El exfiscal del caso Villarejo 'denuncia' a Delgado ante Justicia y exige indemnización

El fiscal Ignacio Stampa ha presentado una reclamación de "responsabilidad patrimonial" ante el Ministerio de Justicia. Según avanzan fuentes jurídicas a El Confidencial, denuncia un "funcionamiento anormal" de la Fiscalía General del Estado y se centra en dos cuestiones ante las que señala de forma directa a Delgado: la investigación que se abrió contra él por una supuesta revelación de secretos a Podemos —ya archivada— y el modo en que se fraguó su salida de Anticorrupción. Stampa considera que la gestión de Delgado le ha perjudicado a nivel profesional y ha dañado su imagen, por lo que reclama una indemnización. Si es rechazada, podrá recurrir ante los tribunales.

El escrito se alarga una treintena de páginas y contiene 70 documentos, explican las fuentes consultadas. Stampa —que no ha querido atender a este periódico— lo presentó ante la Dirección General para el Servicio Público de Justicia el 27 de octubre, justo un año después de que el Consejo Fiscal rechazara adjudicarle una plaza fija en Anticorrupción. Con esta decisión, quedó apartado de la investigación que instruye la Audiencia Nacional sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo: llevaba las riendas del caso junto a su compañero Miguel Serrano desde 2017, pero al encontrarse en comisión de servicio, necesitaba el respaldo del Consejo Fiscal para continuar.

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Las fuentes consultadas apuntan que el escrito de Stampa señala precisamente a la fiscal general al abordar su salida y defiende que debería haberse apartado de la elección de candidatos en octubre de 2020. Para ello, incide en el papel que jugó en la segunda polémica por la que se vio salpicado en 2020: en julio de ese año, la Fiscalía Superior de Madrid comenzó a investigarle por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el contenido de un chat en el que el equipo de abogados de Podemos daba cuenta de reuniones con él. Las diligencias se abrieron tras la publicación en El Confidencial y 'El Mundo' de conversaciones de este grupo de Telegram.

En una carta remitida a la Asociación de Fiscales el pasado marzo, Stampa ya conectaba ambas cuestiones. Según argumentaba, ninguno de los vocales del Consejo Fiscal apoyó su salto a una plaza fija en Anticorrupción el 27 de octubre de 2020 porque se les había hurtado una información clave: para esa fecha, la Fiscalía Superior de Madrid había propuesto el archivo de las diligencias de investigación contra él.

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"Aun cuando no fuera preceptivo informar a los vocales de lo anterior, también consta que no fueran informados de que dicho archivo había sido rechazado por la Fiscalía General del Estado, en la primera ocasión para sugerir el 8 de octubre la práctica de más diligencias, pero en la segunda ocasión sin motivo alguno", criticaba en la misiva. De esta manera, la Fiscalía General ordenó en diciembre seguir investigándole y la situación se mantuvo así hasta dos meses después, cuando se archivó.

"Se volvió a sugerir desde la Fiscalía General del Estado la práctica de diligencias el día 2 de diciembre, que no guardaban relación con las nuevas denuncias acumuladas, sino con la misma que dio origen a la investigación", criticaba Stampa en la carta enviada a la Asociación de Fiscales el pasado marzo. Y una vez más, señalaba a Delgado para responsabilizarla de que las diligencias se prorrogaran el 23 de diciembre cuando el plazo de las mismas vencía el 9 de enero de 2021.

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Esta no es la primera vez que la fiscal general se ve envuelta por una polémica en torno al caso Villarejo. En un audio grabado por el comisario en 2009 se escuchaba a la entonces fiscal de la Audiencia Nacional junto a Baltasar Garzón deslizar confidencias durante una comida en el restaurante Rianxo de Madrid. A esto se añade que las agendas personales del investigado también hacen alusión a citas con cambios.

El propio exjuez de la Audiencia Nacional, actual pareja sentimental de Delgado, no oculta su amistad con Villarejo. De hecho, el despacho profesional de abogados de Garzón ha ejercido la defensa de varios investigados en la causa, entre ellos, uno de los principales implicados: el comisario Enrique García Castaño, alias 'el Gordo'.

Los efectos de la reclamación

El artículo 121 de la Constitución establece que "los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado". Este derecho se concreta en los artículos 292 y 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señalan tres posibilidades: error judicial, funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y prisión preventiva seguida de absolución. Stampa se agarra a la segunda.

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En ese caso, el artículo 293 dice que "el interesado dirigirá su petición indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia". Esa es la vía que ha activado ahora Stampa con la presentación de su escrito ante el Ministerio de Justicia y, según señala la ley, "contra la resolución cabrá recurso contencioso-administrativo". En otras palabras: si la indemnización que reclama es rechazada, el que fuera una de las caras visibles del caso Villarejo podrá retomar su pulso contra Delgado en los tribunales.