Descarta imputar al gerente de la funeraria
En otro auto dictado este miércoles al que también ha tenido acceso este diario, el magistrado rechaza la petición de Más Madrid de imputar al gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, Fernando Sánchez González, por falsedad en documento público y obstrucción a la Justicia: "No constando falsedad documental, tampoco consta obstrucción a la Justicia por parte del gerente de la funeraria, delito al que se alude sin relatar los hechos en que se funda y al que se opone rotundamente la Fiscalía Anticorrupción señalando en su escrito que no hubo obstaculización alguna con la remisión de los documentos aludidos", argumenta.
Con este razonamiento, el juez echa por tierra las alegaciones de Más Madrid, que apuntaba a que "las cartas de encargo de los tres contratos de emergencia de mascarillas, guantes y test rápidos de covid-19 aportados por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios (...) a requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción (...) no son las mismas que las enviadas por el Ayuntamiento de Madrid el 05/04/2020, ya que desaparece el contrato firmado por la concejala, que recoge la cantidad e importe de los contratos, reconstruyéndose las cartas de encargo originales y eliminándose la firma electrónica que es sustituida por una manuscrita".
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Según advertía el partido de la oposición, "estas manipulaciones intentan ocultar la vinculación del cargo político del Ayuntamiento con los actos administrativos y tratan de dificultar la investigación de la Fiscalía y de la Justicia", idea a la que tanto la Fiscalía Anticorrupción como los servicios jurídicos del consistorio se opusieron.
El magistrado reconoce que "sí constan diferencias en las cartas", pero incide en que ninguna de ellas afecta "a elementos esenciales de los documentos". El auto, de hecho, subraya que los "grupos políticos conocían las cartas de encargo de los contratos y su contenido, pues las aprobaron por unanimidad en el Consejo de la Funeraria".
La defensa de Alberto Luceño ha remitido al juez Adolfo Carretero un escrito en el que le informa sobre "la imposibilidad" de entregar una fianza de cuatro millones de euros. El magistrado le exige esta cantidad porque los bienes embargados hasta el momento no alcanzan los 6.206.644 euros de "responsabilidades pecuniarias", pero en su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, Luceño argumenta que no cuenta con este dinero y se compromete a abonarlo "tan pronto se disponga de patrimonio".