Carpetazo a la imputación de Aguirre por las camas del Puerta de Hierro

La Audiencia Provincial acaba de confirmar la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, de rechazar este la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para que se citara como imputada por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre por el sobrecoste abonado por la Comunidad de Madrid durante los últimos 10 años por 135 camas del Hospital Puerta de Hierro. El Ministerio Público se posicionó en contra del criterio de la magistrada, pero su pretensión no ha prosperado, informan fuentes jurídicas.

El centro médico se mudó de ubicación en 2008, año en que se trasladó a Majadahonda. De gestión público-privada, era uno de los estandartes de la Comunidad de Madrid, que entonces presidía Aguirre. Por decisión del Departamento de Presidencia, se determinó que las habitaciones dobles previstas en inicio se convirtieran en individuales. El precio que costeó la Administración pública siguió, sin embargo, siendo el mismo.

En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, adelantado por 'Vozpópuli', la Sección Tercera comparte los argumentos de la jueza instructora y no ve indicios de intervención directa de la expresidenta en la decisión. Asegura que no puede deducirse responsabilidad alguna por su posición o cargo "por muy alto que este sea". La instructora ya rechazó investigarla por motivos similares.

El procedimiento que conduce el Juzgado 53 de Madrid continúa adelante con el resto de investigados. El daño a las arcas públicas supera los 10 millones de euros, dice el fiscal, que defiende que no se cumplió el obligado procedimiento administrativo. El centro médico se mudó de ubicación en 2008, año en que se trasladó a Majadahonda. De gestión público-privada, era uno de los estandartes de la Comunidad de Madrid, que entonces presidía Aguirre. Por decisión del Departamento de Presidencia, se determinó que las habitaciones dobles previstas en inicio se convirtieran en individuales. El precio que costeó la Administración pública siguió, sin embargo, siendo el mismo.

La querella inicial se presentó en diciembre del pasado año contra la ex directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios en la etapa de 2008 a 2011 por presuntas irregularidades en las obras de adjudicación del Puerta de Hierro. Las diligencias revelaron la existencia de indicios que permiten concluir, según Anticorrupción, que se prescindió "del más mínimo procedimiento administrativo" para la modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas.

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Según consta en el procedimiento, el dinero extra fue recibido a lo largo de una década por la agrupación de empresas formada por Dragados SA, Bovis Lend Lease SA y SUFI SA, que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda SA. La Fiscalía consideraba que "se debió de haber restablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos". Sin embargo, "no existe una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la comunidad autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros", decía el Ministerio Público.