La continuidad de Ayuso en el PP, en manos de una 'protegida' de Casado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comienza a rearmarse para pelear contra el aparato de todo un partido y desafiar aquello de que "Génova siempre gana". Pero Pablo Casado y Teodoro García Egea también están preparados para combatir. La dirección nacional del Partido Popular abrió ayer un expediente informativo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por dos motivos: primero, porque la madrileña reconoció públicamente la relación contractual de su hermano con la empresa adjudicataria de un contrato sanitario de 1,5 millones de euros, transacción por la que cobró 280.000 euros de comisión, según apuntan desde la sede nacional del PP; y segundo, por "las acusaciones gravísimas, casi delictivas" de Ayuso contra Pablo Casado y el resto de la dirección.

El proceso interno ya está en marcha. El PP ha dejado en manos de sus servicios jurídicos las "actuaciones judiciales" que puedan proceder contra Isabel Díaz Ayuso, y el Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido ya ha comunicado a Ayuso la apertura del mencionado expediente. Este será el órgano encargado de pilotar todo un procedimiento que, en el caso más extremo y según contemplan los estatutos, podría acabar con la expulsión de Isabel Díaz Ayuso del PP.

La dirección nacional promete las máximas garantías durante un proceso que fiscalizará la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, encargada del órgano de garantías. La concejala madrileña accedió al cargo en julio de 2019, momento en que Casado acometió una profunda renovación de la dirección nacional para afrontar la nueva etapa que se abría ante el partido. Entre otros cambios, Casado colocó a Javier Maroto al frente del Grupo Popular en el Senado y a Cayetana Álvarez de Toledo en la portavocía del Congreso.

Para entonces, Levy formaba ya parte del núcleo de confianza de Casado. Con él fue adquiriendo cotas de poder en el partido años atrás. La catalana llegó a la Vicesecretaría de Estudios y Programas en 2015, justo en el momento en que Mariano Rajoy confió también en Pablo Casado para desempeñar las labores del Departamento de Comunicación de Génova. Juntos fueron medrando en la organización popular, y el actual presidente del PP no le dio la espalda cuando alcanzó el liderazgo del partido en 2018, manteniendo un asiento para ella en el Comité de Dirección, que conserva hasta la fecha.

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Levy mantiene también una excelente relación con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el otro salpicado por la trama de espionaje orquestada por fontaneros de Génova, entre ellos el ya dimitido Ángel Carromero, que trabajaba a las órdenes del regidor en el Ayuntamiento de Madrid. La dirigente concurrió como número dos en las listas de Almeida en las elecciones municipales de 2019, y se convirtió desde entonces en la mano derecha del alcalde en la capital.

Pese a su responsabilidad en el proceso abierto contra Isabel Díaz Ayuso, Andrea Levy se posicionó claramente con Pablo Casado cuando reventó una crisis sin precedentes en el PP. Lo hizo a través de las redes sociales. "Siento gran orgullo de formar parte del equipo de Pablo Casado, que ha trabajado sin descanso por el PP y que será el mejor presidente para España", escribió en Twitter.

La dirigente ya se había posicionado en alguna ocasión de parte de Génova en el marco de la batalla por el control del PP de Madrid. "Se equivoca el que tiene otra preocupación que no sea que Casado sea presidente del Gobierno", aseveró hace unos meses, en el marco de la reiterada petición de Ayuso de celebrar cuanto antes el cónclave madrileño. De hecho, cuando el PP implosionaba este jueves y Egea anunciaba acciones judiciales contra Ayuso por sus calumnias, Andrea Levy estaba sentada en la primera fila de la sala de prensa de Génova.

Consecuencias del expediente

El expediente informativo abierto contra Isabel Díaz Ayuso es el paso previo a la apertura de un procedimiento disciplinario, que podría concluir con la suspensión de la militancia de cuatro a seis años, su inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del PP o la expulsión directa del partido.

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Son las sanciones previstas en el artículo 7 de los Estatutos del PP para "infracciones muy graves", entre las que se mencionan "incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos"; la "manifiesta deslealtad al partido" o "a sus órganos de gobierno y representación", y "la desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación del partido".

El Título VI del régimen disciplinario de los populares autoriza también a Ayuso a activar una solicitud de amparo por la vía reglamentaria en caso de considerar que sus derechos han sido conculcados "por decisiones o actuaciones de los órganos del partido", una solicitud que sería gestionada por un instructor previamente designado por el propio comité para tales efectos. "El instructor dará traslado al afiliado afectado de los hechos que son objeto de expediente informativo para que formule las alegaciones que estime pertinentes, en un plazo no superior a diez días".