La lista de 138 perjudicados por las investigaciones "ilícitas" del policía de 'Sálvame'

El juez que investiga las filtraciones de datos privados de un agente a varios periodistas y colaboradores del programa de televisión 'Sálvame' ordenó a la Policía Nacional en noviembre que se pusiera en contacto con 138 personas para ofrecerles la opción de personarse como perjudicados de un delito de revelación de secretos. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, adoptó esta decisión a instancias de la Fiscalía. La relación de nombres —que se reproducen íntegramente al final de esta información— figura en un auto que obra en el sumario, al que ha tenido acceso El Confidencial.

En un escrito fechado el 12 de noviembre, el Ministerio Público le solicitó la medida “atendiendo a la pluralidad de víctimas” como consecuencia de “la ilícita utilización de información contenida en las bases de datos de acceso reservado de la Dirección General de la Policía”. El fiscal Fidel Solera Guijarro se basaba en un informe elaborado en 2020 por el Grupo VI de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Es el departamento que se ocupa de investigar posibles delitos cometidos por funcionarios policiales.

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Este caso arrancó hace cuatro años. En el centro de las pesquisas aparece un policía jubilado desde diciembre de 2018 llamado Ángel Jesús Fernández Hita. En una entrevista concedida a este periódico, ha admitido su amistad con varios colaboradores de 'Sálvame', también investigados. Reconoce haberles entregado información de bases policiales, pero niega haber cobrado por ello. Lo enmarca todo en su amistad con los destinatarios. “Se han hecho favores a mucha gente”, dijo en declaraciones a este periódico.

En el sumario constan varios meses de escuchas. En ellas se aprecia la relación del periodista Gustavo González con el policía, al que recurre en el marco de su actividad periodística. No obstante, el propio colaborador de Sálvame reconoció que también le pedía que hiciera búsquedas para uso personal que no tenían que ver con informaciones para su actividad laboral, sino “para uso interno”. En su declaración ante la Policía, celebrada el 18 de octubre de 2018, puso como ejemplo las peticiones de información que hizo sobre la expareja de su mujer.

En un escrito reciente remitido al juzgado el pasado 16 de marzo, Gustavo González critica que Asuntos Internos recoge sus wasaps "de una manera sesgada, segmentada, interesada o descontextualizada" tras la intervención de sus comunicaciones. Según argumenta, esta forma de proceder puede comprometer su "derecho a un proceso con todas las garantías", por lo que solicita que sea reproducida "la totalidad (bruto) de las conversaciones de mensajería a las que se hace alusión" en los informes.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico no descartan que la lista elaborada por los investigadores pueda aumentar y acabar incluyendo a más personas. De hecho, en uno de los apartados recogidos en la relación de nombres, el juez hace alusión genérica a los “familiares” de uno de los presuntos perjudicados. Personas que figuran en esa lista ya se han puesto en contacto con el juzgado durante los primeros meses del año para comunicar su deseo de personarse como perjudicados, algunos bajo la acusación de la Fiscalía.

Búsquedas sobre la Casa Real

En el sumario se detallan búsquedas por parte del policía que no son para periodistas. También hacía lo que califica como “favores” para un compañero policía ya jubilado que le pidió datos para un negocio de su hijo. Ese agente se encuentra entre los investigados. En su declaración ante los investigadores, negó una vez más haber pagado ninguna cantidad de dinero. Las escuchas a los principales implicados comenzaron en 2018, sin embargo, Asuntos Internos detectó otras búsquedas del policía que han recogido en sus informes, como cuando tecleó “Borbón y Grecia” en una base que incluye denuncias policiales en marzo de 2017.

Buscó por su DNI a Alejandra Romero Suárez, nieta del expresidente Adolfo Suárez, tras conocerse su enlace matrimonial

“Esta consulta coincide en fechas con una noticia publicada por los medios de comunicación sobre la posible denuncia interpuesta por la infanta Cristina al periódico 'El Jueves' por una portada relacionada con esta mujer”, explica el informe. No fue la única vez que Fernández Hita se interesó por la Casa Real. Seis meses después, en septiembre de 2017, también buscó los antecedentes de Mohamed Kayali, un magnate sirio al que, haciéndose eco de noticias previas, describen como “amigo íntimo del Rey emérito”, “apoderado en 15 empresas 'offshore” y “organizador” de las cacerías en las que participaba el monarca.

Las búsquedas de Fernández Hita tienden a coincidir con noticias concretas, y no todos sus protagonistas aparecen en el listado de perjudicados. Además de los vinculados con la Casa Real, ese es el caso de Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel Cruz. El policía tecleó su nombre en marzo de 2018, un mes después del crimen, para conocer las denuncias policiales que arrastraba. Ese mismo año, también buscó por su DNI a Alejandra Romero Suárez, nieta del expresidente Adolfo Suárez, tras conocerse su enlace matrimonial. Ninguna de las dos aparece en el listado de perjudicados aportado por la Fiscalía.

Perjudicados rechazan personarse

El delito de revelación de secretos se agrava cuando lo comete un funcionario público, pero para el resto de investigados es preciso que las víctimas se declaren agraviadas para que pueda ser perseguible. Según la documentación que obra en el caso, son una minoría las personas que hasta ahora han decidido personarse en la causa, ya sea bajo la representación de la Fiscalía o con abogado propio. Alguno de los incluidos en esa lista rechaza abiertamente acusar a los imputados. Es el caso del colaborador del programa Kiko Matamoros, quien asegura a este periódico que fue él quien autorizó que se recabasen informaciones personales tras un programa concreto de ‘Sálvame’ en el que había participado.

El juez también citó a declarar como investigados al programa 'Sálvame' y a la Fábrica de la Tele

El Confidencial se ha puesto en contacto con otros trabajadores y colaboradores del programa que prefieren guardar silencio o se remiten al comunicado que emitió la productora del programa. Se llama La Fábrica de la Tele, que responde a los requerimientos de información con el mismo escrito. En él aseguran que “ni la policía ni la autoridad judicial han adoptado ninguna medida de investigación respecto” a la productora. Según obra en el sumario, en el mismo auto en el que el juez ordenó a la Policía que localice a los afectados, también citó a declarar como investigados al programa 'Sálvame' y a la Fábrica de la Tele.

“Óigase en declaración a las personas jurídicas, en calidad de investigados representante legal del programa “Sálvame” y de la productora “La Fábrica de la Tele” para lo que se señala el próximo día 14 de enero de 2022 a las 12.30 horas”, recoge la parte dispositiva de la resolución.