La Fiscalía pedirá absolver a los agentes de la patada en la puerta
El ministerio público no aprecia “responsabilidad penal alguna” en la actuación de los agentes que usaron un ariete para entrar en una casa sin autorización judicial
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La Fiscalía Provincial de Madrid cree que los seis agentes que usaron un ariete para tirar abajo la puerta de un domicilio en el que se celebraba una fiesta durante la pandemia no deben ser condenados. El ministerio público aprecia en su actuación un delito de allanamiento de morada “si bien no encuentra responsabilidad penal alguna en su conducta”, según informa la Fiscalía a través de una nota de prensa. Fuentes de este departamento precisan a El Confidencial que esto significa que, en el caso de que acaben sentados en el banquillo de los acusados, el fiscal pedirá la absolución para los uniformados.
El representante del ministerio público entiende que en el caso del subinspector que dio la orden de entrada en el inmueble “no procede imponer pena alguna”, al incurrir en un error de tipo, puesto que en el Código Penal no se encuentra “expresamente” tipificada la modalidad “imprudente” del delito de allanamiento de morada. Respecto a los otros cinco agentes, indica que concurre la circunstancia eximente completa de obrar en cumplimiento de un deber. Frente a esta postura se encuentra el dueño del piso al que se llevaron detenido, que sí acusa a los policías y pedirá condenas para ellos.
Según la Fiscalía, la vivienda fue arrendada por la sociedad Obsidian Media Limited, mediante contrato de alquiler para uso de vivienda de fecha 22 de enero de 2021, con inicio de su vigencia el 1 de febrero de 2021, fecha desde la que constituía su morada. Esto desmiente al Gobierno y en concreto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que avaló la actuación de los agentes alegando sin pruebas que se trataba de un piso turístico de alquiler para fiestas ilegales.
La tesis de que los cinco subordinados del inspector se limitaban a cumplir órdenes ya fue rechazada en esta fase previa al juicio por la Audiencia Provincial. Este órgano superior al Juzgado determinó que en todo caso eso es algo que se tendrá que discutir en el juicio. Actualmente hay dos jueces de Madrid que investigan la entrada en domicilios sin autorización judicial durante la pandemia. Ambos casos se sucedieron en el centro de Madrid, en calles cercanas, con una diferencia de apenas 24 horas y con al menos el mismo subinspector implicado en ambos escenarios.
Este mando acabó apartado de esas funciones de seguridad ciudadana en la calle por acumular diversos incidentes que resultaron demasiado para sus jefes. Una de las intervenciones en las que participó, en la embajada de Egipto, terminó con una queja diplomática al Ministerio de Exteriores. Desde la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se estableció incluso un protocolo de actuación, limitando hasta casos muy excepcionales la entrada en domicilios sin el permiso de sus moradores.
La entrada con el ariete se produjo en una casa de la calle Lagasca donde se estaba celebrando una fiesta. El escrito de acusación explica que sobre las 00:50 horas del 21 de marzo de 2.021, se requirió la presencia policial. El aviso obedeció a que en un piso situado en la segunda planta se estaba celebrando una fiesta que incumplía las restricciones establecidas durante el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, “medidas entre las que se encontraba la prohibición de reuniones de personas no convivientes en lugares privados”.
Como consecuencia del aviso se comisionó a tres indicativos del Cuerpo Nacional de Policía, compuestos por cinco agentes quienes actuaban bajo el mando de un jefe del operativo. Una vez en el lugar, “los actuantes comprobaron cómo efectivamente en la citada vivienda se estaba celebrando una fiesta ya que el ruido de la música y las voces se oían desde las zonas comunes del edificio”.
El escrito de la Fiscalía precisa que la citada vivienda “tenía apariencia exterior de ser una vivienda turística por las características del sistema de apertura con llave magnética”. Por ello, el responsable del operativo requirió a las personas que se encontraban en el interior del inmueble “a fin de que salieran a identificarse al haber incurrido en una infracción de las restricciones establecidas como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma”. Según refleja el escrito de acusación, las personas que participaban en la fiesta se negaron “en todo momento” tanto a abrir la puerta como a identificarse “durante aproximadamente 45 minutos”.
El responsable del operativo, “actuando en el pleno convencimiento de que estas personas se encontraban cometiendo un delito flagrante de desobediencia a la autoridad, y que este hecho le facultaba para acceder al interior del inmueble”, procedió a dar la orden de entrada en el inmueble. Y ello a pesar de que se encontraba en la creencia “errónea” de que se trataba de un piso turístico alquilado para celebrar fiestas y de que se le manifestó que era necesaria una autorización judicial para acceder al interior.
Tras recibir la orden, que no fue cuestionada por ninguno de los acusados “quienes consideraron que se trataba de una orden legal emanada de un superior jerárquico”, procedieron a tratar de abrir la puerta mediante el método del resbalón. Al no poder hacerlo intentaron desmontar la cerradura y, “dado el fracaso de estos dos intentos”, optaron finalmente por emplear un ariete con el que lograron abrir la puerta y acceder al interior “donde se produjo la detención de las personas que allí se encontraban, salvo de aquellos que manifestaron que querían abrir la puerta ante el requerimiento policial”.
La Fiscalía Provincial de Madrid cree que los seis agentes que usaron un ariete para tirar abajo la puerta de un domicilio en el que se celebraba una fiesta durante la pandemia no deben ser condenados. El ministerio público aprecia en su actuación un delito de allanamiento de morada “si bien no encuentra responsabilidad penal alguna en su conducta”, según informa la Fiscalía a través de una nota de prensa. Fuentes de este departamento precisan a El Confidencial que esto significa que, en el caso de que acaben sentados en el banquillo de los acusados, el fiscal pedirá la absolución para los uniformados.