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Gabilondo espera la respuesta del Govern y Cs pide otro 155 en Cataluña por el caso de Canet
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Tras el caso del menor de Canet

Gabilondo espera la respuesta del Govern y Cs pide otro 155 en Cataluña por el caso de Canet

El defensor del pueblo señala que "los gobiernos deben cumplir la ley" y destaca que la obligación de la institución es intervenir "una vez que se haya producido el desamparo"

Foto: Ángel Gabilondo. (EFE/J.J. Guillén)
Ángel Gabilondo. (EFE/J.J. Guillén)

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha asegurado a la familia de Canet de Mar (Barcelona) que escuchará "sus razones y dará respuesta a las mismas", pero esperará a la respuesta de la Generalitat, que tiene un plazo para aplicar la sentencia que reconoce el derecho a recibir un 25% de las clases en castellano. Así, mientras que Ciudadanos ha pedido un nuevo 155 en Cataluña, la CUP acusa al Govern de "no responsabilizarse" del caso y ERC pide huir de "soluciones improvisadas".

"Los gobiernos deben cumplir la ley", pero "hay un plazo, vamos a ver cómo se cumple", ha asegurado el defensor del pueblo en Onda Cero, quien ha destacado que la obligación de la institución es intervenir "una vez que se haya producido el desamparo objetivo".

Gabilondo ha expresado su afecto a la familia, que este lunes ha hecho público su agradecimiento por los apoyos recibidos y un llamamiento a mantener la convivencia.

"No debe haber intimidación alguna, señalamiento, ni acoso, nadie debe ser perseguido" por defender la lengua, ha sentenciado el defensor, quien ha apelado a pensar en el derecho superior del niño.

Foto: Escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona). (EFE/Alejandro García)

En este sentido, ha añadido: "En la medida que lo estimen o que consideren que se sienten afectados sus derechos, sepan que el defensor escuchará sus razones y dará respuesta a las mismas".

Y ha insistido: "Mi obligación de intervenir será cuando se haya producido ese desamparo objetivo en función de la actuación de la Generalitat, estamos a la espera de esa respuesta a la sentencia".

Comunes piden que se proteja a los docentes

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha reclamado al Govern que proteja a profesores y equipos docentes en las escuelas públicas catalanas "dentro de sus competencias" y al modelo de inmersión lingüística.

En rueda de prensa, Mena ha dicho que "no pueden temblar las piernas a la hora de defender la convivencia lingüística" y ha reclamado al Govern que "evite" que "las decisiones de la derecha política y jurídica tengan impacto" en las aulas, tras la polémica por la denuncia de una familia de Canet de Mar (Barcelona) para pedir más horas en castellano a los tribunales.

Para el diputado, el modelo de inmersión "lleva cuatro décadas siendo una herramienta de integración, cohesión y social e igualdad de oportunidades" y está revalidado por la ley de educación de Cataluña y también por la recientemente aprobada en el Congreso ley Celaá.

Ayuso se ofrece a acogerles

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido la Comunidad de Madrid para que las familias que quieran que sus hijos estudien en castellano puedan hacer intercambios, a raíz de casos como el de Canet de Mar.

“Lo que quiero es que cualquier niño que sea acosado porque quiere estudiar en español, sea en Cataluña, Valencia, Baleares, Navarra o País Vasco, que sepan que, si así quieren, pueden ser acogidos en colegios de la Comunidad de Madrid”, ha dicho la presidenta regional.

Cs pide otro 155

Ciudadanos apoyará en el Congreso la moción de Vox que pide una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña tras la negativa del Govern de cumplir la sentencia del 25% de clases en castellano y ha advertido al consejero de que puede incurrir en un delito de "prevaricación".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha vuelto a respaldar públicamente a la familia de Canet de Mar por la situación "escalofriante" que están viviendo a raíz de solicitar que su hijo recibiera un 25% de las clases en español, puesto que no sólo están "señalando" al menor en la puerta de su colegio sino también al negocio familiar.

La CUP apoya la propuesta de Borrás

El portavoz del Secretariado Nacional de la CUP, Edgar Fernàndez, ha acusado al Govern de "no responsabilizarse" en el caso de la escuelaafectada por la sentencia del TSJC. En rueda de prensa, ha secundado la apuesta de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha propuesto en una entrevista este lunes que la Generalitat asuma la dirección de esta escuela: "Todas las propuestas para tomar la iniciativa son bienvenidas", ha asegurado Fernàndez.

"No puede ser que el Govern se desresponsabilice y diga que no puede hacer nada. La respuesta no puede ser negociar cuotas de la ley audiovisual", ha criticado el portavoz 'cupaire' en referencia a la negociación entre el Gobierno y ERC.

ERC pide huir de soluciones "mágicas"

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha llamado a proteger la lengua de la mejor manera posible desde el Govern con los mayores consensos y la aplicación de las leyes que avalan la inmersión lingüística y a huir de "soluciones improvisadas o mágicas".

"Esto no va de soluciones improvisadas o soluciones mágicas, ni de saltarse a la torera la autonomía de los centros educativos. Esto va de consensos, y los hay. Y de voluntad política, que también la tienen el Govern y ERC", ha defendido la portavoz en rueda de prensa.


El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha asegurado a la familia de Canet de Mar (Barcelona) que escuchará "sus razones y dará respuesta a las mismas", pero esperará a la respuesta de la Generalitat, que tiene un plazo para aplicar la sentencia que reconoce el derecho a recibir un 25% de las clases en castellano. Así, mientras que Ciudadanos ha pedido un nuevo 155 en Cataluña, la CUP acusa al Govern de "no responsabilizarse" del caso y ERC pide huir de "soluciones improvisadas".

"Los gobiernos deben cumplir la ley", pero "hay un plazo, vamos a ver cómo se cumple", ha asegurado el defensor del pueblo en Onda Cero, quien ha destacado que la obligación de la institución es intervenir "una vez que se haya producido el desamparo objetivo".

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