Media cúpula fiscal exige parar la enmienda que permite a Delgado informar a Sánchez

La mitad de los fiscales de Sala, la máxima categoría de la carrera, han firmado y registrado un escrito en el que reclamaban que se anule de forma inmediata la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Ley Concursal, cuya aprobación, además de consagrar el ascenso de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, una vez cese en su actual puesto, le permitiría informar al presidente del Gobierno de investigaciones en curso. En concreto, reclaman desactivar la parte de esa propuesta que facilitaría que el Gobierno tuviera acceso prioritario a información de diligencias penales.

El partido ha propuesto incluir una disposición final en esa ley que se encuentra en tramitación parlamentaria, por la que se modificaría el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, en uno de sus párrafos, se dispone que, cuando el nombramiento recaiga en un miembro de la carrera en situación de servicios especiales, como es el caso de Delgado, "adquirirá la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese". En esa misma enmienda, se facilita un cauce para que la fiscal general pueda dirigirse por iniciativa propia a Pedro Sánchez para aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que, "por su naturaleza y relevancia, deba conocer". En concreto, la modificación se recoge en estos términos: "El Fiscal General del Estado informará por escrito al Gobierno, por su propia iniciativa o cuando este lo interese y siempre que no exista obstáculo legal, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial transcendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer. Esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia", dice. Esta última posibilidad es la que ha generado el malestar de los máximos representantes de la cúpula fiscal.

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El escrito dirigido a Delgado, de seis páginas y que han firmado 16 fiscales, ha sido registrado en la tarde de este viernes en la Fiscalía General de Estado. En él, se considera "inasumible" la maniobra. "Ni la forma elegida para llevar a cabo una reforma legal de semejante calado, ni el contenido material de la misma son asumibles. En primer término, porque tratándose de un cambio normativo que afecta manifiestamente al funcionamiento del Ministerio Fiscal y a las relaciones con otros poderes del Estado, las normas legales vigentes exigen que los mismos sean informados por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. No existe constancia alguna de que uno y otro órgano hayan sido consultados y evacuados sus preceptivos trámites de informe sobre la viabilidad jurídica de semejantes modificaciones legales", dice. Agrega que la iniciativa socialista dinamita la independencia de la institución.

Los fiscales dejan claro que consideran esta enmienda una artimaña. "Al amparo de la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley que nada tiene que ver con las cuestiones estatutarias, orgánicas o funcionales del Ministerio Público, se ha incorporado, entre otras, la enmienda citada para introducir unas previsiones legales que afectan directamente a los principios esenciales que regulan la organización y el funcionamiento del Ministerio Fiscal", indican. Entre los firmantes hay tres miembros de la Unión Progresista de Fiscales, la asociación a la que pertenece la propia Delgado. Entre ellos se encuentra la antecesora de la fiscal general, María José Segarra.

La enmienda parlamentaria del PSOE se registró en la Cámara baja, pero aún no ha sido aprobada. Para los firmantes, está en juego la independencia del Ministerio Fiscal. Los fiscales reivindican la independencia de la Fiscalía y recuerdan que, el Gobierno, a diferencia de épocas pasadas, "no puede impartir órdenes o instrucciones" a sus miembros. Añaden que el Estatuto, obliga al fiscal general a actuar siempre con plena objetividad e independencia en la defensa de los intereses que legalmente tiene encomendados.

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"El establecimiento de una obligación para el Fiscal General del Estado consistente en informar al Gobierno, incluso por propia iniciativa, sobre los asuntos de especial trascendencia que por su naturaleza y relevancia deba conocer representa inequívocamente un reforzamiento de la relación de dependencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno, y con ello de la propia institución, a la par que una quiebra importante de la autonomía y de la independencia respecto a aquel, lo cual es absolutamente incompatible con el modelo constitucional de Ministerio Fiscal".

También consideran que la posibilidad de informar al presidente supone "un privilegio" en virtud del cual el Poder Ejecutivo, más allá de las relaciones de política criminal que debe mantener con la institución para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, dispondría de un acceso que le permitiría conocer de primera mano el contenido de procedimientos judiciales e investigaciones especialmente sensibles, particularmente penales, a los que nadie que no sean las partes del proceso debe conocer.

Por todo ello, los firmantes reclaman que, a la mayor urgencia posible, se transmita su petición, por los cauces legalmente previstos, al Congreso de los Diputados y al grupo parlamentario proponente de estas enmiendas "a los efectos de que sea reconsiderada su tramitación y se proceda a su inmediata retirada por las razones que acabamos de exponer". Entre los firmantes figura la fiscal de Sala más antigua, Pilar Fernández Valcarce, y los cuatro fiscales del 'procés': Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal. También el progresista Fernando Rodríguez Rey. El resto de los que avalan la protesta son José Luis Bueren, José Ramón Noreña, Elvira Tejada, José Miguel de la Rosa, Javier Huete, Manuel Moix, Francisco Moreno, Martin Najera y Rosana Morán.