La Fiscalía se opone a que Neurona tenga que entregar los contratos de sus trabajadores
La contratación de Neurona es el punto central de una investigación que mantiene a Podemos y a parte de su cúpula imputados por posible malversación, entre otros delitos
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La Fiscalía se ha posicionado en contra de que la consultora Neurona tenga que mostrar los contratos de sus empleados "para acreditar que se efectuaron los trabajos" con Podemos. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ya había rechazado esta diligencia, pero la acusación de Prolege recurrió su decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid y, en un nuevo escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, el Ministerio Público se muestra en contra: "De las diligencias practicadas hasta ahora existen indicios suficientes de que la mercantil desplazó trabajadores a España con independencia del tipo de relación contractual".
La contratación de Neurona es el punto central de una investigación que mantiene a Podemos y a parte de su cúpula imputados por posible malversación de caudales públicos, entre otros delitos. El partido abonó 363.000 euros a la consultora por las elecciones generales de 2019, pero, tras los comicios, efectuó nuevos pagos por las campañas autonómicas, municipales y la del 10-N. Neurona cobró al menos 431.243 euros y, según el juez, Podemos se ha visto incapaz de justificar los servicios.
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Pese a ello, Escalonilla no considera necesario que la consultora tenga que mostrar los contratos con sus trabajadores, postura que cuenta con el apoyo de la Fiscalía: "Es indiferente a los efectos de la investigación el tipo de relación de los trabajadores de Neurona con la mercantil", advierte en su escrito. "Es indiferente por cuanto además de lo recogido en el auto, de las diligencias practicadas resulta que la filial en España no contrató a los trabajadores sino que se limitó a cuestiones fiscales".
Su Fiscalía basa este rechazo a solicitar los contratos en cuatro ideas: "Neurona había trasladado trabajadores a España para la prestación del servicio". "Las personas identificadas en los metadatos [de los vídeos de campaña] eran personas vinculadas a Neurona". "El motivo de las discrepancias de fechas podía obedecer a la existencia de fecha errónea en la grabación". "El motivo por el cual un trabajador vinculado al partido figuraba como autor de muchos documentos era que generó plantillas de uso".
La Fiscalía no quiso prorrogar el caso
En un reciente escrito, la Fiscalía ya se posicionó en contra de prorrogar la investigación al considerar que no resultaba necesario practicar nuevas diligencias, pero Escalonilla rechazó sus argumentos y acordó alargarla otros seis meses. Según recordaba en su auto, sigue pendiente realizar una pericial para evaluar los trabajos que el partido contrató con la agencia de origen mexicano y practicar las testificales de dos empresarios vinculados a la misma: Germán Cobos Pío y Waldemar Aguado Butanda.
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Desde el arranque de la investigación en 2019, Escalonilla ha ido añadiendo nuevas líneas de investigación, pero la mayor parte ya se han archivado: las donaciones al Proyecto Impulsa y al Instituto 25-M, su caja de solidaridad, los contratos con la consultora ABD, los sobrecostes en su sede, el presunto acceso no consentido al disco duro de una abogada, los supuestos sobresueldos a cargos del partido y el presunto cobro irregular de 7.700 euros en costas por parte de Iglesias.
La causa ha quedado así reducida al punto central sobre la contratación de la agencia y al conocido como caso Niñera, en el que se investiga si Irene Montero utilizó a una asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de su hija pequeña.
La Fiscalía se ha posicionado en contra de que la consultora Neurona tenga que mostrar los contratos de sus empleados "para acreditar que se efectuaron los trabajos" con Podemos. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ya había rechazado esta diligencia, pero la acusación de Prolege recurrió su decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid y, en un nuevo escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, el Ministerio Público se muestra en contra: "De las diligencias practicadas hasta ahora existen indicios suficientes de que la mercantil desplazó trabajadores a España con independencia del tipo de relación contractual".