El juez investiga el pago de 4,5 M de Venezuela a una plataforma ligada a cargos de Podemos

Un documento que obra en poder de la Audiencia Nacional detalla pagos de Venezuela a una plataforma ligada a cargos históricos de Podemos por valor de casi 4,5 millones de euros, según informan a El Confidencial fuentes conocedoras de las pesquisas en torno a la financiación del partido reabiertas recientemente por el Juzgado central de Instrucción número 6. Esta prueba consiste en una solicitud remitida al expresidente bolivariano Hugo Chávez, fallecido en 2013, para que aprobase la contratación del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) entre los años 2008 y 2010.

CEPS era una plataforma política apartidista que se presentaba como anticapitalista y centrada en “fomentar consensos de izquierdas”. No ocultaba sus trabajos en América Latina realizando labores de consultoría para gobiernos progresistas en la región. Por CEPS pasaron diversos dirigentes de Podemos como el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa, entre otros. Estos dos últimos centran ahora las pesquisas del Juzgado sobre la financiación irregular de Podemos. Desde el partido siempre negaron vínculos económicos con esta plataforma.

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El documento que obra en poder del juez tiene fecha del 28 de mayo de 2008, seis años antes de la creación de Podemos. Contempla la contratación de CEPS para tres ejercicios --2008, 2009 y 2010-- pero para ello era necesario el visto bueno del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez. Según las mismas fuentes consultadas, esta petición de autorización detalla dos cantidades, un primer desembolso de 1.650.000 euros en 2008 y otro de 2.800.000 euros para los siguientes. Era por labores de asesorías y apoyo técnico.

CEPS

Este periódico se ha puesto en contacto con el responsable de CEPS, Antonio de Cabo, que ha rechazado ofrecer explicaciones. Un comunicado publicado hace tiempo en su página web defiende que “el hecho de que algunos miembros de Podemos hayan pertenecido o pertenezcan a la Fundación CEPS, y que incluso hayan podido colaborar en proyectos que la entidad ha tenido o tiene en el exterior, no puede justificar el ataque continuo y el aluvión de difamaciones”.

El documento fue aportado por el exgeneral chavista, Hugo el Pollo Carvajal Barrios, detenido en España y pendiente de extradición a Estados Unidos por blanqueo y narcotráfico. Sus revelaciones, documentos y las aportaciones de otros dos testigos protegidos han provocado que la Audiencia Nacional dicte la reapertura de una causa archivada desde 2016 y ordene una batería de diligencias a la Policía. El Juzgado quiere conocer los movimientos en Venezuela de Monedero. Al menos dos testigos le sitúan en el Hotel Meliá de Caracas recibiendo un maletín.

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Cuando el nombre de Monedero apareció por primera vez en las declaraciones de Hugo Carvajal ante el juez, este medio se puso en contacto con su entorno. Afirmó que se mostraba tranquilo y no ocultaba haber asesorado en el pasado a dirigentes venezolanos. Monedero dejó los cargos orgánicos de Podemos después de que trascendiera que había cobrado 425.000 euros en 2013 y los había declarado a través de una sociedad pagando así menos impuestos. Tras una intensa actividad en medios de comunicación fue nombrado responsable del Instituto 25M, la fundación afín a Podemos.

El relato que ha transmitido Carvajal a los investigadores es que el régimen chavista regó de dinero público a plataformas y partidos en diferentes partes del planeta para dar cobertura internacional a sus políticas bolivarianas. Carvajal fue el jefe de la Inteligencia militar de Venezuela entre 2004 y 2011 y luego un breve periodo entre 2013 y 2014, año de fundación del partido morado . Es algo así como un guardián de los secretos de Chávez y Maduro. Con este último acabó enfrentado.

VIU Comunicaciones

La reapertura de la investigación sobre la financiación de Podemos se centra también en una segunda vía para la entrada de dinero presuntamente destinado a apoyar económicamente a la formación morada. El Juzgado rastrea la utilización de la empresa VIU Comunicaciones, compañía venezolana dedicada a elaboración de campañas de publicidad, promocionales, y propaganda.

La Audiencia Nacional quiere determinar a través de la UDEF de la Policía si sirvió de pantalla para desviar fondos a otros señalados dirigentes de Podemos como Carolina Bescansa, Ariel Jerez y Jorge Lago. La sospecha parte de un documento en que Nicolás Maduro daba su visto bueno a la aprobación de pagos para la participación de la petrolera PDVSA en el XXI Congreso Mundial del Petróleo en Moscú. Según la documentación y el relato de testigos, Podemos estuvo recibiendo dinero de Venezuela al menos hasta julio de 2017.

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El documento fechado en 2016 ha levantado las sospechas sobre un uso instrumental de la compañía para financiar a Podemos. Al contrato del congreso ruso se destinaron más de medio millón de dólares repartidos en tres partidas. La cantidad completa, 532.520 dólares se distribuía en 110.000 para la gestión directa de VIU Comunicaciones, otros 280.520 para Prodiseño y 142.000 para los sociólogos Jerez, Bescansa y Lago.

Reparto a seis países afectados

Las fuentes consultadas informan que el Juzgado ha dado traslado de las informaciones de Carvajal a la Fiscalía para que, a la vista del carácter internacional de sus manifestaciones, esta decida si informa sobre las mismas a las autoridades de otros países. En concreto, a las de aquellos lugares a los que, según el exgeneral chavista, Venezuela también envió dinero para la financiación a partidos y plataformas que sirviesen de apoyo internacional: Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Italia.

La Fiscalía Italiana, de hecho, ya tiene conocimiento del relato expuesto por Carvajal y este mes remitió a la Audiencia Nacional una orden europea de información (OEI) en la que reclamaba interrogarle: quiere que concrete las informaciones avanzadas en su declaración ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional sobre la financiación desde Venezuela al Movimiento 5 Estrellas. España accedió y, este martes, los fiscales italianos Maurizio Romanelli y Cristiana Roveda visitaron la Audiencia Nacional con ese propósito. Carvajal se ofreció entonces a recopilar los datos que les interesan, pero con dos condiciones: que le concedan asilo político y protección.

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Las afirmaciones de Carvajal sobre cómo Venezuela pagó millones de dólares al kirchnerismo tampoco han pasado desapercibidas en Argentina. Por el momento, se desconoce si la Fiscalía también ha pedido interrogarle, incógnita que se extiende a los casos de Brasil, Paraguay, Perú y Colombia. En cualquier caso, dada la trascendencia de sus acusaciones, el magistrado Joaquín Gadea deja ahora en manos del Ministerio Público la posibilidad de colaborar con las autoridades de estos países.