El juez del caso Ghali mantiene imputada a Laya pese a archivar a su ex número dos
"Todo parece apuntar a que Camilo Villarino tan solo fue informado desde el Ministerio de Interior de la pendencia de causas penales contra Ghali cuando ya llevaba varios días en España"
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El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha acordado levantar la imputación al exdirector del Gabinete de Arancha González Laya, Camilo Villarino, en el marco de la causa que mantiene abierta por la entrada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. En el mismo auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado rechaza los argumentos esgrimidos por la Abogacía para defender a la exministra de Asuntos Exteriores, a la que mantiene imputada.
"Todo parece apuntar a que Camilo Villarino tan solo fue informado desde el Ministerio de Interior de la pendencia de causas penales contra Ghali cuando ya llevaba varios días en España (en el controvertido supuesto de que supiera de la situación procesal del líder saharaui) sin que antes se le hubiera informado sobre tal particular por quien le escogió como profesional muy cualificado para gestionar la llegada a España de aquél", sostiene Lasala en la resolución.
El magistrado mantiene abierta una investigación por posibles delitos de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento. Su sospecha se centra en que el Gobierno pudo facilitar la entrada ilegal de Ghali en España al no obligarle a pasar un control de aduana tras aterrizar en la base aérea de Zaragoza el 18 de abril y, tras levantar la imputación a Villarino, la exministra de Asuntos Exteriores se erige ahora como única investigada.
Según argumenta, las diligencias practicadas reflejan que Villarino es "alguien ajeno al núcleo de personas que —en su caso, se insiste— hubieran sabido del interés judicial sobre Brahim Ghali y más aún respecto a quien hubiera tomado la decisión de no comunicar nada en tal supuesto al Juzgado Central de Instrucción [de la Audiencia Nacional]". Pese a ello, Lasala considera que no cabe extender este razonamiento a la que fuera la máxima responsable de Asuntos Exteriores.
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El juez, de hecho, recuerda que en la operación participaron "autoridades y funcionarios cualificados de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa", lo que le lleva a señalar al propio Pedro Sánchez como último responsable: "La actuación de ellos fue inmediata y coordinada, lo que nos dice la Ley es que el presidente del Gobierno dirigía esta actuación conjunta", explica. "La decisión última correspondía al presidente del Gobierno, sabiendo los ministros de Interior y de Defensa que por tal decisión habían de comunicar a determinadas autoridades y funcionarios de sus departamentos que siguieran las instrucciones que diera Camilo Villarino".
Pero, con esa tesis como telón de fondo, recuerda que "la actuación relativa a la entrada en España del líder enfermo es inobjetable penalmente", por lo que, "si nada se sabía de la condición procesal de Ghali, ningún reproche penal cabe realizar".
En contra del criterio de la Fiscalía
El magistrado emite este auto después de que la Abogacía del Estado defendiera el pasado 8 de febrero que "no había delito alguno que se les pudiera atribuir". Tras consultar al resto de partes personadas, la Fiscalía "interesó el archivo provisional respecto de los dos", pero Lasala solo atiende esta petición en el caso de Villarino.
"El Ministerio Fiscal está de acuerdo parcialmente pues cree oportuno el archivo provisional y no el sobreseimiento libre y quien resuelve también lo está, al menos en cuanto a la falsedad documental atribuida a los dos representados por la Abogacía, pues hasta el momento no se ha conseguido indicio alguno de que participaran en la falsificación de un documento de identificación personal o en la presentación del mismo en el Hospital de San Pedro, de Logroño", reconoce el juez en un primer momento.
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"Tampoco cabe hablar de un encubrimiento de los delitos por los que se investigaba a Brahim Ghali en dos causas distintas de un Juzgado Central de Instrucción (una ya sobreseída y la otra convertida en sumario) pues, coincidiendo con lo expuesto por el Ministerio Fiscal, el encubrimiento implica que los investigados debían conocer la comisión del delito, algo difícilmente predicable cuando, siendo muy graves los que se le atribuyen al anteriormente citado, lo más que podrían haber conocido es que estaba denunciado o querellado por uno o varios delitos, algo muy distinto a saber —con mayor o menor precisión— que los ha cometido", añade en su auto.
De esta manera, la investigación queda reducida a la posible prevaricación, delito en el que incurre "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo". El Código Penal castiga esta conducta con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a 15 años, pero no con penas de cárcel.
La posible prevaricación
"En cuanto a la posible prevaricación, que ya saben las partes que ha sido el motivo principal de la instrucción hasta el momento, ha de admitirse que no es fácilmente apreciable, sobre todo respecto de Camilo Villarino por lo que más adelante se dirá, si bien aún no puede desecharse su existencia al momento actual", argumenta Lasala. El magistrado reconoce así la ausencia de indicios sólidos, pero al mismo tiempo repasa una serie de hechos que le llevan a mantener imputada a la propia Laya.
Su relato se remonta para ello al 14 de abril de 2021, cuando la exministra recibió una llamada de una persona que se ha negado a identificar ante el juez porque, según sostiene, se trata de un "secreto oficial". En dicha comunicación, "se le solicitaba someter a consideración la posibilidad de acoger en España a Brahim Ghali", enfermo de covid-19, y comenzó entonces "una serie de preparativos destinados a hacer discreto el ingreso en un hospital de España".
"En función de la discreción que se interesaba pensó el investigado [Camilo Villarino] que, al provenir el avión de un país externo a la zona Schengen, sería mejor no pasar el control de pasaportes pues podría haber alguna alerta sobre él, proponiendo a la entonces ministra que se dieran instrucciones en tal sentido, manifestando ésta su total conformidad", destaca el juez. "También contactó Camilo ese día con el teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, segundo jefe de Estado Mayor del Aire, advirtiendo de la llegada de un avión de Estado argelino e indicando que no se hicieran trámites de aduanas o inmigración pues 'quien lo tiene que saber ya lo sabe".
Con base en estas instrucciones, Ghali entró en España sin pasar control de pasaporte alguno, y todo ello pese a las causas que la Audiencia Nacional mantenía abiertas contra él: "Lo realmente trascendente a los efectos de la prevaricación es aclarar si se decidió asistir a Brahim Ghali y permitir su acceso a España a sabiendas de que estaba interesada su declaración como investigado", sostiene Lasala. Pero, una vez expuesta esta idea, él mismo admite que "es sumamente improbable encontrar algún indicio más".
El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha acordado levantar la imputación al exdirector del Gabinete de Arancha González Laya, Camilo Villarino, en el marco de la causa que mantiene abierta por la entrada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. En el mismo auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado rechaza los argumentos esgrimidos por la Abogacía para defender a la exministra de Asuntos Exteriores, a la que mantiene imputada.